Actividades del Congreso del Estado de Quintana Roo
A partir de la aprobación de la reforma política, el Congreso del Estado deberá realizar modificaciones a la Constitución local para cambiar la fecha de la jornada electoral de la elección de gobernador, diputados locales y miembros de Ayuntamientos a partir del 2015, así como modificar el inicio y demás fechas del proceso electoral y para incluir la reelección de diputados locales y Ayuntamientos. Para iniciar estas modificaciones, la XIV Legislatura esperará a que el Congreso de la Unión expida las leyes generales de la materia, lo cual deberá hacer a más tardar el 30 de abril de 2014.
De acuerdo con el dictamen aprobado, la reforma política incluye ahora la figura de gobierno de coalición, permite la ratificación de nombramientos hechos por el Presidente de la República respecto a los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Hacienda. En este rubro se hicieron modificaciones a la naturaleza jurídica de la Procuraduría General de la República (PGR), despolitizando cualquier proceso y haciendo más efectiva la procuración de justicia, al transformarse la PGR en Fiscalía General con dos especialidades: delitos electorales y combate a la corrupción.
También se aprobó la reelección legislativa a nivel federal y local, así como de ayuntamientos y el cambio de fecha para adelantar la toma de posesión del titular del Poder Ejecutivo Federal. En materia electoral, la reforma aprobada transforma el Instituto Federal Electoral en Instituto Nacional Electoral, organismos que asumirán funciones del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) como: capacitación electoral, geografía electoral, padrón y lista de electores, ubicación de casillas y designación de los funcionarios de las mesas directivas, fiscalización de ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos.
En tanto se aprueben las leyes generales derivadas de esta reforma político-electoral, el IEQROO continuará ejerciendo estas funciones en calidad de delegación, además de conservar las funciones de educación cívica, regular derechos y el acceso a las prerrogativas de candidatos y partidos políticos, preparación de la jornada electoral, escrutinios y cómputo, declaración de validez de elecciones, entre otras.
En cuanto a los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del IEQROO, éstos se incorporarán al Servicio Profesional Electoral Nacional. Los actuales consejeros electorales del IEQROO y magistrados del TEQROO continuarán en sus funciones hasta en tanto se designa a los nuevos consejeros y magistrados electorales, que ahora corresponderá a los integrantes del nuevo Consejo General del INE y al Senado de la República, respectivamente
Trabajan diputados por justicia pronta y expedita en QR
Los dictámenes de las iniciativas de Ley de Atención a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos y la Ley de Justicia Alternativa, que forman parte del marco jurídico del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, podrían ser sometidos a consideración del Pleno del Congreso del Estado en las primeras sesiones del Segundo Periodo Ordinario que inicia 15 de febrero.
A finales de 2013, el Congreso del Estado decretó la aprobación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, la del Poder Judicial, la Ley de Defensoría Pública y la Ley de Seguridad Pública, todas son legislaciones necesarias para la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que entrará en vigor el 10 de junio de 2014. Para el correcto funcionamiento de los operadores del nuevo sistema de justicia penal, se requiere contar con toda la legislación armonizada, pues cada una de las leyes están vinculadas entre sí.
La iniciativa de Ley de Atención a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos, prevé medidas de ayuda, asistencia y atención, así como de acceso a la justicia a las víctimas, en cumplimiento a los principios rectores propios de un sistema garantista. Dichas medidas se ofrecerán gratuitamente y con independencia de que se haya interpuesto o no una denuncia por los hechos victimizantes. Además, la iniciativa propone la creación de un programa de protección de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos, testigos y servidores públicos que aplican la ley.
En el caso de la iniciativa de Ley de Justicia Alternativa, busca hacer factible el acceso a las personas físicas y morales a los medios alternos de solución de conflictos, procurando facilitar y promover en la sociedad una cultura de consenso y armonía en la convivencia, así como establecer los principios, bases, requisitos y condiciones para aplicar los medios alternativos a la justicia ordinaria, mediante un procedimiento ágil y sencillo bajo el principio de voluntariedad.
