Por: Luis Carlos Ugalde
Nadie “pela” a la ASF. Así lo expresó el diputado José Luis Muñoz Soria (PRD), presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y responsable de dar seguimiento a las auditorías y promoción de sanciones que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Lo dijo cuando se publicó el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, el documento para saber cómo se gastan los recursos públicos en México en términos de legalidad, transparencia y eficacia.
La lista de presuntas irregularidades muestra que mayor gasto no significa mejor gasto. Que la celebración que hizo la Cámara de Diputados cuando aprobó el presupuesto de 2012 (en diciembre de 2011) por una votación a favor del 92 por ciento fue sólo eso, una celebración política, pero que nadie se ocupó después de dar seguimiento al ejercicio transparente, legal y eficaz de ese presupuesto.
Así ocurre cada año: se celebran montos aprobados sin garantizar que después se ejerzan correctamente. La Auditoría encontró que los gobiernos estatales desviaron más de 40 mil millones de pesos de fondos federales destinados a educación, salud, el seguro popular y seguridad pública. Muy grave resulta que una vez más el Congreso peca de enorme opacidad. Se encontró que los coordinadores de los grupos parlamentarios gastaron a discreción 2 mil 179 millones de pesos sin comprobar su uso.
Asimismo, se detectó que entre 2006 y 2012 la deuda pública fue subreportada: en lugar de reportar que ésta ascendía a 7.7 billones, el gobierno reportó que sólo eran 5.5 billones, una diferencia de 2.2 billones de pesos. Otro ejemplo de estas irregularidades es la construcción de la autopista Durango-Mazatlán, la cual se concluyó tres años después de lo previsto con un sobrecosto de 163 por ciento (14 mil millones por arriba del costo estimado).
Aunque se trata de observaciones que podrán ser solventadas en los siguientes 30 días, el caudal de hallazgos muestra dos cosas: que el ímpetu del Congreso mexicano en los últimos 15 años para aumentar el gasto y dar más dinero a las entidades del país no se acompañó del mismo ímpetu para garantizar la calidad de ese gasto. Y dos, que al amparo del federalismo y del pluralismo, la corrupción, el desvío de recursos y el clientelismo presupuestal se han incrementado.
Cada año, los medios dedican dos o tres días a reportar el escándalo, mientras diputados usan la tribuna para acusar a sus adversarios. Pero días después todo se olvida sólo para despertar el año siguiente con la misma cauda de irregularidades. Seguramente ahora no será diferente y la captura de El Chapo Guzmán contribuirá a que el episodio se olvide pronto, lamentablemente.
El Congreso tiene ahora la obligación política de dar seguimiento al desahogo de las observaciones y garantizar que haya castigos a los responsables de gastar mal o de desviar recursos. Hay tres vías de sanción: a) la resarcitoria, que ejecuta directamente la ASF al recuperar fondos que son reintegrados a la Hacienda Federal; b) la administrativa, que debe realizar la Secretaría de la Función Pública para sancionar a los servidores públicos mediante amonestaciones, sanciones económicas, inhabilitación y destitución del puesto; y c) la penal, que debe procurar el Ministerio Público y órganos jurisdiccionales para meter a la cárcel a servidores públicos o particulares que hayan cometido un delito en el desempeño de sus funciones.
Juan Manuel Portal, el auditor superior, anunció que se presentaron 147 denuncias penales. ¿Cuántos funcionarios acabarán en la cárcel y purgarán su culpa? Muy pocos o ninguno, si nos atenemos a los datos de los últimos años. El gran problema de la fiscalización en México es que la ASF lleva a cabo un trabajo profesional de revisión técnica del gasto, pero sus observaciones no tienen consecuencias porque la Cámara de Diputados y las instancias sancionadoras no hacen su trabajo correctamente.
La Comisión de Vigilancia debe ser la caja de resonancia política para exigir que el Ministerio Público y la SFP cumplan su mandato. La lógica de que un miembro de oposición presida esa comisión, tradición que empezó en 1994 cuando un diputado del PAN (en un gobierno priísta) ocupó por primera vez esa responsabilidad, no ha detonado una labor profesional y eficaz para que haya castigos al mal uso del gasto público. Mientras la fiscalización no tenga consecuencias, el mal gasto público seguirá siendo un crimen sin castigo.
