Está previsto que las redadas a nivel nacional para arrestar a miles de miembros de familias indocumentadas comiencen el domingo, según dos oficiales, uno retirado y otro activo, del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
Esto muestra los avances de una operación que cambia rápidamente y cuyos detalles finales todavía se están definiendo. La estrategia, que tiene el respaldo del presidente Donald Trump, se había pospuesto en parte debido a la resistencia de los funcionarios de la propia agencia de inmigración.
Las redadas, que serán ejecutadas por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante varios días, incluirán deportaciones “colaterales”, según los funcionarios que hablaron con la condición de mantener su anonimato porque la operación se encuentra en su etapa preliminar. Durante el proceso de deportaciones, las autoridades podrán detener a otros migrantes que se encuentren en los lugares donde se desarrolle la operación, a pesar de que no sean el objetivo de las redadas.
Cuando sea posible, los familiares que son arrestados juntos podrán ser recluidos en los centros de detención familiar en Texas y Pensilvania. Pero debido a las limitaciones de espacio, algunos podrían quedarse en habitaciones de hotel hasta que se puedan preparar sus documentos de viaje. El objetivo de ICE es deportar a los grupos familiares de la manera más rápida posible.
Los funcionarios dijeron que los agentes de ICE tienen órdenes de deportar a unos dos mil migrantes —algunos han sido incluidos en la operación por no presentarse en los tribunales— que permanecen en el país de manera ilegal. Se espera que la iniciativa se ejecute al menos en diez ciudades importantes.
Las familias que fueron seleccionadas cruzaron la frontera recientemente y el gobierno estadounidense aceleró sus procedimientos de inmigración durante el otoño pasado. En febrero a muchos de esos inmigrantes se les pidió que se presentaran en una oficina de ICE y les notificaron que debían marcharse de Estados Unidos, dijeron las autoridades de seguridad nacional.
Matthew Bourke, un portavoz de ICE, dijo el miércoles que la agencia no hará comentarios sobre detalles específicos de las operaciones de aplicación de la ley para garantizar la seguridad de su personal.
La amenaza de deportación ha sacudido a las comunidades de inmigrantes en todo el país; provocó reacciones airadas entre los políticos locales y los funcionarios de la policía, y generó una división dentro del Departamento de Seguridad Nacional, la agencia encargada de realizar las deportaciones.
El objetivo del gobierno de Trump es utilizar la operación como una demostración de fuerza con el fin de disuadir a las familias de acercarse a la frontera suroeste, dijeron los funcionarios.
Aunque es inusual, esas redadas masivas ya han sido realizadas en gobiernos anteriores. Los agentes han expresado su temor por la detención de bebés y niños pequeños, dijeron los funcionarios. También han dicho que la operación podría tener un éxito limitado porque ya se ha corrido la voz entre las comunidades de migrantes sobre cómo evitar el arresto; por ejemplo, muchos ya saben que pueden negarse a abrirles la puerta de sus casas a los funcionarios. A los agentes de ICE legalmente no se les permite ingresar por la fuerza a una residencia.
Es probable que los abogados defensores presenten mociones para reabrir los casos de inmigración de las familias, lo que retrasaría significativamente —o detendría por completo— su expulsión de los Estados Unidos.
El mes pasado, el director de ICE en ese momento, Mark Morgan, señaló que los agentes intensificarían los esfuerzos para reunir a las familias. Días antes de que comenzara la operación, Trump anunció el plan en Twitter, que no fue debidamente consultado con los agentes de ICE, por lo que los funcionarios de seguridad temían que podrían resultar comprometidos.
A principios de junio, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin K. McAleenan, le dijo a Morgan que suspendiera la operación. Según los funcionarios, McAleenan no apoyó las redadas en parte debido a la preocupación de que los padres indocumentados pudieran ser separados de cualquiera de sus hijos que sean ciudadanos estadounidenses.
Morgan luego presionó directamente a Trump para que impulsara las redadas. Ahora es el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, otro brazo del Departamento de Seguridad Nacional.
En una tensa reunión con los funcionarios de la Casa Blanca el 21 de junio, dos días antes de que comenzaran las redadas, McAleenan describió nuevamente los desafíos de la operación, incluida la separación de familias y la logística de su alojamiento hasta que puedan ser deportadas. Si se descubre que los padres indocumentados tienen hijos que son ciudadanos de los Estados Unidos, por ejemplo, los agentes de ICE deberán esperar con los niños en una habitación de hotel hasta que un familiar pueda buscarlos.
A los funcionarios de seguridad nacional también les preocupa que muchas de las familias que el gobierno busca detener se hayan ido de las casas registradas ante ICE, debido al anuncio que Trump hizo en Twitter.
La congresista demócrata Nancy Pelosi llamó a Trump y lo instó a que detuviera la operación que, en un comunicado, describió como “sin corazón”.
Trump luego tuiteó que retrasaría la operación por solicitud de los demócratas. Pero también amenazó con reanudar las deportaciones si los demócratas se niegan a unirse a los legisladores republicanos para “encontrar una solución a los problemas de asilo en la frontera sur”.
Días después, el Senado aprobó un paquete de ayuda humanitaria de 4,6 mil millones de dólares para la frontera.
Los cruces de migrantes han disminuido desde mayo, cuando se detuvo a 144.200 migrantes en la frontera suroeste, la mayor cifra registrada en trece años.
El viernes pasado, Trump dijo que las redadas comenzarán “muy pronto”.
“Ellos entraron ilegalmente y los estamos sacando legalmente”, dijo el presidente en un encuentro con periodistas.
