Formalizan reuniones de trabajo entre #FiscaliaQueSirva, #VamosPorMás y equipo de trabajo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Zoé Robledo, propuesto como subsecretario de Derechos Humanos, dice que es posible tener Fiscal para el 1 de diciembre, como prometió AMLO.
Crear una Fiscalía General que realmente dé solución al problema en que se ha convertido la procuración de justicia en México comenzará a tomar forma a partir de este 9 de agosto de 2018.
Integrantes del equipo de trabajo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, entre ellos el senador morenista Mario Delgado (y quien se prevé coordine la bancada del partido en San Lázaro), Tatiana Clouthier y Zoé Robledo — propuestos como subsecretarios de Gobiernos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación— y representantes de los colectivos #FiscaliaQueSirva y #VamosPorMás instalaron formalmente las mesas de trabajo para discutir y compartir experiencias y opiniones sobre el modelo de Fiscalía General. Haydeé Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar, explicó al HuffPost que el objetivo de las mesas es dictar y reflexionar acerca del modelo de la próxima Fiscalía General de la República con reuniones dos o tres veces por semana para lograr un producto que pueda ser un insumo principal para la elaboración de la ley orgánica de la Fiscalía, pero también desde “#FiscalíaQueSirva la necesidad de que se reforme la Constitución.”
#FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás han permanecido inamovibles en la exigencia de reformar el 102 constitucional, no sólo para dotar de autonomía el proceso de designación del nuevo fiscal general, el cual lleva discutiéndose 2 años, también el de establecer criterios para su remoción, a fin de blindar la autonomía del encargo.
“Venimos a esta mesa con una base de confianza, pero también estamos convencidos de que hay cuestiones que importan mucho con base en la Constitución, esa es la base del acuerdo”, apunta Pérez Garrido, quien reconoció “un muy buen ánimo del equipo de transición a escuchar de manera muy activa y respetuosa.”
Pérez Garrido refiere que tanto los colectivos como el equipo de transición de López Obrador están conscientes de que sin ley orgánica no se puede nombrar al Fiscal General. “Estamos confiados de que se avance en esta parte el diseño institucional y luego llevar al cabo el nombramiento, en función del diseño que se defina con el equipo de transición“, refiere. Zoé Robledo planteó la necesidad de discutir la ley orgánica, pues, dijo, de ella depende la autonomía del Fiscal General. “Ese es un tema que no se ha discutido, tenemos que empezar a revisar de manera más detallada en la conversación pública cuáles son realmente los elementos que permitirían que haya un Fiscal realmente autónomo”.
Robledo dijo que no se pueden reducir al mínimo los planteamientos de la Fiscalía General, los cuales “incluso caben en un hashtag“, pues se estaría “desperdiciando una enorme oportunidad para un construir un modelo de una Fiscalía que sea el espacio de respuesta a las violaciones a derechos humanos, al clamor que hay porque haya justicia y por erradicar la impunidad.”
En este sentido, Robledo adelantó que el diseño de la Fiscalía General considerará los acuerdos y voces que se recojan de los foros de pacificación, impulsados por López Obrador, que iniciaron el pasado 7 de agosto en Ciudad Juárez, Chihuahua. Robledo se dijo confiado en lograrlo “si hay una lógica de colaboración, como la que estamos teniendo aquí, de incluir a todas las voces, de ser plurales, podemos llegar a ese escenario“.
TIEMPOS Y FORMAS
En las próximas semanas se celebrarán una serie de sesiones de trabajo donde se abordarán temas como la profesionalización de la nueva Fiscalía, los mecanismos de supervisión y control internos, la especialización de las fiscalías, los mecanismos de designación y remoción de funcionarios y el régimen de transición entre la Procuraduría y la nueva Fiscalía, entre otros.
Las mesas de trabajo presentarán un calendario de actividades y una fecha para la publicación de conclusiones. Los representantes de los colectivos ciudadanos que participarán en ellas han firmado una carta de conflicto de intereses en la que se comprometen a no ocupar ningún cargo al interior de la Fiscalía General, incluyendo las fiscalías especializadas, en un periodo de tres años a partir del día de hoy.
Por Paola Morales
