Editorial Diciembre 2008 – Enero 2009

A veces sentimos que combatir la corrupción significa una lucha perdida de antemano. ¡Cómo no pensarlo cuando un día sí y el otro también, nos enteramos que funcionarios públicos federales, estatales o municipales se sirven a lo grande con los dineros públicos! ¿Será que nunca podremos librarnos de la corrupción? ¿Acaso estamos condenados de por vida a la deficiencia, estancamiento económico, político y social que conllevan los altos índices de corrupción?
Tanto escuchamos que éste cáncer es un problema añejo, que la mayoría hasta salimos convencidos que forma parte de nuestra cultura, de ser así, entonces empezamos mal. Sí hay soluciones. Tal vez no las queremos ver o no las queremos aplicar. Investigadores del tema aseguran que en México hay lugar para el optimismo. Al hablar de corrupción, dependiendo de la situación y de los interlocutores, o se exagera pintando un panorama negro sin solución, disculpándolo como naturaleza humana, o bien excusándola como la herencia de otras épocas, entre más lejana mejor, digamos la Conquista, por ejemplo.
¿Hay forma de controlar el disparatado comportamiento de muchísimos presidentes municipales, gobernadores, diputados, regidores, directores de área, delegados y demás componentes de la administración pública? Indudablemente no es una respuesta sencilla, pero se dieron los primeros pasos cuando se aprobaron las diferentes leyes de transparencia, así como la creación de los institutos encargados de aplicarla.
Eso sí, en Quintana Roo no tuvimos suerte: luego de que un entusiasta grupo de empresarios, medios de comunicación y organizaciones civiles logramos en 2004 la aprobación de la ley en nuestro Estado y posteriormente nació el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), sus integrantes, pero en especial su presidente, se movió en medio del escándalo, con ofensivos dispendios que lastimaron aún más por tratarse, paradójicamente, del organismo que nos daría certidumbre y claridad en la aplicación de las cuentas públicas.
Para fortuna de nuestro Estado, dicho personaje renunció y ante su ausencia, la Legislatura recién nombró al abogado Iván Manuel Hoyos como nuevo Presidente del ITAIP, ¿qué nos espera? Puede resultar igual o peor, pero la verdad es que Iván Manuel tiene en sus manos la responsabilidad de resarcir, de ahora sí acreditar un instituto bastante lastimado y, tiene también la oportunidad de hacernos sentir que no todo está perdido, que sí hay solución o que al menos pondrá todo de su parte para no pensar que la lucha contra la corrupción es una lucha perdida…

Yvette Hesse

Dirección General