Mil millones de pesos anuales por 22 años para grupo que construyó prisión. Bajo la figura de asociación pública privada, el Grupo de Ingenieros y Arquitectos Asociados (GIA), presidido por Hipólito Gerard Rivero, mantiene un contrato de largo plazo con el gobierno federal para la administración y mantenimiento de un reclusorio federal en Oaxaca por el que obtiene más de mil millones de pesos anuales.
Mil millones de pesos anuales por 22 años para grupo que construyó prisión. De acuerdo con informes públicos de la calificadora de valores HR Ratings, entre 2020 y 2024, la actual administración de Andrés Manuel López Obrador tendrá que erogar un monto acumulado, de acuerdo con las proyecciones, de al menos 9 mil 293.6 millones de pesos.
Gerard Rivero es cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari y su grupo uno de los que han recibido concesiones en los últimos años para construir y administrar prisiones federales.
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La división de infraestructura de GIA y el Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación, por medio de su órgano administrativo desconcentrado prevención y readaptación social firmaron el 18 de marzo de 2011, durante la administración del presidente Felipe Calderón, el contrato de prestación de servicios para diseñar, financiar, construir, equipar y operar durante 22 años un Centro Federal de Readaptación Social en Miahuatlán, Oaxaca.
El centro es uno de los contratos otorgados por el gobierno federal como parte del primer paquete para diseñar, financiar, construir, equipar y operar centros federales de readaptación social, y es el tercero en iniciar operaciones, el 8 de mayo de 2013, durante la gestión del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con un informe sobre los certificados bursátiles fiduciarios con claves DOIXCB15 y DOIXCV15U, que fueron emitidos por GIA para financiar parte de la construcción del proyecto de infraestructura social en Oaxaca, el gobierno federal tiene que pagar a la constructora privada mil 51 millones 550 mil pesos anuales.
En 2015, GIA realizó una emisión de certificados bursátiles fiduciarios por poco más de 5 mil millones de pesos para el financiamiento del Centro Federal de Readaptación Social que tiene una capacidad instalada de 2 mil 520 reclusos.
Como contraprestación a los servicios otorgados por el consorcio GIA se establece que recibirá un pago anual equivalente a mil 51.6 millones de pesos a precios de marzo de 2011, liquidada de manera mensual con base en los días trascurridos en cada mes y ajustado por la inflación del mes inmediato anterior.
Mil millones de pesos anuales por 22 años para grupo que construyó prisión. Bajo la figura de asociación pública privada, el comportamiento de los flujos estimados que cubrirá la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador detallan que en 2020 los ingresos por el pago de servicios fue de mil 874 millones de pesos; en 2021 será de mil 607 millones; en 2022, mil 816; en 2023, mil 880 millones, y en 2024, 2 mil 114 millones de pesos.
La compañía de GIA también tiene otro contrato bajo el esquema de inversión público-privada de largo plazo para la prestación de servicios en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, proyecto ganado en 2009, durante la administración de Felipe Calderón.
El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca es un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Salud y opera bajo un esquema público-privado al amparo del contrato de proyecto de prestación de servicios de largo plazo.
CONTEXTO:
La prisión puede considerarse como la última fase del proceso de justicia penal, que comienza con la comisión del delito, prosigue con la instrucción del caso, el arresto de los sospechosos, su detención, el juicio y, por último, termina con la sentencia.
La magnitud de la población carcelaria viene determinada por la forma en que el sistema de justicia penal enfrenta a los delincuentes, lo que a su vez repercute de manera significativa en la gestión de los centros penitenciarios. Por otro lado, el sistema de justicia penal se ve influido por las políticas gubernamentales y del clima político del momento, determinado en gran medida por los ciudadanos, que en los países democráticos eligen sus gobiernos.
Por todo ello, al evaluar el sistema penitenciario será preciso tener en cuenta que la gestión eficaz y las condiciones satisfactorias de las cárceles no dependerán únicamente de las autoridades penitenciarias. Lo que ocurra en las cárceles estará intrínsecamente relacionado con la gestión del sistema de justicia penal en su conjunto y con las presiones que reciba dicho sistema de parte de los políticos y los ciudadanos en general.
Por esa razón, cualquier intento de reforma del sistema penitenciario deberá formar parte de un programa amplio dirigido a hacer frente a los desafíos que plantee la totalidad del sistema de justicia penal.
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