Cientos de miles de trabajadores de la construcción salvadoreños corren el riesgo de ser deportados, lo cual generaría graves repercusiones económicas, advierten contratistas y dirigentes sindicales.
Unos minutos antes de ir a trabajar en las profundidades debajo de las calles de Washington, los trabajadores de construcción salvadoreños repasaron los proyectos que habían terminado para los residentes de la ciudad: túneles de aguas pluviales, nuevas líneas de metro y estaciones de tren, así como transporte para pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Washington-Dulles.
Ahora, estos trabajadores corren el riesgo de perder su empleo y ser expulsados de Estados Unidos. Se encuentran entre los 400.000 migrantes de seis naciones cuyos estatus legales de inmigración, otorgados debido a la violencia o los desastres ambientales en su tierra natal, fueron revocados el año pasado por el gobierno del presidente Donald Trump, que argumenta que las condiciones en esos países han mejorado lo suficiente como para que regresen.
La decisión del gobierno tendrá repercusiones económicas en otras ciudades, pero pocas la resentirán de manera tan directa como Washington. Aproximadamente, una quinta parte de los trabajadores de construcción de la capital está aquí debido al programa, conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS).
“Si los perdemos, no será fácil remplazarlos”, dijo Rick DiGeronimo, vicepresidente de Independence Excavating, una constructora con sede en Cleveland que tiene varios proyectos en el área de Washington. Cerca de una tercera parte de sus trabajadores tiene estatus de protección temporal. “Tendríamos dificultades para terminar algunos de nuestros proyectos porque no hay trabajadores de esta calidad aquí”, admitió.
El sector de la construcción resultó atractivo para los recién llegados de El Salvador porque el empleo no requería de que tuvieran aptitudes especiales ni que supieran inglés, explicó Abel Núñez, director ejecutivo de Carecen, una organización de servicios sociales para inmigrantes latinos. “La industria de la construcción estaba en auge y estas personas querían trabajar”, relató.
El estatus de protección temporal no es una vía para obtener la ciudadanía, pero la mayor parte de estos trabajadores nunca pensó que podría enfrentarse a la deportación. Muchos de ellos han vivido en Estados Unidos de manera legal desde hace casi dos décadas. Algunos han comprado casas y autos, y llevan vidas establecidas en la clase media. Muchos tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses.
Casi 46.000 personas forman parte del programa en Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia, de acuerdo con el Center for American Progress, un grupo liberal que se opone a la medida del gobierno de Trump. En general, el área de Washington alberga a unos 200.000 salvadoreños, el grupo más grande de residentes nacidos en el extranjero que viven en la región.
La construcción no es la única industria fuertemente dependiente de los inmigrantes que tiene una posición frágil en Estados Unidos. Ellos también conforman gran parte de la fuerza laboral en el procesamiento avícola, el empaque de productos cárnicos, la fabricación de textiles y los servicios alimentarios. En agosto, agentes federales de migración hicieron redadas en varias plantas avícolas en Misisipi en las que arrestaron a casi setecientas personas sospechosas de no contar con documentos para estar en el país.
La decisión de deportar a los trabajadores que han estado viviendo aquí de manera legal bajo el estatus de protección temporal le parece irónico a Dennis Desmond, un dirigente sindical, ya que algunos de ellos han sido contratados para trabajar en zonas delicadas como Fort Meade, Maryland, las oficinas centrales de la Agencia de Seguridad Nacional.
“Se les ha permitido trabajar en proyectos críticos, pero ahora es como si no fueran dignos de quedarse en el país”, opinó Desmond, gerente comercial del Local 11 del Sindicato Internacional de Trabajadores de Norteamérica. Estimó que el 20 por ciento de los miembros de su sindicato estaban en Estados Unidos gracias al programa de estatus de protección temporal.
El origen del programa se remonta al apoyo que dio Estados Unidos al gobierno de derecha de El Salvador durante la guerra civil que vivió el país en la década de los ochenta, de acuerdo con el representante demócrata de Massachusetts, Jim McGovern.
Como miembro del personal del congreso en ese entonces, McGovern ayudó a elaborar la legislación que creó el programa como parte de la ley de inmigración de 1990. “Estábamos apoyando a un gobierno y a un ejército que eran responsables de gran parte de la violencia”, comentó McGovern. “Teníamos la sensación de que no estábamos haciendo lo suficiente para ayudar a la gente que estaba atrapada en medio”.
Cuando acabó la guerra civil en 1992, el estatus de protección expiró, pero se renovó después de que una serie de terremotos devastadores golpearon a El Salvador en 2001.
Los originarios del país centroamericano ahora conforman el 60 por ciento de los beneficiarios del estatus de protección temporal, de acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso.
El Salvador fue el primero, pero con el tiempo el programa se extendió a ciudadanos de diez países más, la mayoría en Centroamérica, Medio Oriente o el este de África. Los solicitantes deben estar en Estados Unidos para ser beneficiarios cuando la gente de su país ha sido designada para recibir el estatus de protección.
Los gobiernos republicanos y demócratas extendieron el programa periódicamente y aquellos que tenían el estatus de protección temporal por lo general lo renovaban cada dieciocho meses.
Sin embargo, el año pasado, el gobierno de Trump decidió finalizar el estatus de protección para los inmigrantes provenientes de seis de los países —El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán— con el argumento de que nunca estuvo destinado a proporcionar un refugio permanente. En el caso de El Salvador, el Departamento de Seguridad Nacional concluyó en enero de 2018que las condiciones que imperaban en 2001 “ya no existen”.
“Muchos proyectos de reconstrucción ya se han completado”, declaró el departamento. “Las escuelas y los hospitales dañados por los terremotos se han reconstruido y reparado, los hogares se han recuperado y se han proporcionado fondos para los servicios de agua y saneamiento”.
No obstante, los trabajadores dicen que para ellos y para sus hijos es impensable irse a El Salvador, donde prevalece la pobreza y la violencia pandillera. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON) persuadieron a un juez federal en San Francisco para que emitiera una orden judicial preliminar en octubre con el fin de bloquear la deportación.
