Exrectores de universidades estatales públicas del país han sido investigados en los últimos años por irregularidades, desfalcos, tráfico de influencias, malversación de recursos y hasta por lavado de dinero.
La reciente detención de José Ignacio Peña González, exrector de la Universidad Autónoma de Nayarit(UAN), acusado de los delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos y tráfico de influencias, pone en evidencia lo ya reconocido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador: la corrupción en las universidades públicas, en las que aún hay cacicazgos, es un tema que aún continúa y seguirá pendiente.
“Ese es un pendiente que tenemos, todavía hay cacicazgos en las universidades públicas, pero le tenemos que dejar algo a los que vienen, todo no se puede”, señaló el mandatario nacional en su conferencia matutina el pasado 28 de diciembre.
Por lo menos en seis universidades de los estados, las autoridades indagan irregularidades cometidas en los últimos años.
Se trata de José Ignacio Peña González, exrector de la Universidad de Nayarit, detenido el pasado 26 de enero; de Alfonso Esparza Ortiz, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) por presunto manejo irregular de recursos públicos mientras duró su gestión; de Eduardo Martínez Helmes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), así como Gerardo Sosa Castelán y Humberto Veras Godoy, exrectores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), investigados por lavado de dinero.
A ello se suman casos de otros funcionarios de universidades que también han sido señalados por irregularidades, como Víctor Hugo Guerra, primo del exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, quien junto a cuatro funcionarios más, fueron señalados de presuntos desvíos y actos de corrupción en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).
Además, la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), una de las instituciones educativas acusadas de participar en la Estafa Maestra, ha presentado irregularidades por más de mil 125 millones de pesos durante la administración del actual rector Rubén Solís Ríos, quien asumió el cargo en 2018 bajo la promesa que su dirección estaba comprometida en transparentar todos los recursos.
La autonomía en las universidades públicas ha sido utilizada como un escudo para la corrupción dentro de las universidades públicas, según explicó el propio Presidente López Obrador en diciembre pasado:
“Ha habido corrupción en las universidades públicas, han utilizado como escudo lo de la autonomía. […]Entonces, les llega el presupuesto y empiezan a construir, parecen ingenieros, arquitectos, empresas inmobiliarias, porque ahí está la corrupción, el moche, entonces construyen, construyen y construyen, y lo esencial, que es pagarles bien a los maestros, que tengan cada vez más alumnos, eso no lo atienden”, señaló.
No es la primera vez que el Jefe del Ejecutivo ha reprochado las irregularidades y la opacidad con la que se manejan las universidades públicas. El 19 de noviembre pasado, López Obrador destacó que hay algunas universidades, “ya echadas a perder”, pues aseguró que siguen los cacicazgos y la corrupción.
“Entonces, se les entrega el presupuesto y como son, y deben seguir siendo universidades autónomas, los rectores y los caciques que manejan esas universidades utilizan mal el presupuesto; por ejemplo, lo utilizan para hacer construcciones, porque ahí va el soborno, ahí va el moche […]Y en vez de pagarle bien a los maestros, en vez de que se amplíe la oportunidad para que tengan más estudiantes, no crece la matrícula y utilizan el dinero para hacer obras, donde hacen su agosto”, dijo.
EXRECTORES DE LA UNIVERSIDAD DE NAYARIT
El exrector de la Universidad de Nayarit, José Ignacio Peña González, (2016-2022) fue detenido en Tepic el pasado 26 de enero ya que es investigado por actos de corrupción, sin embargo, no es el único exfuncionario de esa casa de estudios al que se le ha girado una orden de aprehensión.
Su antecesor, Juan López Salazar, rector de 2010 a 2016, se encuentra prófugo de la justicia, ya que es acusado, junto con su colaborador y aparente operador financiero, Milton Romero González, de peculado, ejercicio indebido de funciones y enriquecimiento ilícito por un monto superior a los 500 millones de pesos.
En el caso de Peña González, es acusado de los delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos y tráfico de influencias, “cometidos en agravio de la Universidad Autónoma de Nayarit y de la Sociedad”, detalló la Fiscalía General de Justicia de Nayarit en un comunicado de prensa.
La captura del exrector se derivó, según han documentado diversos medios locales, a raíz de la investigación del presunto “aviador” Irving Omar “N”, procesado por el delito de abandono de funciones, en donde habría cobrado al menos 2 millones 393 mil pesos sin trabajar.
