La actual crisis económica internacional, desde la perspectiva de algunos conocedores del tema, la identifican con un impacto mayor a la depresión de los años treinta, que a la postre significó la mayor crisis económica del siglo XX.
Sin duda, la velocidad del intercambio y el enorme volumen de la información disponible que aborda esta materia, dificultan que el ciudadano común, y aún los estudiosos, puedan procesarla y asimilarla a favor de tomar decisiones adecuadas y fortalecer criterios de opinión.
De entrada, es innegable que la economía de un país, bajo ninguna circunstancia, es autónoma. Por el contrario, cada día es más interdependiente. La disyuntiva de la globalización ratifica este principio. A su vez, la sinergia de la economía es más acelerada, y su onda expansiva, a favor o en contra, es más extensa y permanente.
Por otro lado, la experiencia nos indica que no existe un blindaje que impida impactos significativos en las economías locales. Al propio tiempo, los gobiernos, en razón de su complicada estructura funcional y su compleja normatividad, se ven limitados para operar con la mayor velocidad y competencia, las medidas emergentes que demanda la reactivación de la economía.
Finalmente, la incidencia, cada vez mayor, de capitales orientados a una práctica especulativa, subyugan a la inversión y a la productividad, cualidades indispensables para un sano desarrollo económico. Así, los mayores efectos se reflejan en el estancamiento del consumo familiar, en la pérdida secuencial de la fuerza laboral, y en la contracción de los sectores productivos.
En el caso específico de México, las iniciativas que ha planteado el Gobierno Federal, no sólo para contrarrestar el impacto de la recesión, cuya fase más aguda se hará tangible en el primer semestre de este año, sino también para convertir la crisis en una oportunidad, tienen que ver con una ponderación realista, específica, mesurable y alcanzable.
En tal virtud, la pertinencia de las medidas propuestas deben orientarse a un manejo de información objetiva, verídica y propositiva, a privilegiar una visión regional, apalancando el gasto de inversión de los programas públicos en estados y municipios. De igual manera, a concretar una enérgica mejora regulatoria, a facilitar los apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas, y a precisar alianzas estratégicas por sectores productivos, las cuales, deberán ser conducidas por los actores involucrados, con la tutela de la autoridad.
En el ámbito legislativo es impostergable una revisión de la reforma fiscal y convenir la reforma laboral, en términos de las condiciones actuales. No menos importante es el establecimiento de un mejor sistema, vigilancia y control de la escalada de precios y tarifas de bienes y servicios, y los mecanismos para acceder a los estímulos para la preservación del empleo y el incremento de la productividad.
Estas medidas compensatorias para mitigar los efectos negativos en el empleo, en la planta productiva y en el bienestar de la población, tendrán plena vigencia toda vez que se aterricen en los contextos específicos de cada región del territorio nacional.
QUINTANA ROO
El plan para mantener la inversión, el empleo y la economía familiar que expondrá el Gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto en sus líneas estratégicas, incluirá, sin duda, las propuestas que los sectores productivos, y en particular el empresariado del sur de la entidad, han elevado a la consideración del ejecutivo como las medidas emergentes que permitirán mantener el ritmo de crecimiento económico y los niveles de bienestar de los quintanarroenses.
De estas propuestas empresariales destacan tres, en razón de que la viabilidad de su aplicación es inmediata, y especialmente porque generan un importante impacto favorable de derrama económica y distribución del circulante, que permea a todos los estratos de la sociedad. La obra pública emanada de los tres órdenes de gobierno, es una herramienta poderosa de reactivación económica. La propuesta estratégica radica en que estos recursos sean ejecutados preferentemente por empresas locales.
La dinámica comercial del estado depende en gran medida, de la adquisición de bienes y servicios que realiza el sector público. En consecuencia, la propuesta se orienta a que estas adquisiciones se realicen, prácticamente en su totalidad, con proveedores locales. Para estos efectos, es recomendable la creación de una instancia de coordinación entre el sector público y el privado para programar con precisión, los tiempos y los bienes y servicios que habrán de adquirirse, bajo principios distributivos de equidad, a fin de que todos los prestadores de servicios participen en la medida de su capacidad.
Sin duda, la aplicación de estas propuestas mediante el instrumento financiero de cadenas productivas, será de capital importancia. La tercera propuesta se inscribe en capitalizar el reciente decreto de región fronteriza y franja fronteriza, que incluye la desgravación de las fracciones de origen chino, dándole así un valor agregado a nuestra tradicional actividad comercial. Procede, en consecuencia, instrumentar en lo específico, los mecanismos de este plan, así como los ajustes a que haya lugar, en atención a los retos y oportunidades que vayan surgiendo en este complejo proceso de reactivación económica mundial.
