Amnistía Internacional (AI) acusó hoy a los países ricos y las farmacéuticas de impedir “una vacunación equitativa” al desoír los llamamientos para que facilitasen la inmunización de, al menos, un 40 % de la población de los Estados de ingresos medianos y bajos en 2021
La aparición de Omicron pone de manifiesto las consecuencias de la desigualdad en las vacunas. Los expertos dicen que hará falta algo más que donaciones para solucionar el problema.
El aumento de Ómicron ha reavivado el debate sobre cómo garantizar que todo el mundo pueda recibir la vacuna. La Organización Mundial de la Salud ha fijado el objetivo de vacunar al 70% de la población mundial para mediados de 2022. Pero mientras que los países ricos, como Estados Unidos, ya han inmunizado a más del 60% de su población, la vacunación en los países de bajos ingresos va a la zaga. En Sudáfrica sólo el 27% de la población está totalmente vacunada, mientras que en Nigeria, Papúa Nueva Guinea y Sudán esa cifra es inferior al 3%.
Por desgracia, el problema va más allá de las limitaciones de suministro. Los expertos afirman que los países de bajos ingresos se enfrentan a enormes problemas de infraestructura para distribuir las dosis de forma rápida y amplia.
Sostienen que los países ricos tienen algo más que una obligación moral de ayudar a abordar la equidad de la vacunación, porque cuando el virus circula por cualquier parte, tiene más oportunidades de mutar y propagarse.
Las mutaciones son normales para un virus, cuyo único propósito es infectar células y replicarse dentro de ellas. En el cuerpo de una sola persona, el virus del SARS-CoV-2 podría copiar su propio genoma al menos miles de veces.
Los coronavirus disponen de las llamadas enzimas de corrección para evitar que introduzcan errores en su código genético, pero los errores se cuelan, y es entonces cuando se producen las mutaciones.
En un comunicado emitido en el último día del año, la organización de defensa de los derechos humanos lamenta que esos gobiernos y empresas “hayan hecho caso omiso” de las peticiones de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que donasen suficientes vacunas a los países en desarrollo.
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“A pesar de que el mundo ha producido alrededor de 11.000 millones de dosis vacunales, solo el 7 % de la población de los países de ingresos bajos ha recibido una primera dosis”, dijo Agnès Callamard, secretaria general de AI.
“¿Por qué se niega a los países más pobres el acceso a medicamentos que salvan vidas mientras los ricos acaparan montones de vacunas sin usar?”, se pregunta.
Callamard sostiene que “los países ricos y las empresas farmacéuticas han fracasado catastróficamente al no garantizar el acceso equitativo a las vacunas”.
Como ha demostrado la variante ómicron, “no vacunar a todo el mundo —con independencia del lugar donde vivan— hace que toda la población mundial sea vulnerable a nuevas variantes”, afirma la activista, que añade: “La única forma de romper este círculo vicioso es garantizando que todas las personas tienen acceso a las vacunas”.
AI critica que los países ricos han incumplido sistemáticamente sus promesas de donar vacunas, y recuerda que el pasado junio el G7 se comprometió a enviar 1.000 millones de dosis en 2021, lo que no ha ocurrido.
Las empresas farmacéuticas “tampoco han estado a la altura de las circunstancias”, reprocha AI.
Así, denuncia que la estadounidense Pfizer “ha afirmado de forma engañosa que su vacuna estaría ‘disponible para cualquier paciente, país y comunidad que busque acceder a ella’, cuando, en realidad, ha entregado la gran mayoría de sus vacunas a países de ingresos altos y medios-altos”.
Su rival, Moderna, también ha dado prioridad a las ventas a países ricos, pese a recibir ayudas públicas.
Amnistía también considera “grave” que fabricantes como Moderna, Pfizer, AstraZeneca y Johnson & Johnson “se hayan negado a apoyar medidas que levantarían temporalmente la protección de la propiedad intelectual y a compartir tecnología vacunal” con otras firmas, a fin de posibilitar “un aumento de la producción global”.
Mediante sus acciones y omisiones, “los fabricantes han terminado por perjudicar los derechos humanos de los miles de millones de personas que carecen de acceso a la vacuna contra la COVID-19, o han contribuido a ese daño”, lo que contraviene sus obligaciones, mantiene la organización con sede en Londres.
Callarmard constata que muchos países pobres donde la mayoría de la población no ha sido aún vacunada “tienen dificultades” para combatir la ómicron.
