¿Quién permite que las áreas federales, que en teoría pertenecen a todos los mexicanos, sean concesionadas, vendidas, cedidas, rentadas o de plano hasta regaladas? Cancún –donde aparentemente todos los habitantes tienen derecho a disfrutar de sus playas- nació como un proyecto socioeconómico allá en 1968 cuando el entonces presidente solicitó al Banco de México definir cuál era la actividad económica que rápidamente equilibrara la balanza de pagos y contribuyera a generar nuevos empleos. ¡Quién se iba a imaginar que del proyecto original, en el cual se contemplaban al menos catorce playas públicas y un importante restricción que impedía construir más del 50% de la colindancia con el mar en cada predio, ahora, el Diagnóstico para la actualización del Programa Director de Desarrollo Urbano para el Municipio Benito Juárez, Quintana Roo indica que, en los terrenos de la realidad, quedan tan solo una o dos playas públicas; sucias y, además, sin mantenimiento!
Lo bueno que todos y cada uno de los delegados que han desfilado en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se aprenden rapidito el mismo discurso: reiteran siempre que “se vigila correctamente el que los hoteles en la zona de playas y la Riviera Maya respeten y dejen los espacios establecidos a un costado de sus instalaciones como acceso a las playas” no pues vigilancia de primer mundo! Parece una historia del siglo antepasado pero apenas tiene unos treinta años: desde la planeación de Cancún entrada la década de los setentas, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) dejó por lo menos 14 accesos a las playas las cuales denominó como balnearios públicos.
Hoy día, debido a la complicidad de varias autoridades, la mayoría han dejado de funcionar como tales: cuatro han sido concesionados, otros tres fueron vendidos, cuatro están en poder de Fonatur, dos se donaron, uno más, imagínese, está en calidad de “desaparecido” pues a la fecha ningún en documento oficial aparece si esa playa se la apropió un hotel o una plaza comercial! Así, así de inverosímil. Ya antes que Wilma nos dejara sin arena, de todas formas el acceso de la población a las playas era prácticamente imposible. Ahora que se invierte para la recuperación de playas, alguien en el gobierno debería acordarse que también los habitantes existen, que también tienen derecho al disfrute y goce de la naturaleza; resulta indispensable dotar de servicios públicos a las ya de por sí pocas áreas de libres acceso o qué, bajo el pretexto de apoyar la inversión extranjera, ¿las autoridades seguirán avalando en la práctica que áreas nacionales se vuelvan propiedad de consorcios trasnacionales?
Yvette Hesse Espinosa.
Directora General
