Petróleo: Privatizar o Socializar

En 1940 fue adicionado el artículo 27 constitucional, para establecer que en materia de petróleo no se otorgarían concesiones ni contratos. Más adelante el artículo 28 precisó que las funciones relacionadas con el petróleo que el Estado realiza de manera exclusiva no tienen carácter de monopolio. Esta es, en síntesis, la situación constitucional de la industria petrolera.
Con el andar del tiempo el petróleo adquirió la naturaleza de tabú político. Las condiciones en las que se produjo la expropiación y el discurso nacionalista que se estructuró en torno a esa reivindicación le imprimieron una dimensión especial en el contexto de las instituciones mexicanas. Cuando se habla de petróleo en México, las palabras tienen una resonancia incomprensible en otras latitudes; entre nosotros se alude a una etapa histórica de heroísmo, al mayor recurso natural de un pueblo pobre y a una institución constitucional. Todo esto ha convertido al petróleo en un símbolo nacional.
El petróleo plantea problemas asociados a su dimensión simbólica. Subestimar la percepción social del petróleo sería un error crucial. Cualquier solución jurídica, financiera y técnica que ignore este factor fracasará, al menos en el corto plazo.
Hace 67 años no eran previsibles todas las circunstancias, internas y externas, por las que atraviesa la industria, entre ellas el alto costo de las tecnologías aplicables a la extracción y la dura competencia internacional. Tampoco se anticipó la magnitud de su participación en la vida económica del país. Hoy sabemos que el desarrollo de la industria implica modernizar su gestión, pero privatizar el petróleo resulta improbable, a menos que el Estado acepte pagar el precio de la inconformidad social.
Ahora bien, las opciones posibles no se agotan con la privatización. Hay otra que, por el contrario, consiste en la socialización de los hidrocarburos. En este sentido existen precedentes que vale la pena considerar. En 1982 la banca fue estatizada y a continuación el artículo 28 constitucional dispuso que «el servicio público de banca y crédito no será objeto de concesión a particulares». Sin contravenir esta norma, en 1983 fue promulgada la Ley del Servicio Público de Banca y Crédito, conforme a la cual el capital de las sociedades nacionales de crédito (los bancos) estaría representado por certificados de aportación patrimonial.
El 66% de esos certificados fue denominado como serie A, y quedó por completo en manos del Estado; el 34% restante, serie B, podía ser suscrito por los gobiernos de los estados, por los municipios, por los trabajadores bancarios y por particulares, con restricciones en cuanto al monto adquirible y a la nacionalidad de los compradores. Sólo el Estado, conforme a la Constitución, ejercía el derecho de voto en cuanto a las decisiones, pero todos tenían derecho a las utilidades.
La imaginativa solución fue apegada a la Constitución porque no hubo concesión a particulares; dentro de lo dispuesto por la norma suprema, la ley facilitó que las sociedades de crédito se capitalizaran, auspició el ahorro y propició que los pequeños inversores mexicanos obtuvieran beneficios razonables. Se transitó así de la estatización a la socialización del capital bancario.
Hoy, a la disyuntiva entre mantener el estatus vigente del petróleo o privatizarlo debe agregarse una solución que haga compatibles la propiedad estatal del petróleo y la inversión social en los recursos petrolíferos. Una especie de sociedad nacional de hidrocarburos, regida por el derecho público, que emitiera certificados de aportación patrimonial a los que pudieran acceder los trabajadores y los ahorradores, con limitaciones que protejan el interés de la nación, no contravendría el marco constitucional y en cambio haría partícipe de las utilidades a un amplio sector social del país. El símbolo también se preservaría, porque el petróleo seguiría siendo de la nación; no habría el riesgo de su apropiación por extranjeros y el Estado continuaría dirigiendo la empresa en exclusiva.
El modelo de la banca resistió con éxito las pruebas de su constitucionalidad. Luego la Constitución fue reformada; la banca volvió a manos privadas e incluso pasó al control extranjero. Esta última decisión ha resultado contraproducente y un día habrá que corregirla; pero la acción tomada en 1983 demuestra que es posible encontrar soluciones cuando se las sabe buscar.