El banco central acomete una histórica intervención para amortiguar el descalabro del peso y Hacienda no descarta una recesión a corto plazo
Pérdidas por destrozos aún por cuantificar; parón en la actividad comercial y en el empleo; pequeñas y medianas empresas en problemas. E incertidumbre, mucha incertidumbre. Chile, por décadas el alumno aventajado de la economía latinoamericana, se ha convertido en menos de un mes y medio en uno de los grandes quebraderos de cabeza a la hora de dibujar el horizonte económico de una región que no pasa por su mejor momento. Las protestas, iniciadas a mediados de octubre, y el pistoletazo de salida de una todavía vacilante negociación política para tratar de restablecer el orden público y consensuar medidas que pongan freno a la desigualdad —el 1% más acaudalado acapara más del 26% de la riqueza—, añaden un grado adicional de zozobra sobre las constantes vitales de la economía chilena.
En un mes y medio, desde que comenzaron las revueltas en las calles, el país sudamericano ha pasado de debatir si el crecimiento anual estará en el entorno o por encima del 2,5%, dando por hecho crecimientos trimestrales en positivo, a hacerlo sobre si el país entrará o no en recesión en 2020. Seis semanas son pocas para tener datos concluyentes, pero todas las señales apuntan a una clara ralentización de la actividad a lo largo y ancho del país. El Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) de octubre, difundido el lunes, cayó un 3,4%.“Se trata de la mayor baja desde julio de 2009 [con la Gran Recesión]”, advirtió el ministro de Haciendia, Ignacio Briones.
“La expectativa de que la incertidumbre política se mantenga alta durante un tiempo más crea vientos de cara adicionales para la economía”, refrendaba el equipo de análisis de Goldman Sachs, uno de los mayores bancos de inversión con mayor predicamento en Wall Street. Su conclusión es clara: el barco de la economía chilena navega ya en aguas sin cartografiar.
Los avisos resultan atronadores en una de las economías más estables de la región y que se había ganado la preferencia de los inversores en sus carteras emergentes. El diagnóstico coincide con el de JPMorgan, otro de los grandes de la inversión, que presagia “un prolongado período de baja actividad económica empresarial” en el que se cruzarán las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2021. “Tenemos un evidente cambio de escenario”, dispara Rodrigo Aravena, economista jefe del Banco de Chile, una entidad comercial, que apunta a un horizonte aún más sombrío que muchos otros analistas privados. “Lo que nos anticipan los problemas de transporte, la caída del comercio y turismo es que Chile probablemente va a tener una recesión en el corto plazo. Y cuando hablo de recesión, hablo de una caída por dos trimestres consecutivos de la actividad: no se trata solo de una caída en la oferta, por menor demanda, sino de oferta, por menor capacidad productiva”. El horizonte recesivo no ha sido descartado por el Gobierno: las dudas al respecto, de hecho, se mantienen más vivas que nunca desde la Gran Crisis.
El impacto productivo de la explosión social es doble, explica Óscar Landerretche, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. El primero, inmediato: destrucción de infraestructura empresarial, en algunos casos en sectores generadores de mucho empleo, como los supermercados; disrupción logística severa; limitaciones a la cantidad de horas de trabajo diarias —“desde hace 40 días”, ilustra, “se está trabajando a media máquina”—; y caídas en el ingreso de quienes trabajan por comisiones de venta. El segundo, el de medio y largo plazo, es el que más preocupa por su capacidad de atenazar el crecimiento y está dominado una palabra: incertidumbre. “Todo el mundo está más adverso al riesgo y a invertir en el país. La gente trata de tener sus recursos líquidos”, agrega el también expresidente de la cuprífera estatal Codelco.
La foto de los daños sobre las infraestructuras aún es parcial, pero arroja ya una cifra lo suficientemente gruesa como para hacer saltar las alarmas: al menos 4.500 millones de dólares, según la Cámara Chilena de la Construcción, solo considerando los espacios públicos. En la capital, las ventas del comercio al por menor cayeron a una tasa de doble dígito en los días más álgidos de las protestas, la confianza del consumidor ha caído hasta su nivel más bajo en tres años y tenido un efecto cascada sobre la recaudación. Con el comercio a medio gas, sobre todo en la capital, las compañías —y muy especialmente, las de menor tamaño y músculo comercial y financiero— empiezan a pasarlo “realmente mal”, en palabras de Francisco Castañeda, profesor de la Universidad de Santiago. La confederación de la micro, pequeña y mediana empresa (Conapyme) cifra en unas 20.000 las pymes que podrían declararse en quiebra por la “caída sustantiva” de las ventas y la producción. “A eso hay que añadir datos como la caída que tuvo la recaudación del IVA”, apunta Aravena. Disminuyó un 25%.
