Para que la lucha contra el crimen organizado sea exitosa, el Estado debe alcanzar un correcto funcionamiento de cada una de las instituciones que participan.
Así, será indispensable contar con una buena policía, para prevenir la comisión de los delitos y enfrentar en las calles a los criminales; es necesario también personal preparado para investigar los delitos, una vez que se han cometido; en un tercer momento, se requieren de jueces honestos y preparados, que impartan justicia y apliquen las sanciones correspondientes; finalmente, resulta indispensable tener un sistema penitenciario en buenas condiciones, para que las penas impuestas efectivamente se cumplan, evitando fugas como las que hemos visto recientemente en varios penales de México.
El Presidente Felipe Calderón emprendió a partir de diciembre de 2006 una abierta confrontación contra varios cárteles y grupos criminales en diversos estados de la República y durante todo su sexenio nunca bajó la guardia. Al contrario, siempre defendió su estrategia, a pesar de la acumulación de muertos en el país y de que los resultados parecían ser al menos cuestionables.
Calderón se apoyó en su lucha, sobre todo en las fuerzas armadas y en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Los soldados y marinos recibieron todo el apoyo presidencial; la policía federal tuvo un crecimiento espectacular en medios y recursos de todo tipo. El área más descuidada, sin embargo, fue la que corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR).
La propia PGR acaba de dar a conocer su Sexto Informe de Labores y su pobre desempeño queda a la vista. En el combate a la delincuencia organizada entre septiembre de 2011 y junio de 2012 las autoridades federales reportaron la detención de 27,949 personas vinculadas con el narcotráfico; pero en ese periodo la PGR apenas pudo ejercer acción penal en 544 ocasiones, en contra de 2,457 personas. De esas acciones penales ejercidas derivaron solamente 103 sentencias condenatorias, en contra de 244 personas.
¿Qué pasó con el resto de detenidos, que suman más de 25 mil personas? ¿Están en las calles y siguen delinquiendo? ¿Fueron liberados por la policía cuando ya estaban detenidos? ¿Los dejaron ir los Ministerios Públicos? ¿Las detenciones fueron ilegales y por eso no fueron remitidos ante los jueces penales?
En el informe de labores de PGR falta una narrativa que detalle, analice y explique lo sucedido, pero lo que resulta evidente es que hoy por hoy la procuración de justicia se encuentra en una situación de bancarrota. Durante años la situación de las procuradurías se vino deteriorando, sin que nadie dijera nada. Su personal tiene grandes dificultades para hacer su trabajo, sus medios son escasos, su capacitación es precaria, las tentaciones para corromperse abundan.
La lección es clara: si no tenemos buenas investigaciones ministeriales y un sólido ejercicio de la acción penal en contra de los presuntos delincuentes, estos seguirán haciendo de las suyas en nuestras comunidades. Urge fortalecer al eslabón más débil del Estado en contra de la criminalidad, que hoy en día son las procuradurías de justicia.
