RED DE NEPOTISMO.
- La peor consecuencia de la corrupción judicial en México consiste
en los altos niveles de impunidad que existen: la impunidad signi-
fica, sencillamente, que los delitos cometidos no son sancionados
por una u otra causa. En buena medida, la impunidad es generada
y amparada por la corrupción de los distintos agentes involucra-
dos en el sistema judicial: policías, ministerios públicos o fiscales,
jueces y responsables de las cárceles.
Según algunas estimaciones, la llamada “cifra negra” (com-
puesta por los delitos efectivamente cometidos que no llegan al
conocimiento de la autoridad) alcanza al 75% del total de delitos
cometidos en México. En otras palabras, 3 de 4 delitos no se de-
nuncian. Del 25% de delitos que sí son denunciados solamente se
concluye la investigación ministerial en el 4.55%, pero se pone a
alguna persona a disposición de los jueces solamente en el 1.6%
del total de delitos cometidos.
Es decir, de cada 100 delitos solamente 1.6 llega ante el conocimiento de un juez;
las condenas
judiciales alcanzan una cifra del 1.06%,1 lo que significa que la
impunidad alcanza una horrorosa cifra del 99%.
Hay algunos estudios y documentos internacionales acerca de
la corrupción judicial en México. Uno particularmente importan-
te es el informe rendido por el relator especial de la ONU sobre
independencia de los magistrados y abogados, a partir de una
visita de campo al país realizada entre el 13 y el 23 de mayo de
2001.10
En su informe, el relator especial sostuvo, por ejemplo,
que —de acuerdo con las impresión de las personas con las que
sostuvo entrevistas— entre el 50 y el 70% de los jueces federales
eran corruptos (párrafo 63). Esta afirmación causó un gran ma-
lestar entre los jueces mexicanos, al grado que desde la propia
Suprema Corte de Justicia de la Nación se impulsó la publicación
de un libro para desmentirlo.11
Lo cierto es que, al margen de la afirmación citada, el informe
del relator acierta al señalar las deficiencias y altos niveles de co-
rrupción existentes en el sistema judicial mexicano. Por ejemplo,
en su informe señala la disparidad existente entre los tribunales
locales y los federales. Mientras los primeros carecen de buenos
apoyos presupuestales y de medios dignos para hacer su trabajo,
los segundos cuentan con un buen presupuesto y sus integrantes
tienen sueldos bastante altos.
Los mecanismos para sancionar a los jueces que hayan incu-
rrido en actos de corrupción son poco transparentes y existe una
dependencia del órgano encargado de las investigaciones respec-
to a la Suprema Corte, afirma el relator. Tiene razón, puesto que
como resultado de una reforma de 1999, el Consejo de la Judica-
tura Federal, que es el órgano competente desde su creación en
1994 para realizar la vigilancia y disciplina de los jueces, depen-
de en buena medida de la Corte. La mayoría de sus integrantes
son miembros del propio Poder Judicial, lo que arroja una cierta
sospecha sobre la protección que ofrecen a sus colegas
- AUTOR: MIGUEL CARBONELL. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
El Padrón Electrónico de Relaciones Familiares, base del Plan Integral de Combate al Nepotismo en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), detectó en 2022 que en los tribunales y juzgados federales existían 6 mil 755 redes familiares
.
Datos oficiales revelan que 41 por ciento de los funcionarios con cargos administrativos aceptaron tener parientes en la Judicatura y también 57 por ciento de los magistrados, jueces, secretarios de acuerdos y actuarios que desarrollaron la carrera judicial
.
Las redes familiares
detectadas hasta agosto de 2022 iban desde dos hasta 79 parientes con cargos dentro de la Judicatura.
La proporción varía entre los distintos circuitos judiciales. El vigesimonoveno, que corresponde a Hidalgo, presenta el menor porcentaje de personas activas que declararon relaciones familiares, con 37 por ciento; mientras el tercer circuito, que corresponde a Jalisco, y el decimosegundo, que pertenece a Sinaloa, tienen mayor proporción, con 58 por ciento
, señala el análisis descriptivo del registro de información de las relaciones familiares de las personas servidoras públicas del CJF.
