Después de varias semanas de manifestaciones, el país se hunde en la crisis económica y afronta una creciente violencia
Líbano se hunde en una crisis marcada por una economía al borde del colapso y el temor creciente a una escalada violenta en las calles. Desde el martes, grupos de manifestantes intentan bloquear arterias estratégicas de Beirut después de que fuentes gubernamentales filtraran un supuesto consenso para nombrar al empresario Samir Khatib como primer ministro. El Ejército intenta desalojarlos con gases lacrimógenos y porras. El exlíder del Ejecutivo, Saad Hariri, ha rehusado ocupar de nuevo el cargo tras su dimisión del pasado 29 de octubre, mientras el presidente del país, Michel Aoun, ha llamado a un ronda de consultas parlamentarias el día 9 para designar otro premier e intentar sacar al país de la profunda crisis que sufre.
Estas son cinco claves para entender unas protestas que, desde finales de noviembre registran, además, enfrentamientos violentos entre manifestantes y jóvenes afiliados a partidos políticos que intentan reventar las marchas.
1. ¿Quiénes son los manifestantes y por qué protestan?
El anuncio de la imposición de una tasa de 18 céntimos de euro por el uso de WhatsApp fue la chispa que el pasado 17 de octubre desató la ira popular. El descontento se ha ido gestando durante los últimos ocho meses, desde que el ex primer ministro Hariri anunciara “el presupuesto más austero de la historia de Líbano” para reducir una de las deudas externas más elevadas —75.800 millones de euros, lo que equivale al 150% del PIB—. Austeridad significa recortes: primero, fue la subida en un punto del IVA; después, la reducción de las pensiones de funcionarios y militares. La ciudadanía acusa a la clase política que controla el país desde hace tres décadas de haber llevado a Líbano a la bancarrota con una mezcla de mala gestión, nepotismo y corrupción. Los manifestantes han logrado tumbar al Gobierno de unidad, pero aún no se vislumbra una salida de la crisis.
En la mayoría de las urbes es la generación de veinteañeros la que lidera las protestas que, según estimaciones de ONG locales, han llevado a la calle hasta a un cuarto de la población (de unos seis millones de personas, de los cuales 1,5 millones son refugiados sirios, según estimaciones controvertidas del Gobierno). Se han apropiado de las principales plazas públicas, con tiendas de campaña, grafitis en los muros y ágoras de debate sobre asuntos ciudadanos con expertos en edificios abandonados.
Los jóvenes de entre 15 y 29 años suponen el 30% de la población libanesa y sufren una tasa de paro del 66%, según el Ministerio de Juventud y Deportes. Decenas de miles emigran cada año en busca de un futuro mejor. Se trata de la primera generación de la posguerra civil (1975-1990) que rechaza unas reglas sectarias que considera caducas. El sistema político confesional que rige en Líbano implica que el poder se reparte por cuotas, de modo que el presidente ha de ser cristiano; el primer ministro, un musulmán suní, y el presidente del Parlamento, un musulmán chií. Para los manifestantes, ese sistema intoxica la convivencia en el país, tanto que hasta la pena de muerte se rige por esta dinámica: la última ejecución se produjo en 2004 y debía ser de un condenado chií, pero este acabó acompañado en la desgracia por un suní y otro cristiano.
Los cortes de carreteras y el consiguiente cierre de colegios y universidades han provocado roces entre quienes culpan a las protestas de paralizar el país y agudizar la crisis económica y los manifestantes. Estos insisten en el carácter pacífico de sus marchas y acusan a los seguidores de los partidos Amal y Hezbolá y, en menor medida, del presidente Aoun, de intentar reventar las protestas y sembrar el miedo.
Los manifestantes no tienen un líder que se encargue de negociar sus demandas con el Gobierno en funciones. Temen que ello permita la instrumentalización de las protestas al servicio de terceros, como ha ocurrido con otras intifadas en la región.
Los expertos coinciden en que la crisis de las basuras del verano de 2015 sirvió de laboratorio de las actuales protestas. Además, unos 800.000 jóvenes votaron por primera vez en las últimas elecciones parlamentarias, en 2018, y demostraron sus ansias de cambio.
2. ¿Qué reclaman los manifestantes?
Las protestas aspiran a romper el actual statu quo con un Gobierno de tecnócratas. Pero tras la dimisión de Hariri, es el presidente, junto con las fuerzas parlamentarias mayoritarias, el encargado de nombrar a un nuevo primer ministro.
Otra de las aspiraciones de los manifestantes es el establecimiento de un sistema judicial independiente, que no sea nombrado por el Parlamento. Ahí los avances son lentos. El Ejecutivo en funciones ha permitido por primera vez la elección de un jurista independiente, Melhen Jalaf, para dirigir el Colegio de Abogados de Beirut; por otro lado, ha propuesto una amnistía general a la que se oponen los manifestantes porque temen que se convierta en una garantía de inmunidad en futuras investigaciones por corrupción. De hecho, otra de las demandas es que los políticos envueltos en casos de malversación de fondos públicos sean juzgados y sus bienes, requisados.
