Por: Mario Rendón Monforte
La salud del pueblo está en la supremacía de la ley.
Cicerón.
La sinergia del tejido social es tan amplia que se podría afirmar que no tiene más límite que la imaginación de los individuos razón por la cual, el establecimiento y apego al estado de derecho, es la única garantía que otorga legitimidad a los actos de autoridad y certeza jurídica a los ciudadanos.
Este binomio -que es indispensable para el desarrollo sostenido y sustentable de un grupo humano, tanto en lo individual como en lo colectivo-, debe sustentar su conducta y decisiones en un marco jurídico. Más aún, son las leyes, la suprema y las secundarias, la estructura del estado de derecho.
En este contexto, las reformas estructurales que el Ejecutivo Federal se propuso sacar adelante eran la única vía que necesitaba el país para superar los obstáculos de fondo que impedían concretar nuevas propuestas de desarrollo, más acordes con la realidad del país y con la dinámica del mundo actual.
En este contexto, el Presidente cumple con la palabra empeñada, esto habla bien de un mandatario y es digno de reconocerse desde la perspectiva de la concertación política.
De esta manera, el partido en el poder se disciplinó, la oposición de la derecha supo obtener a cambio fortaleza, por su disposición política para la negociación, y la izquierda radical evidenció sus debilidades coyunturales que fueron aprovechadas para llegar a la aprobación final.
Por otro lado, los grupos de interés perjudicados con las reformas, al final del camino tuvieron que ceder y sumarse a la nueva visión.
Con la promulgación de las leyes secundarias en materia de Reforma Energética, la más importante de todas, el Presidente logró que el Poder Legislativo aprobara una cuantiosa agenda de reformas que incluye cambios inéditos como la participación del capital privado en la industria energética, castigos a las empresas preponderantes en telecomunicaciones y radiodifusión, la reelección de legisladores y alcaldes, y la evaluación como instrumento para elevar la calidad de la educación.
En los hechos, se tocaron y superaron temas que se consideraban como tabús. Lo alcanzado se debe, en buena medida, a una gran capacidad de operación política.
Sin embargo, esto apenas representa el principio de un más largo camino, que tiene el riesgo de posibles desencantos, porque para el ciudadano común las reformas aprobadas significan resultados mañana. Éstos, quisieran ver mañana al levantarse que este país es otro, que los impuestos y el costo general de vida disminuye, y las oportunidades de empleo y salarios bien remunerados están de sobra al alcance de la mano. Nada más alejado de la verdad.
La realidad no ha cambiado, las contradicciones y las crisis siguen ahí, lo mismo que la ya nada sorprendente manifestación de la criminalidad y las conductas antisociales. Aún persisten los ejemplos de ineptitud en la ejecución de las políticas públicas que contrastan esta exitosa operación política.
En tal virtud, el reto inmediato es la implementación de las reformas, es decir, el gobierno tiene que darle prioridad y velocidad de respuesta a la concreción y a la administración. Esto implica una nueva estrategia y gran capacidad ejecutoria de los cuadros gubernamentales. Se requieren técnicos con la capacidad de aplicar las nuevas reglas de las múltiples reformas aprobadas. Comenzando, desde luego, con la energética que deberá demostrar muy pronto que sí funciona.
Lo que es cierto es que sin reformas no hay avances, porque es justamente el estado de derecho lo que da origen a las formas y los modos en que se debe conducir y concretar el desarrollo.
Lo que es cierto es que su aplicación llevará tiempo por razón natural del acomodo y modificación de las políticas operativas. Para la inversión interna o externa, las reformas le dan viabilidad y certeza jurídica, pero su traducción en proyectos específicos implicará una serie de pasos y procesos, cuyos resultados finales traducidos en mejoras directas a la economía y bienestar de los ciudadanos aún están más lejanos.
El reto será vencer, por un lado, la enorme tentación de corromper los logros, de dejar en el papel el fondo de las reformas, y someterlas a los tiempos tradicionales de la burocracia.
Y por otro lado, ir alcanzando metas tangibles que sean señales de confianza para el ciudadano que lleva largo tiempo esperando que las decisiones políticas se orienten a las condiciones del mercado actual, apuntalen el crecimiento de la economía, y que los resultados vayan cobrando forma a los ojos de los mexicanos.
En pocas palabras, sin reformas no hay avances, y sin actitud, ética, confianza y legitimidad no hay desarrollo.
