Después de tres décadas de saqueo en las cuales cientos de playas en México fueron privatizadas, los diputados en su mayoría de Morena, aprobaron una iniciativa que prohibe la existencia de playas privadas en nuestro país
Con 406 votos a favor, siete en contra y 20 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general un dictamen en el cual se busca garantizar que los mexicanos tengan un libre acceso y tránsito en las playas de México.
En la ley aprobada se deja en claro que en caso de no respetar la ley, los propietarios o concesionarios de los terrenos cercanos a las playas que impidan el acceso de la gente serán sancionados con una multa de entre 3 mil y 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Asimismo, se establece que en el caso de que las playas no cuenten con vías públicas o accesos para que las personas puedan acceder a ellas, los propietarios de los terrenos colindantes a las zonas federales deberán permitir el libre acceso de la misma a través de los que ellos mismos establezcan, ya sea por su iniciativa o tras lograr un acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Con la iniciativa aprobada se reformarán los artículos 8 y 127 de la Ley General de Bienes Nacionales, además de adicionar el artículo 154.
En el artículo 8 se establece que “el acceso a las playas marítimas y la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido ni condicionado salvo en los casos que establezca el reglamento”.
En el nuevo artículo 154 se considera sancionar monetariamente a los propietarios, y se agrega que en el caso de reincidencia en los concesionarios, ésta se les revocará.
“La restricción al acceso de playas que realizan los propietarios de predios colindantes a la Zofemat, no sólo violenta el artículo 2º constitucional al discriminar a los ciudadanos, sino que pretende un derecho donde no hay, es decir, dichos propietarios, concesionarios o permisionarios, asumen como propia una franja que no está en el comercio y cuyo domino corresponde a la nación”, externó la Comisión de Justicia, encargada de la elaboración del dictamen.
Tras ser aprobada, la iniciativa pasará al Senado de la República para su discusión.
