“He violado las leyes chinas mediante mis actividades aquí… He perjudicado al Gobierno chino. He herido los sentimientos del pueblo chino. Pido sinceras disculpas por esto y siento mucho que haya ocurrido”.
Quien habla a la cámara de la televisión estatal china es el trabajador social sueco Peter Dahlin, retenido en Pekín bajo cargos de subversión. Pero podría ser también el editor de libros prohibidos sueco-hongkonés Gui Minhai, desaparecido en Tailandia en octubre y reaparecido en un vídeo similar este domingo. Ambos han sido sometidos a una práctica que parecía extinguida en China y que el régimen de Xi Jinping ha recuperado: las confesiones televisadas forzosas.
Dahlin, de 35 años, es cofundador de la ONG China Urgent Action Working Group, que tiene como misión formar a defensores de los derechos humanos. Fue detenido el 3 de enero, pero no se le permitió ver a funcionarios consulares de su Embajada hasta dos semanas después, en contravención de las normas internacionales y pese a que padece una enfermedad genética para la que necesita medicación diaria. Su novia, la ciudadana china Pan Jinling, permanece en paradero desconocido.
El martes por la noche, la cadena de televisión CCTV emitió la “confesión” del sueco, que se encuentra bajo “vigilancia residencial”, un eufemismo que se refiere a la detención en algún lugar que no es una cárcel al uso, generalmente sin acceso a abogados o familiares. “No tengo quejas, creo que mi trato ha sido justo”, declara el trabajador social. “La comida ha sido buena, he podido dormir mucho y no he sufrido ningún tipo de maltrato”.
Según la versión de la policía china, Dahlin fue detenido dentro de una campaña para “desarticular una organización que patrocinaba actividades que ponían en peligro la seguridad del Estado chino”. Su ONG “contrató y formó a otros para que recolectaran, inventaran y distorsionaran información” sobre el país. También es sospechoso de haber organizado a otros para incitar “confrontaciones entre el público y el Gobierno” y de haber recibido fuertes sumas de dinero del extranjero para “subvertir la paz social”.
El vídeo también incluye la “confesión” del abogado pro derechos humanos Wang Quanzhang y el activista Xing Qingxian, que admiten su culpabilidad en el caso.
Las acusaciones contra Dahlin han sido categóricamente desmentidas por su ONG. “La documentación y defensa de las violaciones de derechos humanos no es una manipulación sensacionalista de asuntos candentes, sino una obligación internacional bajo numerosas convenciones internacionales de las que China es país firmante”, señala China Urgent Action.
Desde la llegada al poder de Xi hace tres años, el régimen se ha propuesto controlar la sociedad civil. Su campaña para ello es cada vez más contundente y tiene menos cortapisas. Apoyado por nuevas leyes contra el terrorismo y sobre la seguridad nacional muy criticadas por su dureza, ha aumentado la presión contra las ONG, ha detenido a feministas, a decenas de abogados pro derechos humanos y ha desmantelado las organizaciones defensoras de los derechos laborales. Crecen las sospechas de que incluso podría haber recurrido, en el caso de los cinco libreros hongkoneses desaparecidos, al secuestro en países o territorios donde no tiene jurisdicción.
La “confesión” de Dahlin llega a las pantallas de los televidentes chinos apenas dos días después de la del editor Gui, uno de los cinco libreros hongkoneses desaparecidos, en la que aseguraba que se ha entregado a la policía por su propia voluntad. Gui también tiene pasaporte sueco, pero en la grabación pide a las autoridades de ese país que no se inmiscuyan.
Con raíces en las sesiones de autocrítica del maoísmo, las “confesiones” televisadas han resurgido durante el mandato de Xi como herramienta de presión psicológica y de humillación contra los que el régimen considera enemigos. Como en el caso de Gui, pueden llegar después de que su protagonista haya estado detenido durante meses sin ninguna explicación oficial.
“Este tipo de confesiones televisadas forzosas antes de un juicio se han convertido en una práctica habitual clave de la campaña del Gobierno chino contra los disidentes”, explica William Nee, investigador de Amnistía Internacional en Hong Kong. “La meta subyacente de los vídeos parece ser controlar la narración pública presentando las actividades del individuo en cuestión como extremadamente perjudiciales para la imagen e intereses de China. Al mismo tiempo, casi siempre intenta desacreditar y manchar la imagen del individuo ‘revelando’ detalles personales humillantes como manera de desacreditarle”.
“Parecen crear miedo en grupos específicos, pero al mismo tiempo son tan parciales, paranoicos y alejados de los estándares internacionales que hacen parecer una farsa al sistema de justicia penal chino”, afirma Nee.
La Unión Europea se ha declarado “gravemente preocupada” por este trato a sus ciudadanos, en los que incluye también a un segundo librero en manos de las autoridades chinas, Lee Bo, de pasaporte británico. “Esperamos que no represente la nueva normalidad, pero vemos una tendencia extremadamente preocupante”, declaró el embajador de la institución en Pekín, Hans-Diezmar Schweisgut, este miércoles en una rueda de prensa.
Por Macarena VidaLy. Con información de El País
