La copio-manía del legislador mexicano

copiomaniaEn el devenir histórico nacional resulta clara la inactividad e incapacidad de los legisladores mexicanos para desarrollar un verdadero sistema jurídico mexicano. Ello nos ha dejado una gran cantidad de figuras jurídicas y organismos públicos ineficaces e inservibles que solamente generan gasto público como parte de la “empleomanía”, término acuñado por el escritor José Agustín a mediados de los noventa en sus famosas tragicomedias mexicanas.
Como un claro ejemplo de lo anterior, podemos enumerar diversos actos y/o leyes que han sido producto de la “copio-manía” del legislador mexicano, como lo es el resultado  de la primer Constitución Federal emanada del constituyente de 1824, que generó una carta magna plagada de figuras legales emanadas de las constituciones de Estados Unidos y Francia, adoptando un sistema liberal, republicano y representativo para un país naciente que no tenía la estructura ni el conocimiento necesario para poder definirse como un país federalista.
Lo mismo ha sucedido con diversas reformas en el devenir jurídico de México, ya que hemos importado y posteriormente tropicalizado una gran cantidad de  normas jurídicas propias de países desarrollados o con características económicas y geopolíticas distintas a las nuestras.
En este orden de ideas, hemos suscrito tratados internacionales que nos obligan a incorporar normas modelo que benefician a los grandes capitales e intereses mundiales, situándonos en un país vanguardista en contenido legal, pero sin la infraestructura y capacitación suficiente para poder enfrentar los cambios del desarrollo de la sociedad de la información que actualmente rige la conducta de los gobernados.
Ejemplos de ello existen en todas las materias, como pueden enumerarse la reforma educativa promovida en el sexenio foxista para hacer obligatoria la educación preescolar, sin tener la suficiente capacidad en infraestructura y personal acreditado para atender a todos los estudiantes de ese sector.
De igual forma, en el ánimo de que la hacienda pública mantenga un verdadero control de la información fiscal de los gobernados se crearon diversos proyectos como el de la CURP y la Cédula de Identidad Ciudadana que fueron abandonados por diversas administraciones centrales, para darle paso a la creación del sistema de facturación electrónica en el que coexisten diversos ordenamientos nacionales y tratados internacionales para hacer efectivo el uso de la firma electrónica en el control de los ingresos y egresos de los particulares.
Sin embargo, dicha reforma fiscal se contraviene con las normas de reciente creación mediante las cuales se protege la información de carácter personal en poder de los particulares, ya que prácticamente se permite que existan terceros auxiliares de la hacienda federal que capturen dicha información de los contribuyentes almacenándola para que la Secretaría de Hacienda finalmente realice el cruce de esta teniendo el control de los movimientos de cada empresa, sin considerar que los movimientos económicos y financieros de los particulares pueden considerarse como información confidencial, cuyo uso indebido por parte de los particulares que auxilian a la hacienda pública puede afectar a los gobernados.
Hoy en día, estamos inmersos en un novedoso sistema penal oral, que elimina diversas garantías como el “careo”, la “libertad bajo caución”, así como la “prueba indiciaria” que  durante muchos años han logrado que el sistema penal mexicano permita a los presuntos responsables defenderse de cualquier acción infundada en su contra.
Sin embargo, esta reforma penal que fue importada de otras legislaciones y vendida al poder legislativo como la solución al corrupto sistema judicial mexicano, únicamente generará más afectación a los querellantes o víctimas, ya que al ser el Ministerio Público, -en su mayoría corrupto y falto de preparación- quien lleve la representación oral de éste, es probable que los delincuentes tengan mayores posibilidades de quedar en libertad por la falta de capacidad del representante social.
No cabe duda que en México queda aún mucho por hacer en materia legislativa para elaborar verdaderas leyes a la medida de los mexicanos, y para ello, requerimos de legisladores capaces y con un sólido conocimiento del derecho, situación que está muy alejada de la realidad, lo que nos muestra el fallido sistema de selección de legisladores en México que a su vez fuera importado por el legislador anterior.