LEY ANTICORRUPCION. “El Congreso del estado de Quintana derogó parcialmente el 16 de julio del 2016, diversas disposiciones de la Constitución Local y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa respecto al denominado “paquete de impunidad”, por considerarse que no van acordes al nuevo SNA, sin embargo, considero que el mismo fue insuficiente”: Juan Antonio Palacios
Cuenta la historia, que estaba San Pedro efectuando trabajos de mantenimiento en el cielo, requiriendo tres cotizaciones para reparar la puerta de entrada, el primero en presentarla fue un italiano, quien señalo que por tratarse de acero inoxidable y una obra de Miguel Ángelo, cobraría $3,000 (euros) distribuidos: $1,000 de materiales; $1,000 de mano de obra y; $1,000 de utilidad; el segundo que presentó la cotización fue un herrero de origen chino, presentando $900 distribuidos: $300 de mano de obra; $300 de materiales y; $300 de utilidad; y finalmente un mexicano presenta su cotización de $2,900 y le dijo a San Pedro, $1,000 para ti, $1,000 para mí y contratamos al chino.
Esta historia desafortunadamente no parece tan alejada de la realidad, en especial, cuando las estadísticas de organismos mundiales como Transparency International nos señalan que tenemos los primeros lugares en impunidad y corrupción. México es el país más corrupto de los 35 que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), contamos con una calificación de transparencia de 35 y el lugar 95 de 167.
La percepción de la corrupción se ubica como los principales problemas del país, según una encuesta elaborada por el Diario El Reforma en febrero del 2015, un 36% por encima de la seguridad (28%) y del desempleo (13%), la violencia (12%); asimismo en la misma encuesta se preguntó si era posible erradicar la corrupción en México, del que 59% de los encuestados dijeron que SI y el 38% estimo que NO.
México ha celebrado Convenios Internacionales en los cuales se ha comprometido a erradicar la corrupción, como en la Convención Interamericana de la Organización de los Estados Americanos del 2 de julio del 1997. El Convenio para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, OCDE 26 julio 1999, el Convenio con Naciones Unidas contra la corrupción ONU 14 de noviembre 2005. Antes estos requerimientos internacionales, México ha publicado las siguientes Leyes:
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (11 junio 2002) reformado sustancialmente el 9 de mayo del 2016 y eliminando el término Gubernamental.
- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (4 de mayo del 2015).
- Sistema Nacional de Anticorrupción (SNA- 27 mayo 2015).
Desde luego las “grandes reformas estructurales” se dieron en los años 2014 y 2015, como la Educativa, la Fiscal, la Energética, la de Telecomunicaciones, la de Amparo y Procuración de Justicia, la Electoral entre otras, aunque como dijo Cornelio Tácito, historiador y político Romano: “Entre más corrupto el estado, más Leyes”.
Para nadie es un secreto que la contratación de obra pública, la adquisición de bienes y servicios, el uso sin rendición de cuentas de los recursos de sindicatos, la legislación sobre cuotas (moches), el despido de periodistas incómodos que denuncian, las auditorias fiscales falseadas, la fuga de grupos de capos del narcotráfico, y las recientes leyes de impunidad en Gobiernos estatales, entre otros, son los actos con un alto grado de riesgo de corrupción que dañan a nuestras instituciones.
Las causas de estos actos, son muchos, entre los principales figura el bajo nivel del sistema educativo, la pérdida de valores, el exceso en tramitología, la discreción excesiva, la falta de sanciones, las auditorías externas complacientes y la carencia de sistemas integrales de control y vigilancia de riesgos, entre otros; todo ello en conjunto, genera procesos contradictorios y desequilibrios económicos.
El Sistema Nacional de Anticorrupción (SNA) denominado “Ley de combate a la corrupción”, tiene el objetivo de ser una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los niveles de gobierno en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y de hechos de corrupción así como en la fiscalización y control de recursos públicos, e integrar a los sistemas locales de anticorrupción.
Este SNA establece plazos de fiscalización hasta 7 años y la posibilidad de efectuar auditorias en cualquier periodo sin importar el cierre y autorización de la cuenta púbica. Crea una fiscalía más especializada, además de coordinar el establecimiento de Congresos Estatales para el establecimiento de instituir los Tribunales de Justicia Administrativa.
Se prevé que los Congresos de las entidades federativas emitan Leyes secundarias que tengan como base dicho SNA, pero sobretodo promueve la participación activa de la sociedad civil, como recientemente la Ley 3 de 3 que sumó esfuerzos para articular una movilización.
Se recabaron más de 600 mil firmas de ciudadanos para impulsar dicha iniciativa y con la voluntad de algunos actores políticos, lograron que una discusión que se daría a puerta cerrada, se convirtiera en un verdadero ejercicio de parlamento abierto.
En esta discusión, la influencia de estas organizaciones logró que se tipifiquen con claridad los actos de corrupción y las sanciones penales y administrativas correspondientes y el rol de cada una de las instituciones que integran el Sistema.
Consideramos que aún hay mucha tela de donde cortar, si queremos erradicar la corrupción, la tendencia en los próximos años será establecer tolerancia cero a impunidad y corrupción, el análisis de riesgos para la contralorías y órganos de gobierno, el promover las auditorias forenses, acabar con la discrecionalidad, exhibir públicamente a los corruptos, (incluyendo a los Diputados que aprueban leyes sin analizar y por instrucciones de su partido), la eliminación de las adjudicaciones directas, hacer pública las declaraciones patrimoniales y sobretodo deslindar la política de los negocios.
Deberemos adoptar actitudes y conductas que vigilen, denuncien exhiban y exijan. Esta etapa de crisis del país demanda líderes comprometidos con la ética y con los más altos valores de nuestra sociedad. Resulta indispensable la prevención y el fomento de una cultura de respeto a ley y a la integridad.
Debemos incorporar al sistema educativo en todos los niveles escolares, las asignaturas de ética pública, la cultura de la legalidad transparencia y rendición de cuentas. Solo así podremos aminorar no solo la percepción, sino atacar de frente la corrupción.
