Sin duda para recuperar la confianza de la ciudadanía, un sistema tributario y de administración pública transparente en su función, es indispensable para una transparencia. Conocer de dónde provienen los recursos y para que se utilizan, mediante la rendición de cuentas, reflejan las relaciones de poder en una sociedad y el proceso democrático de un país.
Con las pasadas reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), México ha avanzado en los procedimientos de rendición de cuentas y fiscalización, incluso ya están establecidas de manera clara las sanciones económicas y penales a los servidores públicos que incumplan los supuestos relativos a la contabilidad, registros presupuestarios y publicación periódica, con independencia de la responsabilidad política y civil.
Antecedentes
El Congreso de la Unión modificó, en mayo del 2008, la Fracción 28 del Artículo 73 de nuestra Carta Magna, facultándose para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental. El 1 de enero del 2009 entró en vigor la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, en junio del año pasado, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), emitió los “Lineamientos Mínimos Relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor, e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)”, los cuales deberán ser considerados por los entes públicos para mantener un registro histórico detallado de las operaciones efectuadas derivadas de su gestión financiera, conservando y poniendo a disposición de las autoridades competentes los documentos comprobatorios y justificativos.
Con esta nueva ley se logrará pasar de una contabilidad eminentemente de ingresos y egresos (flujo de efectivo) a una que reconozca las operaciones con base en devengado, que implica el reconocimiento contable de los efectos derivados de las transacciones, independientemente de la fecha en que se consideren realizadas para los fines contables.
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El trabajo de homologación normativa ofrece una estructura, un marco regulador, un límite claro que permite que el registro de las transacciones de las entidades y la presentación de la información financiera cumpla con la utilidad y oportunidad necesaria. Cumpliendo con esto, la información financiera será comparable, transparente y confiable. Con el paso de los años, ante las distintas pautas de información existentes en los países y como resultado de la globalización se ha iniciado un proceso de convergencia para la utilización de normas comunes y homogéneas para todas las entidades económicas en un conjunto de países.
Principales Reformas publicadas en D.O.F
12 de noviembre del 2012
Administración de la deuda pública: Como resultado del endeudamiento excesivo que han tenido las Entidades Federativas y su incorrecta revelación, será ahora una facultad del CONAC y una obligación para el ente público, el análisis y aprobación al manejo contable de la deuda pública y su calificación. Se agrega en esta reforma El Titulo Quinto, denominado “Transparencia y Difusión de la Información Financiera”.
Con este nuevo título obliga a las entidades a publicar trimestral y anualmente su información financiera en la página de Internet y difundirse en los medios oficiales, de acuerdo a las Normas, Estructuras y formatos autorizados. Dentro de esta publicación de información, se incluye las notas a los mismos y el detalle de las deudas, el cual debe ser dentro los 30 días naturales terminando el mes o período respectivo.
Adicional a la información financiera a publicar en la página de Internet, se establece la obligación a las Entidades Federativas a publicar las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, detallando, la fuente de ingresos, participaciones y en su caso garantía y manejo de deuda, respecto al presupuesto de egresos, detallar las plazas, desglosando las remuneraciones y su listado de programas entre otros.
Con esta reforma el Gobierno Federal a través de su Secretaria de Educación y de Salud, debe conciliar y llevar un control de las plazas docentes, administrativas, directivas, personal comisionado y con licencia, haciendo extensiva esta misma obligación a las Entidades Federativas.
Transitorios
Para los organismos públicos, entidades federativas y empresas de participación estatal, estos tendrán 180 días naturales a partir del pasado 1 de enero del 2013 para publicar su información financiera, para los Ayuntamientos y Municipios, a más tardar el 31 de diciembre del 2014, este último podrá prorrogarse a solicitud y autorización del Consejo pero el cual no debe exceder al 31 de diciembre del 2015.
Conclusión
La armonización contable gubernamental con la nueva LGCC ofrece grandes beneficios para los usuarios de la información. El propio gobierno podrá contar con mejor información para tomar decisiones y autoevaluarse, los intermediarios financieros y agencias calificadoras podrán comparar reportes y analizar el desempeño de la gestión pública, mientras que el mayor beneficiado será el ciudadano y los contribuyentes quienes tendrán a su alcance información financiera comparable, comprensible y oportuna que les permitirá conocer el destino de los impuestos que pagaron y medir el desempeño de su gobierno, con la ventaja adicional que los servidores públicos tendrán más y mejores elementos para responder con decisiones acertadas en momentos críticos.
El rol que desempeñan los gobiernos en el desarrollo es primordial, de ahí que la importancia de la LGCG radica en contar con gobiernos mejor calificados y más inteligentes. En realidad estamos hablando de un cambio cultural en la administración pública. Por una parte, el uso de tecnologías de información se vuelve insustituible en este sentido, para modernizar al Estado y el municipio y, en general, a toda la administración pública en sus herramientas y procesos. Por lo anterior, la aplicación de la ley implica el uso de tecnologías de la información que soporten el cúmulo de actividades y transacciones de un ente público.
El cambio cultural también se expresa en el uso de la información financiera para tomar decisiones. Esta ha sido solo un medio para elaborar cuentas públicas; sin embargo, bajo el lema “la información es poder” y contando con datos en tiempo real, oportunos, confiables y comparables, la LGCG coloca a la información financiera como un elemento clave para tomar decisiones, siendo el reto su correcto uso. Ahora tenemos que asegurarnos de que la representación obligue a generar transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos y así la ciudadanía estará más dispuesta a pagar impuestos y la capacidad del Estado de responder a las demandas sociales.
Por último, el proceso de armonización contable implica fortalecer el sentido de transparencia que todo servidor público debe hacer suyo; es decir abre ampliamente las ventanas de la transparencia reconociendo en ella una característica sustantiva para la existencia de mejores gobiernos democráticos.
