La iniciativa de reforma a telecomunicaciones y radiodifusión es la verdadera reforma política que México ha esperado por largo tiempo. No desconozco las asignaturas pendientes en participación ciudadana y reforma electoral, pero el sujetar al conjunto de medios de comunicación electrónica a una legislación más clara, moderna y pro-competitiva, y recuperar la rectoría del Estado en la administración del espectro radioeléctrico, está emparejando la principal arena donde acontece la disputa por el poder: el espacio mediático.
Más allá del porqué lo hacen unos y otros, o de porqué ahora sí se pudo y antes no, la iniciativa firmada por el Presidente de la República, en el marco del Pacto por México, es buena porque sienta bases para una transformación de fondo, asegurando mayor competencia entre los actuales concesionarios y futuros entrantes; hace de la convergencia no sólo la posibilidad tecnológica de brindar más servicios, sino de que haya más jugadores. Por sus propios méritos la iniciativa vale y es un gran paso hacia el primer acuerdo político de las últimas cuatro décadas en una materia que por no resolverla con decisión, no sólo debilitó al Estado, sino que envenenó las relaciones entre la clase política, por la vía del chantaje, la censura, el soborno, la mezquindad o la conveniencia personal.
Desde la promulgación de la reforma constitucional de 1976 que incorporó al artículo sexto la obligación para el Estado de garantizar el derecho a la información, no se había logrado desarrollar las distintas vertientes que abarca este derecho; nos quedamos por un tiempo con el acceso a la información pública. Por ello debemos reconocer la iniciativa y reconocernos en ella. No podríamos dejar de hacerlo quienes desde hace ya más de dos décadas hemos venido luchando desde el Legislativo y la sociedad civil organizada para concretar una legislación que asegure los derechos de libertad de expresión, libertad de información, y derecho a la información, así como su ejercicio responsable en la operación de los medios.
Están ahí muchas de nuestras ideas, propuestas e iniciativas; ello nos obliga a defenderlas y buscar ensancharlas en el texto constitucional y en la ley reglamentaria. No sólo para lograr la competencia económica, sino la diversidad de medios, la pluralidad de contenidos, los derechos de las audiencias.
Tenemos el deber de un balance objetivo que nos permita impulsar lo que está ante nuestros ojos, sin que ello nos haga renunciar al resto de nuestra demandas de reforma integral. La iniciativa tiene grandes triunfos, pero también algunas derrotas de los negociadores. Cuando la discusión de la iniciativa de telecomunicaciones se aisló del resto de las reformas enlistadas en el pacto, perdieron fuerza propuestas de mayor calado. Tampoco detecto algo regresivo o vergonzante; hay insuficiencias, algunas contradicciones y errores que deben corregirse en cualquiera de las dos cámaras. Se habla por ejemplo de un órgano constitucional con plena autonomía, lo cual no será tal, mientras no se elimine la opinión previa del Presidente de la República en el otorgamiento de concesiones, así sea ésta no vinculante.
Si bien la iniciativa toca los intereses de los dos agentes dominantes en telecomunicaciones —uno en telefonía y otro en televisión—, hay una ausencia de simetría o equilibrio de las medidas desconcentradoras, pues Televisa resultó más intocada que Telmex; porque aunque Slim tiene mucho más dinero que Azcárraga, aún no tiene el cañón de la televisión con el que se amenaza a los políticos, —a veces más exitosa la medida—, que comprarlos. A Televisa se le cuidó.
De ello también da cuenta lo que considero una de las derrotas de la negociación: el must offer; tema que nunca pudo enderezarse, pues la maniobra para salvarle sus intereses a la televisora viene desde la madrugada del 2 de diciembre del año pasado, cuando miembros del consejo rector del pacto modificaron de última hora la redacción de la propuesta original que convenía gratuita en cualquier circunstancia, esta figura esencial de la competencia. Al abrir una cláusula de excepción a la regla de gratuidad en la retransmisión de señales abiertas en sistemas restringidos, así sea para el agente preponderante, termina liquidándose el principio esencial de que los canales de televisión radiodifundida son abiertos a todo público y por ese hecho gratuitos; además de que cualquier cobro a los operadores le será derivado a los suscriptores. Por ello habrá que seguir dando la lucha en este, y en otros temas en los que los negociadores doblaron las manos y en otros donde se requiere de más precisión. Por cierto, es falso como se afirmó en la presentación de la iniciativa, que ésta incluya “los derechos de las audiencias”, ni como concepto general quedó.
A pesar de lo anterior, entendible en la lógica que puede dominar una negociación entre tres partidos, puedo afirmar que la reforma constituiría un avance muy importante de aprobarse. Recoge los principales ejes de lo que históricamente hemos planteado como base para expedir una sola ley reglamentaria que regule de manera convergente el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, a partir de considerar a éstos como “servicios públicos”, lo cual traza inequívocamente una ruta para el legislador, pues no es lo mismo legislar sobre una “actividad de interés público”, que sobre un “servicio público”.
Algunos legisladores antes de conocer los contenidos de la iniciativa se han lanzado en su contra; ponen de pretexto la soberanía del Congreso y una supuesta suplantación de la función legislativa. Es absurdo invocar ese argumento, pues se trata de la elaboración de una iniciativa, y el Presidente está facultado para presentar las que considere convenientes; el Congreso puede y debe darle la dimensión que quiera, tal como lo hizo con la reforma educativa. En el fondo de ese planteamiento se anida la resistencia de los intereses afectados, cuyos personeros se disfrazan de senadores o de diputados.
Por ello no faltará quien en las cámaras quiera detenerla o reducirla; esas presiones han estado durante la discusión misma en el mecanismo negociador del Pacto, y bajo sus correas de transmisión tanto en una parte del PAN como en el PRI-gobierno, las televisoras han logrado de entrada achicarle propuestas, mermarle efectos inmediatos. Lo que se antojaría constatar de quienes invocan la soberanía congresional son planteamientos que eleven la reforma hacia las mejores prácticas internacionales, que traten de mejorarla, robustecerla. Que la valentía se despliegue en favor de los ciudadanos, no de las televisoras. Y ahí sí, pago por ver.
No hay duda: el valor de la iniciativa es el consenso político que logra de entrada en temas trascendentales del derecho a la información. El reto monumental es la ley secundaria, pues varios temas que de manera ambigua se tratan en los artículos transitorios, deben ser definidos y especificados en ésta. Quienes estamos a favor de esta causa en el Congreso mexicano tendremos dos tareas: atajar los intentos por derribarla y luchar por darle un contenido mayor. Además esa ha sido siempre nuestra batalla.
Telecomunicaciones: Iniciativa ‘HABEMUS’
