Senado aprueba multas hasta de un millón si te prohíben acceso a playas

Senado aprueba multas de hasta un millón de pesos en caso de no permitir el libre acceso a las playas de México

Senado aprueba multas hasta de un millón si te prohíben acceso a playas. El Senado de la República avaló, en lo general y particular, cambios a la Ley General de Bienes Nacionales para que el acceso y tránsito en las playas de México sea libre. El proyecto de decreto se avaló por unanimidad de 107 votos a favor y se remitió al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; Federalismo y Desarrollo Municipal y de Estudios Legislativos, establece que se multará con 3 mil a 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente (260 mil 640 a un millón 42 mil 560 pesos) a los propietarios de terrenos colindantes y a los titulares de concesiones, permisos u autorizaciones que por cualquier medio o acto impidan el acceso a las zonas marítimas.

«Las playas mexicanas son constitucional y legalmente públicas, por lo que deben existir caminos de acceso para que todos puedan disfrutarlas. Existen denuncias de ciudadanos que han visto restringido su derecho al goce y disfrute de las zonas», señaló la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, de Morena.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el senador del PRI, Manuel Añorve Baños, refirió que el litoral mexicano tiene una extensión de 11 mil 592 kilómetros, lo que lo coloca en el quinto lugar en América y el treceavo a nivel mundial; consideró que el disfrute público de las playas constituye “un patrimonio invaluable al cual todas las personas deben tener acceso libre y sin restricciones”.

De Acción Nacional, la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, señaló que este dictamen propone condiciones jurídicas para poner freno al “trato injusto” que impide el uso y goce de las playas mexicanas; de igual manera, le otorga a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el papel de mediadora para resolver los conflictos derivados del libre acceso a las zonas marítimas, en los casos donde no existan vías públicas o accesos.

Para la senadora del PT, Alejandra del Carmen León Gastélum, la industria hotelera y los condominios hostigan regularmente a las personas que llegan a las playas sin ser sus clientes, por lo que es “fundamental acabar con este abuso y flagrante fraude a la Constitución”.

Al menos 800 concesionarios deberán garantizar el libre acceso a playas de Cancún, los hoteleros deberán permitir el paso o serán multados y podrían perder la concesión.

Con la aprobación  tan sólo en Cancún 800 concesiones del lado del mar y la laguna, de acuerdo a la Zona Federal Marítima Terrestre (Zofemat), deberán garantizar este derecho a la población. En Quintana Roo, pero sobre todo en Cancún y la Riviera Maya, las denuncias ciudadanas contra concesionarios y hoteleros que restringían el acceso a las playas era un conflicto añejo que derivó incluso en denuncias.

Las quejas se generan principalmente cuando las personas intentan cruzar de la vía pública a la playa a través de los hoteles, ante la falta de accesos públicos cercanos, lo cual hasta hoy no lo permiten los hoteleros. Es el caso del Hotel Ziva, en Punta Cancún, que enfrenta múltiples denuncias ciudadanas por no permitir el paso hacia el faro que se ubica  a unos metros del hotel, en la zona federal costera.

Para lograr acceder a este punto, las personas tienen que hacerlo por un acceso ubicado a 400 metros y caminar por la costa, sorteando el oleaje, las barreras artificiales de otros hoteles y la zona de arrecifes. Al final, después de 40 minutos de caminar y evitar obstáculos, uno llega al faro, lo que cruzando por el hotel tomaría cinco minutos. Lo peor es que cerca del centro de hospedaje sí había un acceso, pero fue cerrado por una marina.

Y es que conforme avanza la construcción de más hoteles, los accesos públicos se van reduciendo, al ser concesionados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Cancún cuenta con 22 kilómetros de arenales, donde, de acuerdo a la Zofemat, hay 12 playas públicas, 7 abiertas totalmente al público y 5 con acceso concesionado por la Semarnat.

Las playas que cuentan con acceso público son la de El Niño, Chac Mool, Las Perlas, Coral, Delfines, Marlín y Ballenas; mientras que Gaviota Azul, Tortugas, Nizuc, Langosta y Caracol están concesionadas, aunque tienen un acceso o corredor para entrar a los arenales.

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Otra de las quejas ciudadanas más comunes es que al acceder a las playas, los hoteles no permiten que personas que no sean huéspedes las disfruten y los guardias de seguridad hostigan a quienes pretenden quedarse en el sitio. Incluso algunos centros de hospedaje, sobre todo en la Riviera Maya, colocan barreras sobre la playa y guardias de seguridad, en un intento de hacerlas “privadas” para sus clientes.

En el tramo de 130 kilómetros entre Cancún y Tulum, en la Riviera Maya, se ha ido perdiendo el libre acceso hacia las playas de Xpu-Ha, Akumal, Maroma, Xcalacoco, Cobá y Chemuyil, argumentó el senador José Luis Pech en la Cámara alta. Los hoteles están construidos sobre una zona privativa, es decir, todas sus instalaciones como edificios, albercas y jardines son propiedad privada, explicó Vagner Elbiorn Vega, director municipal de Zofemat. Sin embargo, reconoció que deben permitir el libre tránsito de las personas para que puedan cruzar hacia la zona de playas, las cuales son propiedad de la nación.

Con la reforma aprobada el acceso a las playas marítimas y la Zofemat contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado, salvo en los casos que se establezcan en el reglamento. Además, en el caso de que no existan accesos desde la vía pública, los propietarios de terrenos colindantes deberán permitir el libre tránsito a la Zofemat y playas a través de los accesos que para tal efecto convengan con la Semarnat, señala el dictamen.

Asimismo, se sancionará con multa de entre tres mil y hasta 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente a los propietarios o los titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino en la Zofemat que por cualquier medio o acto impidan, inhiban, restrinjan, obstaculicen o condicionen el acceso a las playas, y en caso de reincidencia, se revocará la concesión, autorización o permiso, advierte la reforma.

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