La dentellada también ha alcanzado al empleo, la variable macroeconómica más conectada con el día a día de la calle: el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, calcula en unas 300.000 personas el aumento del desempleo de aquí a final de año. “El mercado laboral sigue sometido, con indicadores conflictivos”, reconoce la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que avisa de que sus previsiones —2,2% de crecimiento este año, casi la mitad que el pasado, y 2,4% en 2020— están necesariamente en cuarentena, “sujetas a la considerable incertidumbre” provocada por el estallido social. Y la balanza comercial también ha empezado a resentirse, con una caída del 35% en las exportaciones e importaciones, con una parte no menor de la actividad portuaria prácticamente paralizada en el país de los 6.400 kilómetros de costa. La caída del peso es otro reflejo de las dudas de los inversores, con señales nada favorables para los intereses chilenos: desde el inicio de los choques en la calle, el descalabro de la divisa arroja números gruesos, del 20%.
El banco central chileno, luego de una nueva subida del dólar frente a la moneda local —que se llegó a cambiar el jueves pasado 828 pesos por cada divisa estadounidense, marcando nuevos récords—, anunció una histórica intervención en el mercado cambiario de hasta 20.000 millones de dólares. Desde el 18 de octubre, el día que se iniciaron las protestas, el dólar había subido 116 pesos (un alza de 16,7%).
Un golpe sobre la marca Chile
“Hay margen para seguir creciendo, sí, pero todo depende de que el proceso de negociación acabe pronto: cada día que pase, será un día más de daño económico. La incertidumbre es grande, inimaginable desde fuera del país”, completa Castañeda. En ese medio y largo plazo, el proceso de reforma constitucional, que arrancará en abril con un plebiscito en el que los chilenos decidirá si se debe o no cambiar la carta fundamental de 1980, aún bajo la dictadura de Augusto Pinochet, juega un papel esencial. Si como todo hace presagiar gana el sí —las encuestas apuntan a un respaldo del 85%—, se elegiría en paralelo el mecanismo: si una asamblea 100% compuesta por ciudadanos o una mixta integrada por un 50% ciudadanos y la otra mitad de parlamentarios. Luego habría otra elección en octubre de 2020 para elegir a quienes redactarían la Constitución, quienes tendrán entre nueve meses y un año para realizar su trabajo.
En el ínterin, los riesgos son altos. “La marca Chile ha sido severamente afectada, algo que se refleja en el valor de los activos de nuestro país”, señalaba recientemente el expresidente del Rodrigo Vergara, expresidente del banco central. Walmart, uno de los gigantes globales de a distribución, presentó a mediados de noviembre seis recursos contra el Estado chileno por 1.200 episodios de saqueos en un centenar de establecimientos. “Desafortunadamente, el Estado ha incumplido con su deber de garantizar el orden público y la seguridad pública interior (…)” apuntaba la empresa estadounidense. A rebufo, se han ido sumando otros actores locales: un grupo de casi 40 comerciantes de Concepción (sur) ya ha presentado un escrito de protección ante los tribunales. Más incertidumbre.
Ante la congoja en lo macro, buenas son las certezas. La ya histórica dependencia del cobre —sobre sus hombros descansan el 60% de las exportaciones y algo más de la décima parte del PIB chileno, un factor eternamente señalado por economistas de todo pelaje como factor de riesgo ante cualquier cambio en la cotización internacional— se convierte en un potente freno de seguridad si el tren de la economía termina finalmente por descarrilar del todo, un extremo que prácticamente ningún analista tiene en su eje de coordenadas. El mundo necesita este metal noble, requerido en multitud de procesos industriales, y Chile supone más de la cuarta parte de la oferta.
Más margen fiscal que monetario
Las turbulencias sacan lo peor, pero también lo mejor de una economía. Chile está mucho más sólidamente posicionado que otros países de la región, en los que una turbulencia política similar habría provocado una entrada casi inmediata en recesión. Y goza de un margen de maniobra fiscal —tanto para que el Gobierno pueda poner en marcha medidas sociales como para apostar por políticas contracíclicas en caso de que el resfriado pasase a gripe— notablemente mayor que en el resto de grandes países latinoamericanos, con la deuda pública ligeramente por encima del 25% del PIB —aunque habiéndose quintuplicado en una década— casi 15 puntos por debajo de la media regional. Algo menos de margen hay en política monetaria: en lo que va de año, el banco central ha rebajado los tipos de interés del 3% al 1,75%, un nivel que —pese a que la inflación está bajo control— no invita a pensar en muchos más recortes en el precio del dinero.
“Durante unos 10 años, el Estado debería tener déficits fiscales importantes, apostando a una mejoría significativa de las condiciones sociales, con un costo de unos cinco puntos del PIB”, apunta Landerretche. Sería, dice, una suerte de Plan Marshall adaptado a las condiciones del Chile del siglo XXI. Pero, para evitar caer “en el clásico ciclo latinoamericano, donde los países crean gastos porque hay mucha desigualdad y luego los países quiebran y viene una ola neoliberal restauradora, como tantas veces en Argentina”, el proceso debería ir acompañado de una estrategia de desarrollo que relance el crecimiento e incorpore toda la población a un crecimiento del que solo disfrutan algunos. “Pero todo este plan”, sentencia el economista de la Universidad de Chile, “tiene un prerrequisito: solucionar el tema de la violencia. Porque con desorden social, nada va a funcionar”.
Con información de El País
