Seis organismos empresariales del estado, exigen agilizar procesos para inhibir el delito patrimonial
DESPOJOS INMOBILIARIOS. Donde antes se encontraba el Hotel Parayso ahora se encuentra el restaurante Rosa Negra. Así de ominosa ha sido la historia del despojo que se comenzó a gestar en junio de 2016 en contra de por lo menos 17 propietarios en Tulum. Una historia en la que el sistema jurídico mexicano ha sido expuesto y que exhibe muchos de los visos de corrupción e ineficiencia en la procuración de justicia en el país.
Los propietarios han señalado que el exgobernador Roberto Borge pudo haber jugado parte en el despojo.
De acuerdo con información publicada, en el sexenio de Borge (2011-2016), magistrados, jueces, funcionarios estatales y municipales, y actuarios, formaron parte de una red que despojó de 44 hoteles y 19 terrenos en Tulum utilizando documentos y contratos de arrendamiento falsos.
Borge fue detenido en 2017 en Panamá, en la víspera del primer aniversario del despojo en Tulum, acusado de actos de corrupción por parte del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. En 2018 fue extraditado a México y por ahora ha sido vinculado a proceso por la concesión irregular de carritos de golf en Isla Mujeres.
Los hoteleros despojados de Tulum mantienen la esperanza del compromiso de los principales integrantes del poder en México. Pero no solo en ese polo turístico se dieron los infames despojos, de hecho, se sabe que en 2020 se presentaron cerca de 400 denuncias de despojos en Quintana Roo, por lo que seis organismos empresariales e instancias gubernamentales suscribieron un convenio de colaboración que, aseguran, agilizará la atención de este delito.
Estos delitos se registran principalmente en los municipios de Benito Juárez y Tulum, donde se han falsificando contratos y títulos de propiedad para consumar los fraudes en los que la autoridad judicial ya tiene definidos los patrones de los perfiles delictivos y de las víctimas, así como el modus operandi.
El tema va desde el despojo violento que afecta a la propiedad privada hasta la furtiva, pasando por el uso de documentos falsos o con la participación de instituciones, que inicia con una mentira que se hace una verdad real.
Datos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), señalan que también se simulan adeudos de trabajadores, que se convierten en supuestos juicios laborales en los que se designa una propiedad en garantía y se asigna a través de procesos laborales y civiles, por lo que ya se tienen despachos jurídicos identificados que de manera sistemática se dedican a asuntos de despojo.
Convenio de Colaboración Empresarios FGE
El convenio de colaboración se llevó a cabo en la asamblea mensual del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE) cuyo vicepresidente, James Tobin, explicó que el despojo es un delito que ha lacerado por años al estado sin que se hiciera nada por detenerlo; ese delito patrimonial, se ejecuta incluso utilizando poderes notariales otorgados en otros estados del país. En el mismo sentido se pronunció Miguel Angel Lemus, presidente de AMPI.
Según se explicó, el acuerdo suplirá la denuncia legal para atender el caso de inmediato, pues le dará participación a la ciudadanía para señalar el caso y que la autoridad localice al propietario o poseedor legal, lo cual dará certeza a todos los actos de la autoridad soportados por las cámaras empresariales y la sociedad civil.
Una de las modalidades más difundidas del delito de despojo es el relativo a la invasión de predios, el cual puede incluir la modalidad de violencia, ya sea física o por amenazas. Al respecto, algunas voces señalan que “la SCJN ha precisado los alcances del tipo de despojo al señalar que se trata de un delito doloso en el que el sujeto activo debe querer y entender la conducta, debe querer sustituir al poseedor en sus derechos y no solamente ingresar al inmueble”.
Despojos inmobiliarios: simulan juicios laborales para adjudicarse propiedades en Quintana Roo
