Christoph Harnisch, delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja, habla de su preocupación por el escenario de violencia que vive el país
El Comité Internacional de la Cruz Roja lleva cincuenta años en Colombia y ha visto las mutaciones y las distintas formas en que la población ha padecido a varios grupos armados. Christoph Harnisch (Suiza, 1958), su actual delegado, lleva cinco en el país y alerta sobre un nuevo escenario de mayor complejidad.
El diplomático, que fue intermediario neutral en las negociaciones en La Habana a solicitud del Gobierno de Colombia y las Farc, habla con EL PAÍS sobre las actuales dimensiones del conflicto; del aumento de un 300 por ciento de las víctimas de artefactos explosivos improvisados, que pasó de 57 en el 2017 a 221 en 2018, sobre su preocupación por cómo los migrantes venezolanos son aún más vulnerables en medio del conflicto y de los desafíos de la búsqueda de desaparecidos.
Pregunta. ¿Cuál es la situación del conflicto armado después del acuerdo de paz? ¿Se mantiene o ha empeorado?
Respuesta. El CICR nunca ha utilizado la palabra posconflicto. La realidad de muchos países en conflictos no se puede resumir en estas categorías intelectuales, es mucho más compleja. Y nunca hay que olvidar que la idea fundamental de este acuerdo de paz fue que la paz no es la firma, es construir algo durante años y años y años. Por eso nosotros siempre preferimos utilizar el término pos acuerdo. Ya sabíamos que solamente un acuerdo con una parte, con las FARC, pero no con la otra, iba a ser una paz parcial. Entendemos y entendíamos que había un interés político de proyectar una imagen de un país en paz, lo cual sería muy bueno. Ahora, lo que hemos visto con presencia en el terreno nos muestra otra realidad. Había esperanza en muchas de esas zonas muy dejadas por años y no hubo estabilización. Y en esas zonas hubo una situación peligrosa que es el desarrollo de lo que es ilegal. Esto afectó la población civil.
P. ¿Cuáles son las violaciones que más les preocupan?
R. No es que el CICR quiera ser ave de mal agüero, son simplemente observaciones que hacemos. Hay intimidación, amenazas, restricción de movilidad, artefactos explosivos improvisados y enfrentamientos. Eso no quiere decir, como me critican algunos: ¡ah entonces para usted la paz no fue útil! La paz fue muy útil, pero hay que reconocer una realidad para muchas personas que están en estas zonas. Vemos con preocupación también el desplazamiento individual por razones de amenazas. Son las mismas violaciones al DIH del pasado.
P. ¿Por qué habla de cinco conflictos armados actualmente?
R. Hemos visto que están presentes las mismas prácticas de control social del pasado, en las que se les dice a los campesinos si pueden trabajar o no. Y en las zonas donde hubo voluntad de cambiar cultivos ilícitos por lícitos se presentó un choque entre los campesinos y los grupos que tienen la posibilidad de influenciar de manera negativa a la población. Para nosotros, el enfoque no es jurídico sino humanitario. Por eso hablamos de cinco conflictos.
P. ¿Cuáles son y cómo operan?
R. Primero, está el actor con el que hubo negociaciones de paz, (la guerrilla) del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ahí vimos fortalecimiento en regiones como Chocó, Nariño, Cauca y Catatumbo. El segundo conflicto armado es con la estructura del Clan del golfo. Muchas veces dicen, bueno ellos no tienen una motivación ideológica, para nosotros eso no es un criterio, lo importante es que esos grupos están en terreno y afectan a la población civil. El tercero, es el EPL (Ejército Popular de Liberación), que es una estructura que en el 2016 estaba bastante débil y se fortaleció desde 2017. En cuarto lugar está la situación que ocurrió en la última fase de La Habana. Algunos de las FARC, concretamente del Frente 1, 7 y 40. En este, hemos tenido largos meses de análisis. ¿Qué es esto, en términos jurídicos? Porque las Farc ya fue un grupo insurgente que no se puede llamar un grupo armado. Ahí la prensa inventó el término disidencias o grupos residuales. Para complicar todo, hubo enfrentamientos entre el ELN y el EPL, y así hicieron el quinto conflicto armado.
P. ¿Todos atravesados por la coca?
R. Lo que pasó después del inicio de 2017 es que estos grupos se habían preparado para lo que venía después de la eliminación en la geografía militar de las Farc y ahí vimos un reagrupamiento y la pelea por el dinero rápido o las economías ilegales, no solo coca sino también la minería ilegal. Un campesino que quiere cambiar de la coca al café, a la yuca, no puede hacerlo en muchas zonas porque si lo intenta tiene problemas con estos grupos, o bandas, que en algunos casos son pequeños.
