El exgobernador fue detenido en Panamá a raíz de que hubo cambio de gobierno en 2016, después de años de evidencia de manejos irregulares en Quintana Roo
El combate contra la corrupción se está gestando de manera lenta pero creciente desde la periferia para llegar, eventualmente, al centro del poder político y al ámbito federal.
Aunque el proceso contra Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, lo lleva a cabo la Procuraduría General de la República, fue un motivo político local (la derrota del PRI en 2016) lo que forzó al gobierno federal a tomar cartas en el asunto. No lo había hecho a pesar de las denuncias de hechos que había presentado desde hace varios años la Auditoría Superior de la Federación.
En Nuevo León el gobierno local sigue un proceso en contra del exgobernador Rodrigo Medina por ejercicio indebido de funciones, peculado, daño al patrimonio estatal y enriquecimiento inexplicable. A esto se le suma la vinculación a proceso el pasado 20 de junio de Luis Gerardo Marroquín, exsecretario de Obras Públicas, por ejercicio indebido de funciones en la adjudicación de obra. A su vez, fue vinculado a proceso (por tercera ocasión) el exsecretario de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán Robert, por el mismo delito.
En Chihuahua el exgobernador César Duarte ya cuenta con una orden de aprehensión por la comisión del delito de peculado y se le acusa también de enriquecimiento ilícito. Ya se han llevado a cabo detenciones de exfuncionarios vinculados a su gestión de las cuales destaca la del exdiputado local Fernando Reyes, el cual ha declarado haber recibido gratificaciones por la aprobación de la deuda pública en aquel estado.
El caso del exgobernador chihuahuense es particular ya que también se le acusa de la comisión de un delito electoral, en donde Duarte habría retenido ilegalmente sueldo a empleados del gobierno para financiar campañas políticas de su partido.
En este último caso ha sido una autoridad federal –la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade)– la que solicitó la orden de aprehensión en contra del exmandatario. Sería la primera vez que un servidor público de alto nivel es procesado penalmente por un delito electoral: ojo, pero nuevamente fue un evento político local (la derrota del PRI en 2016) la que ha permitido que surja la evidencia para avanzar las investigaciones sobre su presunta responsabilidad.
En Quintana Roo el exgobernador Roberto Borge es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude (inmobiliario) y enajenación ilegal de predio (venta ilegal de bienes públicos). El exgobernador fue detenido en Panamá el pasado junio y actualmente sigue su proceso de extradición a solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR), nuevamente a raíz de que hubo cambio de gobierno en 2016, después de años de evidencia de manejos irregulares en aquella entidad.
Es previsible que a partir del 1 de diciembre de 2018 se detonen las fuerzas políticas necesarias para proceder –desde la Federación– en contra de otros exgobernadores y exfuncionarios del gobierno federal, aun si repitiera el partido en el gobierno (aunque mucho más si hay alternancia). El hartazgo y enojo social es tan alto que el próximo gobierno no podrá evadir esta demanda.
Por ello es previsible que el sexenio 2018-2024 sea al combate a la corrupción lo que el de Felipe Calderón (2006-2012) lo fue a la guerra contra las drogas, con tres diferencias fundamentales. Uno, el andamiaje para combatir la corrupción es más sólido (a pesar de sus insuficiencias) de lo que era el frágil instrumental para ir a la guerra contra el narcotráfico.
Dos, esta lucha puede dar resultados positivos en un corto periodo de tiempo, a diferencia de la detención de capos que da lugar a su sustitución sin destruir las bandas delincuenciales. En la lucha contra el peculado un ‘pez gordo’ en la cárcel sí es un potente disuasivo de casos futuros de corrupción.
Y tercero, a diferencia de los beneficios nebulosos de la lucha contra las drogas, en el caso de la corrupción sí hay beneficios claros, directos e inmediatos: el procurar justicia y detener el saqueo que afecta enormemente la conducción de los gobiernos.
Que el combate a la corrupción se haya detonado desde la periferia como resultado del castigo en las urnas al partido en el gobierno es una muy buena noticia. Significa que con todas las imperfecciones y condiciones anómalas de competencia, las elecciones siguen funcionando como un castigo para el abuso del poder.
Sin embargo, hay un riesgo en este proceso de despertar político para combatir la corrupción: que el hartazgo acumulado por la pasividad para detener el robo lleve a que el nuevo gobierno federal combata la corrupción a partir de diciembre de 2018 con ánimo justiciero para el aplauso público y que con ello se debilite aún más la vida institucional.
Sólo hay algo peor que no combatir la corrupción como ha sido en general el caso en México en las últimas décadas: hacerlo sin respetar el Estado de derecho y el debido proceso.
