Los peores casos para apertura de empresas son Quintana Roo y Chihuahua donde la apertura puede tomar hasta 48.5 días en promedio. Doing Business en México 2016
Cuando iniciamos un negocio o pretendemos iniciar, nos enfrentamos con diversos trámites administrativos. Empecemos con ejemplos: los relativos a la obtención de las licencias estatal y municipal, siendo esta última un desgaste económico y en tiempo. ¿Cuantas administraciones municipales y estatales, hemos escuchado el término la “ventanilla única” para agilizar la obtención de las licencias de funcionamiento? Infinidad de veces y el asunto se ha quedado como promesa de campaña.
Lejos de avanzar, considero que incluso hemos retrocedido en dicha simplificación: ya que hoy en día, al menos en el estado de Quintana Roo, resulta un “viacrucis” obtener la Licencia Municipal, desde el uso de suelo que lo requieren cada año, la anuencia de protección civil, el pago de basura de periodos anteriores de un local (por terceras personas que ya no están localizables) y hasta la autorización de la Dirección de Ecología, por cualquier obra, proyecto, establecimiento, negocio que pudiese generar “perjuicios a la salud pública”. Cada una de estas dependencias, tienen una larga lista de requisitos que se deben de cumplir para continuar con el trámite de licencia.
Según datos del Banco Mundial (BM) en la publicación titulada Doing Business en México 2016” 1, reporte que analiza las regulaciones comerciales a las que se enfrentan empresas pequeñas y medianas de manera comparativa con otras 189 naciones, evidencia las complicaciones que tiene un emprendedor cuando quiere echar a andar su idea de negocio. Complicaciones que tienen que ver con aspectos de apertura de empresas, registro de propiedad, cumplimiento de contratos y obtención de permisos de construcción.
Entre los hallazgos en dicho estudio se reveló que, a nivel nacional, en promedio, un emprendedor tendrá que enfrentar ocho trámites, que le tomarán poco menos de 15 días y tendrían un costo de 11.4% de sus ingresos promedio. Sin embargo, los peores casos son en Quintana Roo y Chihuahua donde la apertura le puede tomar hasta 48.5 días en promedio. Adicionalmente, en Campeche y en Cancún Quintana Roo, se requiere un permiso del departamento de Protección Civil y la inscripción a un Padrón Municipal de Contribuyentes. El proceso es más caro en Baja California (28.8% del ingreso per cápita) y más barato en Colima (4.6% del ingreso per cápita). La mayor parte del costo corresponde a los honorarios del Fedatario.
En las 4 áreas medidas, es más fácil hacer negocios en Aguascalientes, Estado de México y Colima. Estos 3 estados, junto con Puebla, Sinaloa, Guanajuato y Durango, muestran un desempeño superior al de la media de los países de altos ingresos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). A escala internacional los mejores estándares son Nueva Zelanda, con un trámite y medio día para la apertura de un negocio, y Eslovenia con cero de costo.
Sin embargo, si la idea de negocio requiere licencias de construcción, el número de trámites y el tiempo se magnifica, pues en promedio habrá que sumarle 12.4 trámites adicionales, 64.5 días más y un costo de 3% de la obra a desarrollar; el lugar más complejo en el sentido de tiempos y número de trámites es la Ciudad de México con 13 trámites, 81 días en promedio y 12% del valor de la obra. Las mejores prácticas internacionales en este sentido las tiene Hong Kong con cinco trámites, Singapur con 26 días y Qatar con cero de costo.
¿Y dónde esta la simplificación administrativa y la Reforma Regulatoria que tanto nos han prometido ?
La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), es el organismo Federal encargado de regular, promover y controlar los trámites y regulaciones administrativas de la Administración Pública, incluyendo los Municipios del país. Su objetivo es promover la transparencia, elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen mayores beneficios sobre sus costos. A principios del mes de junio 2017, el Director General de COFEMAR, estuvo en gira de trabajo en el Municipio de Solidaridad (¿será porque Quintana Roo ocupa el lugar 32 a nivel nacional de simplificación administrativa?), para “impulsar política de mejora regulatoria”, sin embargo a la fecha, no obtuvimos publicación alguna sobre los compromisos adquiridos por las partes.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en su informe titulado “La corrupción en México: transamos y no avanzamos” 2, señala que el principal enemigo para el emprendedor es precisamente la corrupción. Los trámites, costos y tiempos señalados para emprender un nuevo negocio a menudo se realizan por medio de gestores que “agilizan y abaratan” los procedimientos ante la dificultad regulatoria que enfrentamos. En los procesos para la apertura y operación de las empresas, estas se encuentran con innumerables oportunidades para las extorsiones, peticiones de sobornos u otros tipos de “solicitudes”.
En el caso de no cumplir con estas peticiones se suele negar un permiso, retrasar un trámite o, peor aún, interrumpir sus actividades. Para evitar estas situaciones, entonces “hay que entrarle”, lo que significa asumir una erogación que en futuro su empresa ya está constituida y haya aprendido a sortear estos menesteres, se convertirá en un costo fijo, que habrá que pagar “para que nos dejen trabajar tranquilos”.
Pero eso no es todo, una vez que ya se ha pasado esa etapa y se comienza la operación del negocio, entonces se enfrentará a otro gran reto, el complejo sistema fiscal mexicano, excesivo y confuso, que desalienta a mantenerse fuera de este y, por lo tanto, optar por la vía de la informalidad. Tener que pensar en IVA, ISR, IEPS, 3% de nómina de entrada y otras muchas cargas fiscales administrativas de declaraciones informativas, demanda mayores recursos humanos, materiales y financieros para enfrentarlos.
Cumplir en los tiempos que marca la autoridad, debido a la variabilidad de servicio que presentan los sistemas informáticos del SAT, se vuelve un triunfo para el Contador responsable de estas actividades. A estos profesionales, a menudo, se les ve envueltos en innumerables informes y reportes, buscando el cumplimento de requisitos adicionales para la deducibilidad, todo esto en declaraciones mensuales, anuales, provisionales, informativas y complementarias.
A pesar de que la actual administración federal que inició en 2012, impulsó una reforma fiscal a partir de 2013 que generaría, entre diversos objetivos: una simplificación administrativa, la ampliación de la base de contribuyentes y elevaría los volúmenes de recaudación, hoy más bien se observa una reforma que buscó equilibrar las finanzas públicas dejando a aquellos en una segunda prioridad. La evidencia de los últimos años en recaudación ha sido importante para el SAT, pero no lo es cuando uno se cuestiona sobre el destino de los recursos, así entonces nos quedaremos con la pregunta: ¿Y esto que debo pagar de impuestos qué beneficios, servicios o bienestar representa para mí?.