P. Es decir, lo mismo del pasado pero con grupos dispersos
R. Lo nuevo en Colombia es que no hay una dimensión nacional en el conflicto armado, hay micro regiones con dinámicas que no tienen mucho que ver unas con otras. Es una situación más compleja en donde la pregunta fundamental es cómo proteger a las poblaciones y neutralizar las economías ilegales. Ese es el gran dilema del Estado colombiano, y no depende de un gobierno. Además, el pasado era más sencillo en términos de análisis: todo mundo conocía los frentes, bloques, comandantes de las Farc; hoy pasa eso con el ELN, pero el tema se complica en las fronteras. Hay una fragmentación, un análisis mucho más difícil de lo que son esos grupos, los civiles muchas veces nos dicen que no saben quiénes son. Y eso es muy diferente del pasado. Entonces estamos entrando en una nueva cara del conflicto, la cara de estos grupos es más difícil.
P. La atención está en las disidencias, ¿pero cuáles son los que afectan más a la población?
R. Todos utilizan artefactos explosivos improvisados y sus peleas para la reorganización de rutas ponen en riesgo la población. El efecto es el confinamiento, accidentes, heridos, y este es el aspecto más triste porque afecta a los niños, a los campesinos. En Colombia siempre se habló de reclutamiento forzado de menores; hoy estos grupos no utilizan la fuerza sino el dinero. Es una nueva dimensión. Esas dinámicas ponen en contradicciones muy duras a las familias por la pobreza en la que se encuentran.
P. ¿Cómo ha sido la respuesta del actual gobierno?
R. Es un poco temprano para evaluar los éxitos y las dificultades. Con todas las críticas que se pueden hacer, es mucho más complejo que en el pasado. El del ELN y las Farc fue un conflicto muy tradicional. Diría que la respuesta debe ser con esfuerzos muy contextualizados. No se puede hacer un plan nacional que implemente de la misma manera en todo el país, porque el Catatumbo, Nariño o Chocó son totalmente diferentes. Cabe destacar muy claramente que no es responsabilidad de un solo gobierno. La situación fue compleja ya en 2017, no es una acusación al gobierno que no hace suficiente. Lo que sí es que se necesitan respuestas. La gente nos dice, es importante que ustedes vengan, para ver lo que pasa, pero no es suficiente.
P. Ha insistido en poner el foco en los desaparecidos
R. En el marco del acuerdo de paz se habló de la necesidad de dar recursos para los más de 80 mil desaparecidos, o tal vez más, y hoy lo que nosotros sabemos es que siguen desapareciendo personas por el conflicto armado. Desaparece una persona cada cuatro días.
P. Se esperaba que el pos acuerdo permitiera a acceder a información para encontrar desaparecidos.
R. Estamos trabajando fuerte en eso. Para este tema es importante que tengamos la información más actualizada sobre sitios de entierro, no solo de combatientes, sino de civiles. Hubo resultados buenos en 2017 y 2018. Ahora hay ciertos miedos de hablar de estos temas.
P. ¿Por qué?
R. Primero, muchos de los exguerrilleros se dispersaron; también hay temor a palabras como inseguridad jurídica, y claramente lo que pasó a nivel nacional (se refiere a la fuga del excomandante de las Farc, Jesús Santrich) impactó a estas personas. Tercero, los primeros casos de asesinatos de ex Farc.
P. Usted había alertado por falta de presupuesto en la Unidad de Búsqueda de personas Desaparecidas
R. Apoyar la Unidad de Búsqueda debe ser un objetivo estratégico, porque tendrá el papel de encontrar, con una organización extrajudicial y humanitaria, los desaparecidos durante al menos 30 años. El primer punto positivo es que existe y tiene recursos pero no son suficientes. La Comunidad Internacional ayuda de manera eficaz, lo que hace falta es la voluntad del Estado de priorizar esto y no simplemente decir nosotros tenemos dudas sobre ese sistema integral. No, en este tema de los desaparecidos no debe existir polarización. Todo el mundo está de acuerdo en que esta es la tarea de la sociedad colombiana de los próximos años y entonces hay que darle apoyo a la Unidad. Entendemos las dificultades del presupuesto, pero presupuestos traducen voluntad.
P. Pero con un gobierno que no creía en la existencia del conflicto armado, ¿sí habrá interés de encontrar los desaparecidos? Eso mostraría las dimensiones de lo que pasó.
R. Ese debate sobre conflicto armado nunca ha sido útil. Estas situaciones necesitan un fondo político, pero claramente si detrás de este debate hay una voluntad de no implementar, eso sería lamentable. No sé si estamos en esa situación, pienso que no, pero hay unos elementos de duda que tendrían que ser esclarecidos. Se sabe muy bien que los gobiernos siempre quieren disimular con el tema de los desaparecidos porque es doloroso para toda la sociedad y entendemos que ahí hay opiniones divergentes. Lo que hay que aprender es que tenemos una Unidad de Búsqueda que forma parte del sistema integral y eso es un logro inmenso.
Por Catalina Orquendo con información de El País