De acuerdo con el medio local, RelatosNayarit, Irving le planteó en octubre de 2020 al entonces rector José Ignacio su renuncia como docente, pero habría pedido que en su lugar se quedara su esposa.
En cuanto a los delitos de probable peculado, ejercicio indebido de funciones, serían por diversas transferencias que sumaron 542 mil pesos y que en el 2019 la casa de estudios remitió a la Fundación UAN, presidida entonces por Ángel Alain Aldrete Lamas, según reportó el medio local Meridiano.mx, quien dio cobertura a las audiencias realizadas esta semana en contra del exrector, quien ya fue vinculado a proceso y se le determinó como medida cautelar prisión preventiva en lo que dura la investigación, para la cual, el Juez fijó un plazo de tres meses.
El exrector ya era investigado desde octubre pasado cuando se ventiló en medio locales que había incurrido en trafico de influencias y venta de plazas en la Universidad de Nayarit. En ese entonces el actual Gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, se refirió sobre el tema, al asegurar que el exrector habría engañado a muchos, incluso a él mismo.
“Yo mantuve una buena relación con el maestro Ignacio Peña, pero me vio la cara de tonto, es lo que veo, y aquí tengo que ser muy claro, me vio la cara de tonto porque él me dijo otras cuentas, él me dijo no deudas y otro tipo de situaciones muy ajenas a las que estamos planteando”, señaló el mandatario en una conferencia de prensa el 19 de octubre.
El Gobernador detalló que cuando inició su administración, en diciembre del 2021, Jorge Ignacio Peña González aún estaba al frente de la Rectoría de la UAN y le reportó que todo marchaba con normalidad.
“Él me dio otras cuentas, él me dijo no deudas y otro tipo de situaciones muy ajenas a las que estamos planteando”, indicó.
Y añadió: “Debemos llamarle las cosas por su nombre, yo asumo la responsabilidad, pero yo no soy mayo, y tengo límites y esos límites si yo los agoto, meto en una crisis a todo el Estado y yo lo tengo que evitar”.
No obstante, la investigación en contra del exrector podría abarcar a más funcionarios. El subfiscal general de Nayarit, Rodrigo Benítez, dijo que también están investigando a personal administrativo, líderes sindicales, e incluso, presidentes de la Federación de Estudiantes en aquel estado.
Indicó que hasta el momento no hay otra orden de aprensión, sin embargo, no se descarta que pudieran girarse otras más puesto que el asunto continúa su curso.
OTROS EXRECTORES INVESTIGADOS
Alfonso Esparza Ortiz, exrector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se suma a la lista de autoridades académicas investigadas por corrupción y malos manejos. En agosto pasado, el finado Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, confirmó que había una investigación abierta en la Fiscalía del Estado por mal manejo de recursos públicos.
“Lo que hizo la Fiscalía fue investigar a personas como el exrector Esparza, a él y a su desempeño, al manejo de recursos públicos por él; nosotros no investigamos a la BUAP, en lo absoluto investigamos a la BUAP”, dijo en agosto el entonces mandatario estatal.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación detectó en la cuenta pública de 2021 irregularidades en el ejercicio de la BUAP. De acuerdo con el ente auditor, la Casa de Estudios hizo erogaciones en el rubro de “Servicios Personales” para 48 personas, las cuales, están fallecidas, durante el ejercicio fiscal 2021 de la BUAP, su último año frente a la máxima casa de estudios. Además, la ASF reveló que se hicieron pagos por 739 mil 200 pesos a 10 empleados, quienes fueron identificados como fallecidos en los registros de la Secretaría de Salud.
En octubre de 2022, el entonces Gobernador Miguel Barbosa insistió en el tema y señaló que Esparza Ortiz ya era considerado prófugo de la justicia.
“Los procedimientos en contra de Esparza están vigentes, con mandamientos judiciales en contra de él y de otras personas. El señor (Alfonso Esparza) está sustraído de la acción de la justicia”, dijo Barbosa ante medios de comunicación.
Eduardo Martínez Helmes, exrector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca entre los años 2012 a 2016, fue procesado penalmente a inicios de 2022 por el delito equiparado a la defraudación fiscal agravado en comisión por omisión, en agravio de la Hacienda Pública Estatal por un monto superior a los 51 millones de pesos.
Aunque el exrector fue detenido en diciembre de 2021 y vinculado a proceso en enero de 2022, un Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, le modificó la medida cautelar de prisión preventiva a arraigo domiciliario con la modalidad de vigilancia policiaca.
La Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca explicó que el delito se originó debido a que la UABJO no pagó el impuesto sobre la remuneración al trabajo, específicamente en el año 2015 y dos bimestres del 2016 contemplado en la Ley de Hacienda, la cantidad que se dejó de pagar asciende a 51 millones 719 mil 506 pesos, según reportó el periódico La Jornada.
EXRECTORES DE HIDALGO Y LAVADO DE DINERO
Gerardo Sosa Castelán, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo inició su trayectoria como líder estudiantil y pasó a controlar esa institución académica durante más de 30 años, aprovechando su posición para obtener diputaciones locales y federales, y presuntamente desviar millones de pesos de dinero de la universidad.
El 31 de agosto de 2020, fue detenido por los delitos de peculado, lavado de dinero y defraudación fiscal y llevado a la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano, en donde estuvo preso hasta el 4 de febrero de 2022, fecha en las que cambió la medida cautelar a prisión domiciliaria, ya que la defensa argumentó un agravado estado de salud.
Señalado de ser el líder del grupo “Sosa Nostra” y podría enfrentar hasta 55 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, como ha pedido la Fiscalía General de la República (FGR).
La Unidad de Inteligencia Financiera , entonces liderada por Santiago Nieto, fue quien presentó esta denuncia luego de realizar una investigación en 2019.
Sosa Castelán, quien también fungió como presidente del Patronato Universitario de la UAEH, fue señalado por desviar 58 millones 245 mil 948 pesos, entre los años 2011 al 2018. De acuerdo con la a Unidad de Inteligencia Financiera, el exrector habría utilizado empresas fachada para drenar las arcas de la universidad pública, y congeló cuentas bancarias de la institución.
En mayo de ese año y ante la Cámara de Diputados, el entonces titular del Patronato Universitario negó las acusaciones y justificó los movimientos bancarios de 151 millones de dólares; aseguró que los recursos habían sido invertidos en fondos y seguros rentables en bancos nacionales e internacionales, como Credit Suisse, a fin de crecer dinero en materia de jubilaciones, apoyar programas académicos y de investigación, entre otros.
No obstante, la Auditoría Superior de la Federación reveló en su informe de 2019 que había identificado “pago excedente en sueldos, prestaciones o estímulos a los autorizados o que no son financiables con el programa por 762.2 mdp, en las universidades de Baja California Sur, Carmen Campeche, Ciudad Juárez Chihuahua, Durango, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas”.
Sosa Vera no es el único exrector de la UAEH investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por presunto lavado de dinero. En junio de 2020, la UIF también bloqueó al menos 18 cuentas bancarias de Humberto Veras Godoy, actual Consejero Nacional de Morena, por un presunto requerimiento de la división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Services, IRS, por sus siglas en inglés) del gobierno de los Estados Unidos, quien investigaría también Veras Godoy de lavado de dinero.
El exrector se ha defendido por medio de amparos ante el Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Hidalgo, en el que acusa uso indebido de facultades de la UIF.
EL PRIMO DE CABEZA DE VACA
Víctor Hugo Guerra, primo del exgbernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fue denunciado en julio de 2021 ante la Fiscalía General de la República por su probable responsabilidad en los delitos de malversación de recursos públicos, corrupción y lavado de dinero.
Hugo Guerra, quien se desempeñó como secretario de Administración de la Universidad de Tamaulipas, fue acusado por la UIF junto con cuatro personas morales relacionadas con dichos delitos.
En ese entonces, Santiago Nieto, quien aún era titular de la UIF, anunció que presentaría la denuncia ante la FGR, en concreto ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FECC), instancia que debió dar seguimiento a la acusación, sin embargo, hasta el momento, no ha informado que ocurrió con la indagatoria.
Una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera muestra que Enerxiza Wind, una empresa fachada a nombre del presunto prestanombres del exgobernador de Tamaulipas, Baltazar Reséndez, coparticipó para instalar el parque eólico con Acciona, la ibérica sancionada por corrupción en América Latina y en España, que incluye un caso con su entonces socia Odebrecht, señalada en una docena de países por sobornos y fraudes.
Enerxiza Wind tramitó en 2012 con la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) –donde trabaja en la Secretaría de Administración el primo del Gobernador, Hugo Guerra, también denunciado por la UIF– la instalación de una torre de 50 metros para hacer estudios eólicos y determinar la factibilidad de la instalación del parque eólico en un ejido que ahora pertenece a la familia Cabeza de Vaca.
Sugeyry Romina Gándara
Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.
