La plataforma de rentas vacionales Airbnb informó que durante 2018, los anfitriones en Quintana Roo tuvieron un ingreso total de más de 2,100 millones de pesos, equivalentes a 106 millones 700 mil dólares
Según la empresa, la ganancia anual de un anfitrión típico en Quintana Roo fue de 68 mil 300 pesos, equivalentes a 3 mil 600 dólares.
Además, durante 2018, Airbnb recolectó y entregó más de 60 millones de pesos por concepto de impuesto al hospedaje. También se recibió la llegada de 951 mil 400 viajeros a Quintana Roo.
Airbnb en México es una plataforma digital mediante la cual se alquilan viviendas particulares a viajeros de cualquier parte del mundo. Según datos de la empresa, la comunidad de anfitriones y viajeros de Airbnb cuentan con más de 250 millones de reseñas en el mundo, “reflejo del irremplazable ambiente seguro y de confianza que han creado”.
Para el final del último trimestre del 2019, Airbnb estima que alcanzará más de 500 millones de llegadas de huéspedes en el mundo, desde su fundación en 2008.
En diciembre de 2018, se ingresó al Congreso del estado una iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto al Hospedaje que imponía a las rentas vacacionales tipo Airbnb ya no sólo el cobro del impuesto al hospedaje, sino la tramitación de licencias de funcionamiento y su inscripción ante el Registro Estatal de Contribuyentes.
La reforma introdujo los conceptos “plataforma digital”, y “servicios de hospedaje”, con lo cual convirtieron en sujetos obligados de dicha ley a todas las personas que renten sus viviendas particulares a través de cualquier tipo de plataforma digital como Airbnb o Homeaway, entre otros.
Propietarios de casas en renta vacacional así como directivos de Airbnb se pronunciaron en contra de esta regulación, pues aseguraban que una regulación de este tipo los convertía de un día para otro en sujetos obligados de un régimen de pequeños comerciantes, pues la obtención de una licencia de funcionamiento los obligaría a tramitar una anuencia de protección civil, pago de basura en régimen comercial, incremento en sus pagos por servicios, así como un cambio de uso de suelo. Finalmente la ley se aprobó pero se eliminó el requisito de la licencia de funcionamiento.
