El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación inició el pasado 3 de abril la divulgación de 11 millones de documentos de Mossack Fonseca, que revelan cómo personalidades de todo el mundo usan paraísos fiscales para lavar dinero, ocultar fortunas y evadir impuestos.
El escándalo de los llamados Panama Papers pone al descubierto la lamentable cadena de corrupción que impera a escala global. Encontramos desde empresarios hasta celebridades y presidentes que no conformes con las estratosféricas cantidades de dinero que reciben, deciden incurrir en estos actos ilícitos para evadir al fisco.
A esta sed de riqueza rampante, se suman quienes utilizan los paraísos fiscales para el desvío de recursos y el lavado de dinero procedente de sobornos principalmente entre empresarios y gobiernos corruptos plagados de impunidad que cínicamente vacían las arcas nacionales para su beneficio. Esto es pan de todos los días.
Nos sorprende ver nombres de celebridades y presidentes, pero es algo que conocemos bien. Lo realmente lamentable es ser testigo de la gran diferenciación entre la reacción social, gubernamental y periodística que se da en aquellas naciones que ya cuentan con niveles de desarrollo humano y económico muy avanzado y aquellos países que todavía se encuentran inmersos en el subdesarrollo y el atraso.
En el primer caso podemos claramente ubicar a un país como Islandia, que según el Índice para una Vida Mejor de la OCDE, se encuentra por arriba del promedio entre los países miembro en sentido de comunidad, satisfacción, estado de la salud, calidad medioambiental, seguridad personal, compromiso cívico, educación y competencias.
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En esta nación con estándares de vida tan elevados, el hasta hace unos días primer ministro, Sigmundur David Gunnlaugsson y su esposa, estuvieron involucrados en el manejo de cuentas en paraísos fiscales de los Panama Papers. Tras una ola de protestas civiles masivas, el mandatario se vio forzado a renunciar a su cargo tan solo dos días después de hacerse pública la nota.
En contraste China, país con bases gubernamentales autoritarias, represivas y severamente deficientes en materia de respeto a los derechos humanos, bloqueó el acceso a internet de los documentos clave filtrados en el caso Panama Papers. Según el diario China Digital Times, esto obedece a que por lo menos ocho altos mandatarios del gobierno y familiares se encuentran involucrados en el escándalo, incluyendo a Deng Jiagui, cuñado del actual presidente chino; Xi Jingping, y en una práctica común, el gobierno chino no se ha tomado ni la molestia de declarar si al menos investigará los casos que le competen.
En el caso de Rusia, sucede algo alarmante. Los medios internacionales se han encargado de desacreditar a su presidente Vladimir Putin, señalándolo como uno de los implicados, cuando en realidad su nombre no aparece entre los documentos filtrados. Amigos muy cercanos a él sí lo están y esto ha sido suficiente para incriminar periodísticamente al mandatario ruso, sin haber pruebas directas en su contra.
Lo más extraño es que entre los más de 11 millones de documentos que se han filtrado entre los Panama Papers, parece no haber el nombre de un sólo ciudadano norteamericano; lo que ha dado pie tanto al gobierno chino como al ruso, para señalar a Estados Unidos como el perpetrador de esta red de ataque en su contra. Se habla de una estrategia periodística de descrédito al más alto nivel, con un trasfondo oscuro e incierto por parte de gobiernos poderosos como el de Estados Unidos, Reino Unido y/o Alemania, que pretenden beneficiarse de ello.
En cualquier caso, se trata de teorías que no podremos realmente comprobar, pero sí se alcanza a percibir que no se trata únicamente de lo corrupto del sistema financiero internacional, sino de la geopolítica siniestra que rebasa nuestro escenario mundano.
Para muestra, basta enfocarse en el caso mexicano.
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Dentro de los involucrados en los Panama Papers también se encuentra Juan A. Hinojosa; dueño de Grupo Higa, con nada menos que alrededor de 100 millones de dólares resguardados en tres fideicomisos en Nueva Zelanda, Reino Unido y los Países Bajos. Esta transacción fue realizada justamente en las fechas en que el empresario estaba siendo investigado por el caso de conflicto de interés entre su constructora y el gobierno mexicano, por la llamada “Casa Blanca”. Los correos electrónicos muestran que el empresario solicita en calidad de “urgente” la movilidad de ese dinero. Ésta evidencia bien pudiera derivar en la comprobación sobre el visible conflicto de interés entre las partes, pero inverosímilmente nadie localmente parece darle importancia.
El caso debiera estar en primera plana de todos los periódicos nacionales y noticieros de televisión abierta. Sin embargo; es difícil encontrar información abierta y profunda al respecto. Las notas son irrelevantes y/o relegadas a secciones poco consultadas por los lectores. Es penoso ver que son periódicos internacionales como El País (España) o la revista Forbes, quienes presenten una nota profunda y explícita en primera plana, sobre lo que acontece en nuestro país. Aristegui (ya vetada en cadena nacional) y la revista Proceso son las pocas excepciones periodísticas internas.
La corrupción, el conflicto de interés y sobre todo la impunidad cínica que vivimos actualmente en el país, reflejan el grave retroceso de nuestra incipiente “democracia”. Hemos vuelto a las prácticas más sucias del priismo setentero. ¿Hasta cuándo seguiremos los mexicanos siendo pasivos tolerantes de este abuso de poder?
La iniciativa ciudadana para la aprobación de la llamada Ley 3 de 3, que propone de manera integral estatutos para combatir judicialmente la corrupción desde todos los frentes (gubernamental, empresarial y ciudadano), es un gran paso de acción social que debemos seguir impulsando, pues el cambio sólo puede generarse por medio de acciones como ésta.
Agradezcamos a los intelectuales, académicos, investigadores y ciudadanos en general que se dieron a la tarea de proponer esta gran iniciativa de manera tan profesional y diametralmente bien estructurada. Es papel de todos informarnos, unirnos, participar, proponer y actuar presionando al Congreso para que ésta y otras muchas iniciativas de este tipo, se vuelvan leyes federales respetadas y aplicables.
Fuente: Aristegui Noticias