Además, las protestas exigen una nueva ley electoral aconfesional y la celebración de elecciones anticipadas. Ese nuevo Ejecutivo debería aprobar un paquete de reformas económicas que permita recobrar la confianza de la comunidad internacional y, de esa forma, una necesitada inyección de inversiones y ayudas.
Los líderes religiosos se han mostrado hasta ahora cautos respecto a las reivindicaciones. Son una pieza clave del sistema político, que les da un papel crucial para regular y legislar las relaciones sociales. Un sistema que discrimina claramente a la mujer en las leyes de herencia, matrimonio, divorcio, traspaso de nacionalidad a sus hijos o custodia.
3. ¿En qué situación está la economía del país?
La elevada deuda libanesa —en manos en su gran mayoría de acreedores internos— es un problema estructural en una economía que importa el 80% de los productos básicos que consume y cuyos sectores industrial y agrícola apenas suponen el 15% del PIB. La guerra siria ha disparado el déficit comercial. Las remesas de los expatriados libaneses quedan neutralizadas por las que envían los 1,5 millones de refugiados sirios que viven en Líbano, mientras han caído los ingresos del turismo —265 establecimientos han cerrado en mes y medio—, la inversión extranjera no llega y la comunidad internacional condiciona el desembolso de los 10.000 millones de euros prometidos durante la conferencia de donantes en París —en abril de 2018— a la adopción de un plan de reformas económicas.
Los bancos, que controlan el 90% de las divisas, han cerrado sus puertas tres semanas desde el inicio de las protestas provocando el pánico entre los ciudadanos, que han hecho cola para intentar retirar sus ahorros. Los bancos han impuesto una especie de corralito para evitar la falta de liquidez en dólares, imponiendo límites semanales a la retirada de divisas. En consecuencia, la libra libanesa —cuya paridad con el dólar se había mantenido desde 1997— ha sufrido una drástica depreciación y se cambia un 45% por debajo.
La situación ha disparado los precios un 20% en tan solo un mes, en un país donde, según el Banco Mundial, un tercio de la población vive por debajo del umbral de la pobreza —más del 70% en el caso de los refugiados sirios—. Conforme se agudiza la crisis, las gasolineras hacen huelga al no poder importar combustible por falta de dólares, y tanto hospitales como empresas advierten de que pronto agotarán sus reservas de medicamentos y de víveres si no tienen acceso a divisas. Entre los ciudadanos se palpa el miedo de que, de seguir la devaluación de la libra libanesa, escaseen los alimentos y aumente la criminalidad.
Las infraestructuras del país, mientras, se caen a pedazos y la población sufre cortes de electricidad de entre tres y 12 horas diarias. Mafias vinculadas a las élites políticas gestionan el negocio ilegal de generadores privados, un negocio que mueve más de 1.000 millones de euros al año penalizando doblemente al consumidor, que también paga el déficit crónico de 2.000 millones de euros anuales de la empresa estatal de electricidad.
Apenas un 1% de la población acumula más de un tercio de la riqueza del país, lo que acentúa la desigualdad social y sitúa a la clase media en vías de extinción. Líbano ocupa el puesto 138 de 180 en la lista de corrupción de Transparencia Internacional. La élite política se solapa con la económica: seis de los siete libaneses en la lista de fortunas de Forbes en 2019 son políticos: tres del clan Hariri, dos del clan Miqatib.
4. La clase politica, ¿un statu quo en disputa?
La determinación de no dejarse contagiar por las crisis que se suceden entre sus vecinos (la llamada política de disociación regional) ha mantenido unido durante año y medio a los dos campos del espectro político, bajo el liderazgo de Hariri. El primer bloque, mayoritario, está formado por el tándem chií del partido-milicia Hezbolá y de su aliado Amal junto con el principal partido cristiano, que lidera Yibran Basil, ministro de Exteriores y yerno del presidente Michel Aoun. El segundo bloque agrupa al grueso de la representación suní —encabezada por el ex primer ministro Hariri— y a la segunda y tercera fuerza cristianas. Con la negativa de Hariri de volver a ocupar el cargo, ambas fuerzas libran un pulso político que se traslada a las calles. El bloque mayoritario lucha por mantener el statu quo con algunas medidas cosméticas. Los minoritarios cierran filas con las protestas para tener un reparto de poder más ventajoso.