Hasta agosto de 2022, en términos generales, 56 por ciento de las relaciones familiares se dan entre servidores públicos que laboran en el mismo circuito judicial
, señalaron directivos del CJF. Esa tendencia continúa, pues aceptaron que el panorama no ha cambiado.
Los datos del Padrón Electrónico de Relaciones Familiares no es público, mucho menos los nombres de quienes forman parte de cada una de las redes familiares
.
El antecedente del Padrón Electrónico de Relaciones Familiares surgió a raíz del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2020, en el cual se plasmó el acuerdo general que implementa el Plan Integral de Combate al Nepotismo, lo que obliga a los integrantes del CJF a registrar sus relaciones de pareja actual y las familiares por consanguinidad o afinidad.
El primer acercamiento a los resultados obtenidos del registro de servidores públicos con redes familiares
detectó que no sólo aquellos funcionarios son considerados trabajadores en activo, sino los considerados inactivos
–los que puedan encontrarse de baja por motivos de renuncia, licencia o jubilación
– tienen familiares en plazas del CJF.
En 2022 se recibió información de un total de 56 mil 201 personas, de las cuales 48 mil 430 estaban activas al momento del corte informativo y 7 mil 771 inactivas; la mayoría reportó tener redes familiares
.
Respecto de los 48 mil 430 activos, 49 por ciento declaró contar con al menos una relación familiar con una persona servidora pública activa o inactiva
.
Las redes familiares
existen en todos los circuitos de la Judicatura. Se consideran un vínculo o relación familiar a quienes tienen las personas servidoras públicas con su cónyuge, concubina o concubinario, conviviente o con quienes sostengan relación análoga. Las anteriores, conforme las legislaciones aplicables que regulen instituciones o figuras del derecho de familia, así como con parientes consanguíneos o por afinidad hasta el quinto grado, en línea recta ascendente o descendente, como colateral
, según lo establece la declaratoria para el inicio de la observancia de las nuevas reglas de la carrera judicial y el acuerdo general del pleno del CJF que la reglamenta.
En 2022 se documentó que el servidor público con el número más alto de relaciones familiares con servidores públicos activos es 26, e incluyen a un secretario del decimosegundo circuito con sede en Mazatlán, Sinaloa. “Entre sus relaciones se encuentran un magistrado, 13 secretarios, dos actuarios y 10 oficiales judiciales nivel C.
Estos 26 servidores públicos junto con sus respectivas relaciones forman una red de 79 servidores públicos, de los cuales 14 están inactivos
, indica el documento.
Se estableció que las 10 relaciones familiares más frecuentes representan 86 por ciento del total de los registros y el vínculo señalado con mayor frecuencia es el de primos o primas, seguidos por hermanos.
Los registros del padrón revelan que 24 por ciento de los vínculos reportados corresponden a casos de primos; 21 por ciento a hermanos; 12 por ciento, sobrinos; 10 por ciento, cuñados; 9 por ciento, tíos; 9 por ciento, matrimonio; 6 por ciento, hijos; 4 por ciento, cónyuge primario; 3 por ciento, padres, y 2 por ciento primos o primas del cónyuge.
La proporción de relaciones familiares en la misma adscripción es más alta para las relaciones de pareja como matrimonio (21 por ciento) y concubinato (27 por ciento), seguido por relaciones directas como madre (15 por ciento), padre (12 por ciento), hijo o hija (12 por ciento) y hermano (10 por ciento).
El porcentaje de registros de relaciones familiares por tipo de puesto específico en la carrera judicial y cargos administrativos en el CJF es el siguiente: en el área administrativa, 43 por ciento desempeñan cargos de mando técnico-operativo; 40 por ciento, mando medio; 42 por ciento, mando superior.
