LEY MINERA. Organizaciones sociales, académicos y comunidades que integran el movimiento “Cambiémosla Ya” y la “Alianza por la Libre Determinación y Autonomía” (“ALDEA“) hicieron un llamado al Senado de la República para aprovechar la iniciativa y “hacer cambios profundos a la Ley” sobre minería.
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Vanguardia de Saltillo
“Llamamos al Senado a aprobar ya la minuta enviada por la Cámara de Diputados y evitar que se pierda lo avanzado. La lucha de comunidades y organizaciones continuará hasta que se frenen los abusos de la industria minera en el tema hídrico y en otros que no fueron incorporados en esta minuta”, se lee en el comunicado.
La reciente minuta aprobada en la Cámara de Diputados el 20 de abril incorpora temas relevantes que el Senado debe mantener, sin embargo, ambas alianzas aseguran que es una oportunidad de “cerrar el paso al lobby corporativo y evitar que el dictamen sea mutilado”.
Para “Cambiémosla Ya” y la “ALDEA”, esta iniciativa de ley, presentada por Morena, dejó fuera importantes temas que sí estaban incluidos en la versión enviada el pasado 28 de marzo por el Ejecutivo al Congreso.
Llamamos al Senado a aprobar ya la minuta enviada por la Cámara de Diputados y evitar que se pierda lo avanzado. La lucha de comunidades y organizaciones continuará hasta que se frenen los abusos de la industria minera en el tema hídrico y en otros que no fueron incorporados en esta minuta.
Aunque dicha la versión aprobada recupera exigencias de muchas comunidades, pueblos, personas, organizaciones y colectivas de distintos lugares de México, que durante años han luchado por la defensa de sus territorios, el respeto a sus derechos y la protección real del medio ambiente y hoy están presentes en la minuta aprobada en la Cámara de Diputados, misma que ahora se encuentra en el Senado en espera de ser discutida y votada.
Entre ellas destacan: retirar el carácter preferente a la actividad minera por encima de otras actividades; el derecho a la consulta previa, libre e informada para obtener su consentimiento, previo a cualquier tipo de permiso o concesión sobre los territorios; la prohibición de la minería en áreas naturales protegidas y en zonas sin disponibilidad de agua, o en riesgo a la población; la obligatoriedad de un programa de restauración, cierre y postcierre, con obligaciones hídricas y ambientales; la limitación para traspasar una concesión; se elimina la expropiación como derecho del concesionario; se dividen y diferencian los procesos de exploración y de explotación.
“Mantener y aprobar estos temas en la próxima votación es fundamental para empezar a dar pasos en el fortalecimiento de derechos y protección del ambiente y los recursos naturales”, señalaron.
Asimismo, acusaron que hay aspectos de mayor relevancia, incluidos en la iniciativa del Ejecutivo, que fueron eliminados o modificados del dictamen del Congreso, como las reformas y adiciones a la Ley de Aguas Nacionales, con las que se posibilitaba frenar el despojo, la sobrexplotación y contaminación de enormes volúmenes de agua y limitar así los graves impactos para los pueblos vecinos a las minas; el periodo para la consulta previa a la obtención del consentimiento; se debilitan algunos controles regulatorios ambientales.
Se aumentan a 30 los años de duración de una concesión; se plantea la realización de estudios de impactos socioambiental y social, pero no de manera previa al otorgamiento de concesiones ni llevados a cabo por entidades independientes y técnicamente capaces, supervisadas únicamente por el Estado.
“Estos temas fueron suprimidos o modificados de manera injustificada y bajo la presión de los intereses empresariales responsables de la devastación social y ambiental durante ya 31 años. Todos estos temas se mantienen en nuestras agendas, los seguiremos denunciando e impulsando su transformación”, denunciaron.
La colectiva “Cambiémosla Ya” reúne a pueblos, comunidades, organizaciones civiles, movimientos, personas académicas, defensoras de la tierra y el territorio organizados para impulsar cambios profundos en la Ley Minera.
La “Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía” es una articulación de pueblos, comunidades y organizaciones civiles con presencia en 18 estados de la República, unidos por una necesidad compartida de transformar las estructuras de desigualdad e injusticia que durante años han mantenido en la marginación y la pobreza a los pueblos indígenas en el país.
Sinembargo
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