El presidente ha propuesto un Gobierno híbrido con 18 tecnócratas y seis políticos, mientras que la calle pide uno íntegramente compuesto por expertos. Yibran Basil ha sido la figura política más vilipendiada por los manifestantes, que piden su exclusión de todo Gobierno. Las protestas entran ahora en una fase volátil y se teme que la crisis sea larga: la formación del último Gobierno necesitó más de nueve meses; la elección del presidente, más de dos años y medio por falta de quórum, y las últimas elecciones parlamentarias fueron las primeras celebradas en casi una década.
El Ejército libanés intenta erigirse en la institución depositaria de la unidad nacional, ha garantizado la seguridad de los manifestantes pero también ha chocado con ellos. Prominentes activistas y ONG locales denuncian un creciente número de detenciones de manifestantes y algunos advierten contra un golpe militar en caso de producirse una transición violenta del poder.
5. ¿Cuál es el riesgo de injerencias externas?
Líbano ha sido tradicionalmente escenario indirecto de la lucha que libran Irán y Arabia Saudí. Además, otro pacto no escrito implica que EE UU puede influir en el nombramiento del comandante de las Fuerzas Armadas —Washington es el principal proveedor del Ejército libanés—; Francia, en el del presidente, que ha de ser cristiano; Arabia Saudí, en el del primer ministro suní, e Irán sobre el presidente del Parlamento, que es chií.
La Administración de Donald Trump defiende las reivindicaciones de los manifestantes, a quienes considera que se oponen a la política de Teherán. “Irán es el factor común detrás de las protestas en Oriente Próximo”, ha declarado el secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo. El bloque minoritario en el Gobierno libanés también acusa a Irán de injerencia al reventar manifestaciones a través de sus aliados.
Irán y Hezbolá —el brazo iraní en Líbano, calificado por Washington como grupo terrorista y su brazo armado por la UE— acusan a EE UU de azuzar las protestas en la región y de declarar una guerra económica en Líbano para dividir a los chiíes y expulsar a la milicia armada del Gobierno. El recrudecimiento de las sanciones estadounidenses contra Hezbolá en Líbano en los últimos meses provocó en septiembre el cierre del banco Jammal Trust. Las sanciones han sido percibidas como un ataque a la comunidad chií en Líbano, independientemente de su afiliación, y no al Partido de Dios. “Nuestras armas son una línea roja en la resistencia frente a Israel”, sostienen oficiales de Hezbolá .
Arabia Saudí, mientras, ha retirado el apoyo al dimitido Hariri, al que retuvo temporalmente durante un rocambolesco viaje a Riad, y busca un nuevo aliado para contrarrestar la influencia de su archienemigo iraní y por ende de Hezbolá. Partidarios de Hariri acusan a la teocracia suní de contribuir a su caída y de manchar su imagen. “No es casual que seis años después de hacerse público que Hariri regaló 16 millones de dólares [14,4 millones de euros] a una joven amante, los documentos se hayan filtrado a la prensa libanesa en plena crisis económica”, sostiene en Beirut una fuente cercana al círculo del ex primer ministro, en alusión al escándalo que monopolizó el interés de los medios libaneses el pasado mes de octubre.
Esa guerra soterrada se ha alimentado en las redes sociales, donde se han difundido vídeos antiguos con mensajes ofensivos contra partidos y sus líderes por parte de seguidores de los partidos tradicionales provocando verdaderas batallas campales en el centro y periferia de Beirut.
Las siete víctimas mortales de las protestas
Las protestas en Líbano acumulan ya siete víctimas mortales, aunque en distintas circunstancias. El único muerto por bala desde el inicio de las protestas, el pasado 17 de octubre, murió tras recibir el disparo del conductor y escolta de un general militar que se enzarzó en una disputa con un manifestante al quedar su vehículo atascado en un retén. Los heridos por bala lo han sido también por guardaespaldas de diputados y ministros, que han abierto fuego para despejar el paso al convoy entre manifestantes encolerizados pero desarmados.
Las dos primeras víctimas mortales de las protestas fueron accidentales: dos trabajadores sirios murieron en el interior de una tienda del centro de Beirut, asfixiados por el humo del fuego que habían prendido los manifestantes. Las dos últimas víctimas también fallecieron en un accidente, cuando el vehículo de una familia fue desviado por un retén al sur de Beirut y el conductor perdió el control. Tanto el conductor como su cuñada fallecieron en el acto.
Entre las pancartas que ondean los manifestantes están los rostros de tres hombres que se han quitado la vida por su situación económica. El primero fue antes de las manifestaciones, el taxista George Zreik se quemó a lo bonzo en febrero ante la puerta del colegio de sus dos hijos por no poder hacer frente a los gastos de escolarización. El segundo, casado con dos mujeres y padre de dos hijos, se quitó la vida este lunes después de que su hija le pidiera 50 céntimos para comprar pan y no los tenía. El último se disparó este miércoles con su arma ante la desesperación, dice su familia, por ver su salario reducido a la mitad.
Por Natalia Sancha, con información de El País
