Con la finalidad de que los ciudadanos estén mejor informados sobre los intereses, la declaración patrimonial y de impuestos de los candidatos a diputado federal en este proceso electoral, se impulsa la iniciativa 3 de 3, que pretende convocar a los aspirantes a realizar sus declaraciones correspondientes.
Con ello se promueve el voto razonado de la ciudadanía para la próxima jornada electoral del 7 de junio. Es un primer paso en la lucha contra la corrupción.
En Coparmex estamos convencidos de que la transparencia es uno de los pilares de nuestra democracia; una pieza indispensable de la rendición de cuentas y de la lucha contra la corrupción.
Por ello nos estamos sumando a la iniciativa ciudadana #3de3, en favor de una mayor información para los ciudadanos en el proceso electoral del próximo junio, con la que los legisladores en funciones y los candidatos a cargos de elección popular harían públicas sus declaraciones de intereses, patrimoniales y de impuestos.
Junto con Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad y otras organizaciones sociales, queremos asegurarnos de que los ciudadanos tengan toda la información que necesitan para votar de manera responsable y razonada en el proceso electoral del 7 de junio, en el cual se elegirán nueve gobernadores; mil nueve alcaldes y mil141 diputados federales y locales, de mayoría y plurinominales.
Con la iniciativa #3de3 queremos impulsar una nueva cultura de transparencia y una serie de cambios en la legislación, que vuelva obligatoria la presentación de las declaraciones. Para que en 2018, cuando se renueve la Presidencia de la República, todo el Congreso y buena parte de los poderes locales, todos los candidatos pongan en manos del elector y de la opinión pública información sobre su patrimonio, su compromiso fiscal y las áreas de potencial conflicto de intereses.
Esta iniciativa cobra especial relevancia cuando se observa que nuestros legisladores están dejando de cumplir sus compromisos para avanzar en temas relativos a la transparencia y rendición de cuentas.
La transparencia implica que todas las instituciones que manejan recursos públicos pongan a disposición de la sociedad información oportuna y suficiente, para que los ciudadanos podamos evaluar si los funcionarios realmente utilizan con eficacia los recursos que les provee la hacienda pública. Es un primer paso en la lucha contra la corrupción, que debe complementarse con una constante vigilancia y contraloría ciudadana y de la misma autoridad anticorrupción. Si la información está a la vista de todos, será más difícil que los corruptos queden impunes.
El acceso a la información gubernamental es también de gran utilidad para los ciudadanos, como usuarios finales de bienes y servicios, porque les sirve para la toma de decisiones en su vida diaria. Mediante el uso del derecho a la información un padre de familia puede conocer cuáles son las mejores escuelas para inscribir a sus hijos, o qué acciones de mejora de alumbrado público se han tomado en su colonia, o algo tan básico como los horarios de servicio de las unidades recolectoras de basura.
Desde la sociedad, demandamos que se consolide y se perfeccione la cultura de la transparencia y rendición de cuentas.
Por ello, en el debate legislativo, resulta inaceptable que pueda quedar abierta la posibilidad de acotar o restringir el derecho a la información, como se pretende con las modificaciones propuestas al proyecto de la Ley en la materia que ya había sido consensuado anteriormente con las organizaciones de la sociedad civil y los grupos parlamentarios.
Ya los comisionados del IFAI hicieron notar una serie de irreductibles con los que coincidimos varias organizaciones ciudadanas. En primer término, deben ser obligatorias y públicas las declaraciones de intereses, patrimonial y de impuestos de todos los servidores públicos.
Además, de ninguna manera puede quedar al arbitrio de los sujetos obligados los conceptos y causales de reserva de información por razones de seguridad nacional y por estabilidad financiera, económica y monetaria.
Si, como se propone, se eliminara la llamada prueba del daño (por la que cada autoridad haría un análisis del impacto negativo de revelar información), puede correrse el riesgo de que todas las dependencias clasifiquen toda su información, lo que no abona a la transparencia y rendición de cuentas.
Demandamos a los señores legisladores una revisión a conciencia la iniciativa y de ninguna manera aprobarla o rechazarla por consigna. Tiene que ser el legislador el que precise claramente las causales, cerrando todo espacio de discrecionalidad a los sujetos obligados.
Me despido, convocándolos a que desde cada uno de ustedes en nuestros Centro Empresariales, todos y cada uno de nosotros estemos atentos a la discusión legislativa, para que no permitamos un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas.
