La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) respecto de los 300 empresarios, entre ellos el expresidente Vicente Fox, que habrían evadido el pago de impuestos por honorarios asimilados a salarios –por más de 7 mil 44 millones de pesos– continúa avanzando, reveló el doctor Santiago Nieto Castillo.
Para el experto, un país no se puede construir a partir de la defraudación fiscal o de mecanismos que buscan ganancias inmediatas, por lo cual se busca sancionar a los responsables de estos crímenes de cuello blanco. “¿Qué estamos haciendo? La revisión de las empresas que nos ha mandado el Servicio de Administración Tributaria y en caso de que encontremos temas de lavado de dinero o de algún delito predicado, evidentemente proceder ante las instancias competentes”.
Consultado por Contralínea durante la conferencia de prensa de esta mañana en Palacio Nacional, el titular de la UIF explicó que en total son 977 los contribuyentes a los cuales se les está dando seguimiento en la Unidad que depende de la Secretaría de Hacienda.
“La maestra Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria, me envió una información de 977 empresas que ellas y ellos habían detectado en el SAT como casos de defraudación fiscal o de EFOS: empresas que facturan operaciones simuladas. Estamos haciendo la revisión de los primeros casos porque nos parece fundamental que venga una sanción en el ámbito administrativo y en el ámbito penal.”
Como se recordará, el 31 de julio de 2019 Contralínea reveló la lista de los 300 empresarios investigados por la UIF, que encabezaba el expresidente Fox con adeudos al fisco por 15 millones de pesos.
El doctor Nieto Castillo apuntó que el gobierno de México está comprometido con la inversión, el desarrollo y todos los grupos sociales. “Así lo ha planteado el presidente de la República [Andrés Manuel López Obrador]. Sin embargo, deberíamos de preguntarnos si realmente lo más importante –como fue en los sexenios anteriores y por lo menos en los últimos años– para una empresa es su sistema de contabilidad o su sistema de producción de los productos que comercializan”.
El titular de la UIF expuso que en la escala de costo-beneficio, las pérdidas fiscales por privilegiar la contabilidad fueron del orden de 324 mil millones de pesos anuales. Por ello, conminó a los mexicanos a “preguntarnos si realmente en una sociedad democrática debe ser más importante el sistema fiscal para evadir impuestos y comprar facturas falsas o los mecanismos de protección de los trabajadores y de producción”.
Observó que, desde su punto de vista, “es más importante la producción, el producto de la empresa, que el sistema contable para evadir impuestos. Déjame plantearlo así: así no se construye un país, a partir de la defraudación fiscal o de mecanismos para el único objeto de tener una ganancia inmediata”.
En los temas del outsourcing ilegal, las empresas fachada y las factureras están los actos de corrupción, aseguró. “La empresa fachada es un ataque directo al empresariado mexicano, porque la contratación gubernamental se iba a estas empresas fachada y entonces ya no era el diezmo o el moche, era el ciento por ciento del recurso que terminaba en transferencias electrónicas de estas empresas que se disolvían a los meses y en las que estaría el dinero en efectivo”.
El titular de la UIF aseguró que ahora la apuesta del gobierno de México es estimular el desarrollo de la empresa. “Evidentemente sigamos aumentado la inversión privada; sin embargo, sí hay que combatir este tipo de prácticas porque, si nos damos cuenta, el hecho de que una empresa facture 34 mil millones de pesos al año implica, sí, que sus dueños van a tener un gran nivel de vida. Sin embargo, el estar eludiendo el pago de impuestos, el estar evadiendo 324 mil millones de pesos por facturación simulada impide que haya dinero en las arcas públicas para efecto de poder tener más programas sociales que aminoren la desigualdad, o poder tener mejores comunicaciones o poder mejorar el simple paso por la calle”.
Consultado por Contralínea sobre estas investigaciones, el presidente López Obrador indicó el pasado 19 de febrero que la Procuraduría Fiscal “es la que está llevando estos asuntos que están en tribunales, algunos ya resueltos, otros en proceso”. Y se comprometió a pedir un informe.
Una semana después, el 26 de febrero, el mandatario respondió a Contralínea: “Ya me entregaron un reporte, no completo. Va a venir aquí con ustedes el procurador fiscal a informarles lo que se pueda dar a conocer por el debido proceso, porque en muchos casos hay amparos o juicios en el Poder Judicial; pero sí informarles más que denunciar, porque eso lo tenemos que hacer ante la Fiscalía.
Agregó: “me gustaría que el SAT y la Procuraduría Fiscal les informaran de cuánto hemos recuperado voluntariamente, es decir, de quienes quisieron regularizarse antes de que se aplicara, que entrara en vigor la ley sobre las facturas falsas. Hubo personas que decidieron ponerse al día, al corriente, eso vamos a probarlo, a demostrarlo, y llamamos a todos a que contribuyan, que ayuden como lo han venido haciendo. Entonces vamos a pedirle a la directora del SAT que presente el plan de recaudación, y cómo se está avanzando en evitar la evasión fiscal”.
López Obrador también celebró “que el Congreso haya aprobado el que se erradique, que quede prohibida la condonación de impuestos, que era una de las prácticas más recurrentes para hacer valer el influyentismo.
Era muy injusto, pero mucho muy injusto el que todos pagaran impuestos, el pueblo raso porque al comprar una mercancía ahí iba incluido un impuesto, el IVA, desde luego los profesionales, los comerciantes, los pequeños, medianos, grandes empresarios; pero había una élite que no pagaban impuestos, les condonaban miles de millones de pesos. Una gran injusticia.
Entonces, ya se terminó, porque ahora en el artículo 28 de la Constitución, así como están prohibidos los monopolios, está prohibida la condonación de impuestos”.
Y criticó que en el pasado la atribución del perdón fiscal la tenía el presidente de la República y el secretario de Hacienda. “Se llegó al caso de que la diferencia entre una empresa exitosa y una empresa menos exitosa, era que la empresa exitosa no pagaba impuesto, no generalizo, pero empresas del mismo ramo; una muy bien porque tenía influencia y no pagaba impuestos, la otra empresa, del mismo ramo, con pocas utilidades o sin utilidades porque pagaba impuesto”.
El presidente agregó que por ello proliferaban los despachos de fiscalistas “que hacían su agosto no porque fuesen buenos abogados, sino porque eran muy buenos para el influyentismo; además todo se resolvía arriba”.
Por Nancy Flores. Con información de Contralínea y la Conferencia de Prensa de la Presidencia de la República
