Por: Sergio Aguayo Quezada
La evidencia confirma la intuición: más armas provocan más muertes, secuestros y robos. Es absurda la indiferencia.
En 2004 terminó en Estados Unidos la prohibición de vender rifles de asalto y con la liberación de la oferta se multiplicaron los homicidios (y otros delitos) por armas de fuego en México. Esta es una de las conclusiones de dos trabajos académicos aparecidos en agosto y septiembre de 2013 que he ido confirmando con más evidencias.
Veamos el porcentaje de crímenes cometidos con armas de fuego: según cifras de la Encuesta Nacional de Victimización (ICESI) en 2002 eran 44% del total y en 2010 ya eran 68%.
En Estados Unidos han desmantelado los controles que alguna vez frenaron la adquisición de armas de asalto como el AK-47 o Cuerno de Chivo. El mérito se lo lleva la Asociación Nacional del Rifle (NRA) que es, para el Washington Post, la “organización de cabilderos más poderosa” (12 de enero de 2013).
Con un discurso muy elemental pero efectivo se han aprovechado de las creencias y temores de su sociedad para facilitar la compra y portación de armas de todo tipo. Su respaldo a candidatos al Congreso ha conformado una influyente “riflebancada” que trasciende colores partidistas y que tiene maniatado a Barack Obama y su gobierno.
La facilidad para adquirir armas fue vital en el empoderamiento del crimen organizado mexicano. Felipe Calderón identificó con perspicacia el problema y cada vez que podía lanzaba enérgicas peroratas a los vecinos y hasta se paró en el lado mexicano de la línea fronteriza de Ciudad Juárez, debajo de un gigantesco espectacular que decía No More Weapons, para pronunciar una emotiva denuncia contra el flujo letal.
La enjundia retórica del ex Presidente no se respaldó con hechos; fue tan inocua como una de esas Colt .45 que vendían (quizá todavía vendan) los artesanos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. El momento cumbre de esa política hecha con plastilina fue cuando dio marcha atrás -sin explicar las causas- en una demanda jurídica que dos bufetes jurídicos (uno de Texas y otro de Florida) preparaban contra los responsables del trasiego de armas.
Las acciones de los gobiernos jamás han estado a la altura del problema. Eso podría cambiar en Estados Unidos. El 9 de abril, 82 congresistas escribieron a Obama pidiéndole que use su poder para prohibir la “importación de armas de fuego tipo militar” con el propósito de “mejorar la seguridad pública en los Estados Unidos y reducir la violencia relacionada con las drogas en México”.
Tras esta iniciativa está el trabajo de organizaciones defensoras de derechos humanos como la Washington Office on Latin America.
La Asociación Nacional del Rifle reparte unos 20 millones de dólares en cada elección federal para apoyar a quienes aspiran a engrosar la “riflebancada” legislativa. El 15 de abril el ex alcalde de Nueva York, el multimillonario Michael Bloomberg, anunció que para las elecciones del próximo noviembre pondrá 50 millones de su dinero para apoyar a candidatos a legisladores dispuestos a poner diques al desordenado trasiego de armas.
Sorprende el poco interés que han despertado en México estos hechos y el tema de las armas. El gobierno de Peña Nieto ha bajado los decibeles al beligerante discurso que traía Calderón y también se redujo la atención (algo evidente en el uso del eTrace, mecanismo por el cual las autoridades mexicanas solicitan información a Estados Unidos sobre armas confiscadas).
La pasividad es absurda, porque quienes saben de guerras señalan la importancia de cortar las fuentes de abastecimiento bélico del enemigo.
Calderón acertó al poner el problema de la oferta de armas como una prioridad; es una lástima que se pandeara a la hora de la verdad. El Ejecutivo y Legislativo mexicanos deberían llenar de contenido el planteamiento calderonista empezando por reconocer su importancia y aprovechándose de lo que se está haciendo en Estados Unidos. Los académicos ya están demostrando el nexo entre armas y violencia.
Corresponde al Estado mexicano reducir la carnicería causada por el caudal de armas. La indiferencia es inadmisible y suicida.
Los artículos mencionados son: Arindrajit Dube, Oeindrila Dube y Omar García Ponce, “Cross-Border Spillover: U.S. Gun Laws and Violence in Mexico”, “American Political Science Review”, vol. 107, núm. 3, agosto de 2013 y David Pérez Esparza y Eugenio Weigend Vargas, “Más armas, más delitos, más homicidios”, Nexos, septiembre de 2013. *Colaboraron Marcela Valdivia Correa y Paulina Arriaga Carrasco.
