Por: Juan Antonio Palacios
El productor de cine, Alfonso Cuarón -orgullosamente mexicano- quien, como sabemos, obtuvo un Oscar como mejor director por la película “Gravity”, formuló 10 preguntas al presidente Peña Nieto en el mes de abril pasado, por medio de una carta pública. Los cuestionamientos que le hizo, incluyeron temas como: la corrupción dentro del sindicato de PEMEX, el desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructuras en el país; el impacto ambiental, el precio de los hidrocarburos, y el rol de las grandes empresas petroleras transnacionales.
El cineasta refiere en su carta a una entrevista realizada al mandatario por León Krauze, en la que Peña Nieto afirma que Cuarón no estaba bien informado sobre la reforma energética en nuestro país y de ahí inició la polémica. En particular, hay cuatro preguntas que llaman la atención: ¿Cuándo bajarán los precios del gas, gasolina, combustible y energía eléctrica?
Una de las consecuencias lógicas, y muy deseables de la reforma energética, es que “nuestro petróleo” y sus derivados, causen beneficios fuera de PEMEX y la esfera burocrática, es decir, que causen beneficios a los mexicanos, quienes no solo obtenemos combustibles de mala calidad, sino a muy altos precios. Ya ni siquiera aspiramos a tener un medio de defensa ante la CFE, simplemente, estamos aleccionados para tomarla como una entidad que escapa de la obligación de respetar nuestras garantías constitucionales al hacer cobros arbitrarios, al averiar equipo por varianzas graves en el voltaje de la red y demás monerías, de esas que ni queremos pensar porque nos acordamos de lo que dijo la ranita.
¿Qué otros beneficios tangibles se esperan de la reforma? Ahora sí que como diciendo: La verdad, yo no veo beneficios en lo que pregonan y… pregunto lo mismo que Cuarón: ¿cuál es el cronograma de estos beneficios? De la reforma aprobada, derivarán contratos multimillonarios. Ya vimos al futuramente memorable custodio federal de los dineros, tocando la puerta y alzando la mano para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) nos tenga en cuenta para la línea de crédito. En un país con un Estado de derecho tan cuestionable (y un derecho muchas veces inexistente en su aplicación por la propia autoridad) como el nuestro ¿cómo podrán evitarse fenómenos de corrupción a gran escala ante tan grandes montos de inversión?
Como Contador Público, debo confesar que me ha quitado el sueño que la pléyade de politicazos que nos gobiernan, esté reusando el discurso político y las políticas públicas Keynesianas, que demostrado está, después de signos hasta de superhábit, generan inflación. La promesa del presidente Peña Nieto de que la producción de crudo aumentará a 3 millones de barriles de petróleo diarios para 2018 es irreal, según un análisis del Instituto de Investigaciones de Energía de la Universidad de Oxford (OIES por sus siglas en inglés). La institución ha analizado que las actuales reformas al sector no tendrán ningún impacto material antes de la próxima década pues las proyecciones de Pemex se basaron en la explotación de pozos en aguas profundas, en la cual México no cuenta ni con el conocimiento, ni con la experiencia para concretarlos; ello por citar algunos elementos.
En realidad, es complicado pronosticar la fecha exacta en la que se harían realidad estos “beneficios”; de hecho, me parece muy aventurado calcular las fechas, toda vez que el efecto positivo se iría dando en el tiempo y de acuerdo con los avances en los proyectos de inversión. ¿Cómo asegurar que la reforma incremente la productividad de PEMEX si no se enfrenta el problema de la corrupción dentro del sindicato
“Cogito ergo sum…” Una reforma de papel no es una reforma organizacional, una vez más tiene razón el laureado hacedor de la epístola. Si PEMEX ha aportado más de la mitad del presupuesto federal (con el que se ha construido la infraestructura nacional, se ha sostenido parte de la educación y de los servicios de salud gratuitos), la preocupación es inevitable: ahora que el aporte del petróleo no irá directamente de PEMEX a las arcas federales ¿cómo se cubrirá dicho presupuesto? ¿Será a través del pago de más impuestos a los ciudadanos? Pareciera que sí.
La respuesta oficial a las primeras preguntas, es que la reducción de las facturas de luz y los precios del gas, se materializaran a más tardar en dos años, después de la entrada en vigor de la legislación secundaria, y que la reforma energética, promovería la creación de 500,000 empleos adicionales en el 2018 y 2.5 millones más en 2025, esto, como resultado de un crecimiento adicional del producto Interno Bruto (PIB) de 1% en 2018 y 2% en 2025. Ello es la respuesta oficial.
Debido a la complejidad del sector energético y los cuantiosos montos de las inversiones, la dinámica de estos proyectos es a largo plazo. Los estudios de factibilidad, de impacto ambiental, elaboración de planes de negocio, etc… toman tiempo y, por supuesto, hace que los beneficios, cuando los haya, se vayan presentando poco a poco a lo largo del tiempo.
Lo importante, es preguntarse si esta reforma tendrá efectos positivos para el desarrollo económico del país. La lógica de una mayor inversión, de incremento del empleo y más crecimiento económico, supondría no solo mayor productividad y abatimiento de los precios en general, sino en un mayor consumo, generándose de esta forma un circulo virtuoso con alcances de largo plazo. El reto para el gobierno, será cómo crear los mecanismos de transparencia en la adjudicación de contratos multimillonarios y evitar la corrupción y el casi tradicional negocio de altos funcionarios y ex funcionarios públicos.
Y no es por ser mal pensado, pero, por ejemplo, el expresidente mexicano Vicente Fox, ha dado a conocer que a raíz de la aprobación de la reforma energética ha realizado amarres con inversionistas en Estados Unidos, Canadá y viajará a Medio Oriente para captar interesados en su proyecto que pretende fondear a empresas del sector petrolero, con unos 500 millones de dólares.
El grupo CARSO del magnate Carlos Slim, que tiene varias empresas del sector petrolero con experiencia internacional, parece que también está apuntado para participar. Son varias las compañías mexicanas que se están preparando para invertir en el sector energético y que competirán en condiciones similares con empresas extranjeras. El tema tiene que ver con la instrumentación de mecanismos que garanticen la transparencia en el manejo de los recursos y que permitan acabar con los casos de corrupción, de manera tal que las inversiones sean productivas y se perciba un beneficio para la población en términos de empleo y menores costos. El punto central de la reforma energética debe girar en torno a la definición de para qué sirve la riqueza petrolera, no a quién va a beneficiar…
