Amparos contra Ley Minera: otro frente de lucha

AMPAROS

AMPAROS. Consorcios se amparan contra la Ley Minera para perpetuarse en el sector

Los grandes consorcios se están amparando contra la Ley Minera para acotar las nuevas regulaciones que contiene y así perpetuar su actividad en el mercado de valores, basada en la especulación, sobre todo con minerales estratégicos declarados a escala internacional indispensables para la transición energética, como litio, cobre y niquel, advirtieron especialistas.

Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, señaló que los grupos de interés que controlan la minería intentan ganar tiempo y organizarse para evitar perder sus beneficios, no solamente productivos, sino también la flexibilidad normativa que la ley anterior les permitió durante 31 años, para que imperaran pésimas condiciones laborales, sin preocuparse por el impacto ambiental ni el cierre de minas.

Quieren echar atrás esta reforma para evitar perder el derecho al agua, a la explotación de cualquier mineral que se encuentre en el territorio y a las decenas de años de concesión (de yacimientos) para seguir especulando, apuntó.

La compañía Cobre del Mayo apenas obtuvo de un juez federal una suspensión provisional contra todos los efectos de la nueva ley. La empresa opera la mina Piedras Verdes, en Álamos, Sonora, y cuenta con reservas probadas y probables de 515 millones de toneladas hasta 2029, según información oficial.

La investigadora de la UAM recordó que esta firma es filial de la mexico-canadiense Invecture Group, división minera de Grupo Salinas, que en marzo de 2019 estuvo envuelta en una polémica, pues participaba en la construcción de la mina de oro Los Cardones, en Baja California Sur, proyecto impugnado por los pobladores y cancelado por el presidente Andrés Manuel López Obrador debido a los riesgos ambientales que implicaba al área natural protegida de la Sierra de la Laguna.

AMPAROS. Reina Castro Longoria, investigadora de la Universidad de Sonora, señaló que los consorcios del ramo operan sigilosamente, sin transparencia ni comunicación con la población. Estas empresas extranjeras se quedaron malacostumbradas y quisieran seguir operando sin ningún control. No decimos que no vengan, pero sí que respeten la ley, como hacen en sus países. Expuso que las mineras no reportan lo que en realidad extraen, operan con métodos que sólo ellos conocen y dejan su devastación ambiental y afectación a las comunidades.

Azamar Alonso indicó que si bien la Ley Minera no es retroactiva, muchos aspectos nuevos de la regulación sí van a tomarse en cuenta en los procesos de exploración, extracción y bienes con que cuentan en la actualidad. Los más complicados, puntualizó, son la consulta a las comunidades, permisos de agua y la disminución en el tiempo de las concesiones.

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Difícil, que den recursos en cascada por norma de yacimientos: especialistas

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Ante la primera suspensión provisional contra todos los efectos de la Ley Minera, no se puede generalizar para suponer que otros amparos serán otorgados, pues aún hay posibilidades de cambios, incluso del reglamento que hará funcionar la ley, dijo Raúl García Reimbert, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.

Es bien difícil generalizar o suponer en derecho que por que uno se dio, el otro (amparo) tendría que darse, dijo a La Jornada. Comentó que la medida cautelar concedida a la empresa Cobre del Mayo es un caso individual.

Cada quien escribe su demanda de amparo con sus propios abogados y el juez lee con mucha atención la redacción y la presentación. No podríamos hablar de que si otorga esta medida cautelar vaya a dar más u otros jueces lo hagan, explicó.

De ninguna manera puede generalizarse por un principio jurídico de derecho, pues toda toda ley se presupone constitucional. Nosotros, como colegio, presuponemos que toda la ley es constitucional y corresponderá al juez decidir si tiene faltas o no, o si se violó alguna disposición, destacó.

El juez debe ir al fondo del caso, pero también existen otros órganos superiores, como el tribunal colegiado o incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agregó.

Aunque mencionó que los juicios de amparo se resolverán en alrededor de un año, también estimó que hay oportunidades de hacer alguna modificación que beneficie el interés general de la minería, que incluye artículos reformados. Algunos legisladores dijeron que podrían hacerse algunas revisiones. Destacó que en especial habría que ver de nuevo el tema de exploración, para que sea un poco más abierta hacia la persona moral o física que tenga interés en la concesión.

Señaló que la Secretaría de Economía está trabajando en el reglamento de la Ley Minera, y que la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, se ha mostrado abierta a escuchar las posturas de la industria minera.

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