Además de la afectación directa que ocasiona en los ingresos tributarios –pues al vender menos litros, las autoridades recaudan menos, sobre todo en materia de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)–, el robo de combustible es un problema con múltiples efectos (desde daños a la infraestructura hasta afectaciones ecológicas) que, para resolverlo, requiere de una estrategia integral.
En ese sentido, recientemente, la SHCP anunció que trabaja junto con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Procuraduría General de la República (PGR), entre otras instituciones, en acciones concretas para terminar con este delito.
Pemex comenzó, hace ya algún tiempo, con la implementación de sistemas para medir en tiempo real la disminución de presión en sus ductos y así detectar el robo de combustible, así como con la instalación de cercos alrededor de su infraestructura; en tanto, las autoridades incluso han llegado a hacer uso de la fuerza pública para controlar este tipo de situaciones.
Por su parte, a la Secretaría de Hacienda, ¿qué le queda por hacer? En calidad de titular de las finanzas públicas de este país, la dependencia podría impulsar, por una parte, medidas o figuras legales que se incorporen dentro de la legislación mexicana para incrementar la pena o los castigos a quienes incurran en este tipo de delitos.
De igual forma, podría trabajar en incorporar en la ley los mecanismos necesarios para que las autoridades puedan intervenir en caso de sospecha de tenencia de combustible robado, o bien puedan desarrollar, a través de nuevas facultades, labores de inteligencia para perseguir la ‘cadena’ del dinero en los casos de robo de combustible.
