“Durante el último año, el gobierno del presidente Ortega ha reprimido brutal y reiteradamente a todas las personas que se han atrevido a plantar cara a su administración.
Las autoridades nicaragüenses siguen violando los derechos a la justicia, la verdad y la reparación de cientos de víctimas, al tiempo que impiden a las organizaciones de la sociedad civil y a los observadores internacionales de los derechos humanos trabajar libremente en el país. Esto tiene que cesar”.
“El gobierno de Nicaragua debe finalizar de inmediato su estrategia de represión y poner en libertad a todos y todas los estudiantes, activistas y periodistas a quienes se ha detenido exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Amnistía Internacional seguirá apoyando a todas las personas que luchan pacíficamente por sus derechos, a pesar del hostigamiento y la intimidación constantes que sufren por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y de los grupos parapoliciales que han cometido violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. El valiente pueblo de Nicaragua no será silenciado.”
Información complementaria:
El 18 de abril de 2018, una serie de reformas a la seguridad social provocó protestas sociales generalizadas en toda Nicaragua. En respuesta a estas manifestaciones, el gobierno nicaragüense adoptó una estrategia de represión violenta. Desde entonces, al menos 325 personas han muerto, principalmente a manos de las fuerzas de seguridad del Estado y de grupos armados progubernamentales; más de 2.000 han resultado heridas; centenares han sido detenidas arbitrariamente; y decenas de miles se han visto obligadas a huir a Costa Rica.
Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales han documentado casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, tales como tortura y ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por grupos armados progubernamentales y miembros de la Policía Nacional de Nicaragua.
Además, el gobierno nicaragüense ha expulsado del país a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI); también ha cancelado la condición jurídica de las organizaciones locales de la sociedad civil, y ha seguido acosando a periodistas y a personas que defienden los derechos humanos.
Con información de Amnistía Internacional
