Un Senado «sordo» aprueba Ley de Seguridad Interior con votos del PRI y PAN

Fueron horas de debate sin sentido. La suerte estaba ya echada desde antes de comenzar la sesión del Senado en que terminaría aprobándose la Ley de Seguridad Interior. Una discusión de sordos en un país cuyos legisladores no quisieron escuchar ni a 250 organizaciones civiles, ni a los rectores de las universidades, ni la opinión de académicos nacionales y extranjeros, ni las advertencias de CNDH y los órganos estatales de derechos humanos de todo el país, ni los señalamientos de Naciones Unidas, ni tampoco de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, aún cuando legalmente México está comprometido a respetar los acuerdos internacionales de derechos humanos.

Un Senado que ni siquiera se escuchó a sí mismo, tal como ocurrió con las recomendaciones de su propio instituto de investigación: el Instituto Belisario Domínguez, el cual consideró que la militarización de la seguridad pública «detonó una posterior ola de violencia».

Un Senado que tampoco escuchó el llamado de dos mexicanos premiados por el mismo gobierno: ni al Premio Nacional de Derecho Humanos 2017, Miguel Álvarez Gándara, ni a la bióloga Julia Carabias, premiada con la Medalla Belisario Domínguez entregada por el Senado, quienes pidieron al Congreso no aprobar la iniciativa. Mucho menos atendieron el llamado de los actores Diego Luna y Gael García, quienes se pronunciaron como parte del colectivo #SeguridadSinGuerra, ni tampoco el llamado de los obispos de la Iglesia católica.

Un Senado donde los senadores del PRI y PAN que votaron a favor de la iniciativa, sólo escucharon los argumentos de los gobernadores del PRI y PAN que se pronunciaron a favor de la polémica ley, la cual, dicho sea de paso, ha sido criticado porque permite a los mandatarios evadir parte de su responsabilidad en tareas de seguridad pública. La otra opinión de peso fue la de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, que cabildearon durante un año la aprobación de dicha ley.

La crónica anunciada de lo que algunos politólogos han calificado como un «golpe militar», operado desde el Congreso e impulsado por el PRI y sus aliados (incluyendo a un amplio sector del PAN, que votó dividido), donde la opinión de los altos mandos de las fuerzas armadas terminó por imponerse sobre la inconformidad de los ciudadanos.

La aprobación en lo general con 76 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones, alrededor de las 3:00 de la madrugada y tras más de 12 horas de discusión en el pleno (las diferencias respecto a la imagen se deben a que algunos votos fueron registrados en el tablero electrónico). Dicha aprobación se dio a pesar de que la izquierda se negaba a votar la iniciativa, alegando faltas al procedimiento. Sin embargo, al ser reservados todos los artículos de la ley, todavía continuó hasta pasadas de las 6:00 horas la votación en lo particular.

Esto, aún a pesar de que dos de los principales impulsores y redactores de la Ley de Seguridad Interior, el diputado priista César Camacho Quiroz  y el panista Roberto Gil Zuarth, reconocieron públicamente que dicha iniciativa no acabará con los problemas de seguridad pública que han convertido a 2017 en el año más violento del que se tenga registro desde la Revolución Mexicana.

En estos términos se dio la maratónica discusión que terminó con un resultado cantado, tras la manera en que los autoproclamados «rebeldes del PAN» (afines al expresidente Felipe Calderón), fueron el factor decisivo que permitió al PRI, PVEM y Nueva Alianza sacar la polémica ley pese a las críticas del PRD, PT-Morena y un otro sector del PAN.

A las 6:10 del jueves, se aprobó el dictamen de la Ley de Seguridad Interior en lo general y particular con 71 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones.

El receso en la Cámara de Diputados se prolongó hasta las 8:30 de la mañana con el fin de dar tiempo al Senado para terminar de procesar la Ley de Seguridad Interior para remitirla inmediatamente a San Lázaro para volver a aprobar la minuta, con los cambios mínimos realizados en la Cámara Alta. Un mero trámite con el que la aprobación de la ley será definitivo.