Luego de que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalaron la ley electoral del estado de Quintana Roo que regula las candidaturas independientes a puestos de elección popular, el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Espinosa Abuxapqui, señaló que de esta manera se fortalece la vida democrática de los quintanarroenses.. En la sesión que se celebró en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no fue aprobada la inconstitucionalidad del decreto 199 del Congreso del Estado por medio del cual se reglamentaron leyes estatales para establecer la normatividad de las candidaturas independientes en Quintana Roo. De esta manera, la regulación de las candidaturas independientes que propuso el gobernador Roberto Borge Angulo y que analizaron y aprobaron los legisladores, se mantiene vigente y se aplicará para el proceso electoral intermedio que inició legalmente el 16 de marzo. De acuerdo con lo aprobado por la XIII Legislatura, los ciudadanos podrán postularse como candidatos independientes al cargo de gobernador del Estado, a miembros de los Ayuntamientos o como diputados de mayoría relativa. Para ello, tendrán que cubrir, además de los requisitos ya previstos en la Ley Electoral, los siguientes: programa de trabajo, participar en el proceso de selección de candidatos independientes, obtener el respaldo de por lo menos el 2 por ciento de los ciudadanos registrados en el padrón. Para el caso de los aspirantes a candidatos a gobernador, el 2 por ciento de respaldo ciudadano deberá estar distribuido en ese mismo o mayor porcentaje en la totalidad de los distritos electorales.
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[/accordions]LEY ESTATAL DE JUVENTUD
Con la reciente aprobación de la Ley de Juventud del Estado de Quintana Roo, los jóvenes quintanarroenses cuentan con mayor certidumbre para participar en la toma de decisiones que les permitirán vislumbrar un mejor futuro en una de las etapas del desarrollo más importantes del ser humano, expresó el diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos de la XIII Legislatura. La nueva Ley contiene un título dedicado al Congreso Juvenil del Estado, que tiene como propósito de brindar a los jóvenes del Estado, un espacio de análisis y expresión en el cual puedan dar a conocer sus propuestas para mejorar el marco normativo estatal; estableciéndose los lineamientos a seguir para su instauración; asimismo, se señala que la celebración de este Congreso no se llevará a cabo en los años en que exista proceso electoral estatal. La rectoría de esta nueva Ley le corresponde a la Comisión para la Juventud y el Deporte del Estado de Quintana Roo (COJUDEQ), órgano competente para su ejecución y aplicación; así también, se incluye la participación directa en la atención de la Juventud, a cada uno de los Ayuntamientos del Estado.
ESPECIALISTAS ENRIQUECEN INICIATIVA DE LEY PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La XIII Legislatura del Congreso del Estado recibió importantes propuestas de la sociedad civil y de organizaciones en pro de las personas con discapacidad, que permitirán enriquecer la iniciativa de Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad que preparan los diputados del Congreso del Estado. Especialistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil acudieron al Foro de Consulta convocado por los diputados del Congreso del Estado, para exponer y abonar sus propuestas a la iniciativa, que busca fortalecer el marco jurídico que actualmente promueve, protege y asegura el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. El consejero de la Organización Nacional de Personas con Discapacidad Emmanuel Cárdenas Rojas, quien cuenta con una amplia experiencia en el área de derechos humanos, en proyectos de alto impacto social, particularmente en el rubro de derechos de las personas con discapacidad; destacó que el proyecto de la Ley que prepara la XIII Legislatura, es uno de los más avanzados y vanguardistas a nivel nacional. De aprobarse, la propuesta será la punta de lanza para otros Estados que quieran armonizar su legislación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por su parte Gabriela Martínez, quien es Directora Nacional de Movimiento Asociativo, celebró el proyecto de la Ley y la participación de las personas que aportaron su experiencia y conocimientos mediante las ponencias en dicho foro, pues permitirá construir una legislación social que atienda a las personas con discapacidad como sujetos de derechos. La diputada Yolanda Garmendia Hernández, presidente de la Comisión de Equidad y Género de la XIII Legislatura, explicó que estos foros permitirán ciudadanizar un proyecto de Ley, cuyo objetivo es el de actualizar la normatividad vigente y dotar al Estado de mayores elementos jurídicos para el establecimiento de nuevas y mayores políticas públicas necesarias para la atención de este grupo vulnerable.
sP� r = �}= s lo mismo legislar sobre una “actividad de interés público”, que sobre un “servicio público”.
Algunos legisladores antes de conocer los contenidos de la iniciativa se han lanzado en su contra; ponen de pretexto la soberanía del Congreso y una supuesta suplantación de la función legislativa. Es absurdo invocar ese argumento, pues se trata de la elaboración de una iniciativa, y el Presidente está facultado para presentar las que considere convenientes; el Congreso puede y debe darle la dimensión que quiera, tal como lo hizo con la reforma educativa. En el fondo de ese planteamiento se anida la resistencia de los intereses afectados, cuyos personeros se disfrazan de senadores o de diputados.
Por ello no faltará quien en las cámaras quiera detenerla o reducirla; esas presiones han estado durante la discusión misma en el mecanismo negociador del Pacto, y bajo sus correas de transmisión tanto en una parte del PAN como en el PRI-gobierno, las televisoras han logrado de entrada achicarle propuestas, mermarle efectos inmediatos. Lo que se antojaría constatar de quienes invocan la soberanía congresional son planteamientos que eleven la reforma hacia las mejores prácticas internacionales, que traten de mejorarla, robustecerla. Que la valentía se despliegue en favor de los ciudadanos, no de las televisoras. Y ahí sí, pago por ver.
No hay duda: el valor de la iniciativa es el consenso político que logra de entrada en temas trascendentales del derecho a la información. El reto monumental es la ley secundaria, pues varios temas que de manera ambigua se tratan en los artículos transitorios, deben ser definidos y especificados en ésta. Quienes estamos a favor de esta causa en el Congreso mexicano tendremos dos tareas: atajar los intentos por derribarla y luchar por darle un contenido mayor. Además esa ha sido siempre nuestra batalla.
