SOCIEDAD. La realidad global del mundo actual, cuya dinámica además de vertiginosa es en extremo competida, ofrece a los hombres y mujeres de hoy, una serie de retos que implican sacar lo mejor de cada uno y apuntalar las fortalezas colectivas, para aspirar así, a un desarrollo sustentable en todos los órdenes de la actividad humana.
En tal virtud, mantener los niveles de competitividad productiva y calidad de los mercados y servicios, procurar la excelencia en la formación profesional de las generaciones futuras y sostener una base laboral capacitada y motivada, demandan de claridad de objetivos, metas concretas y medibles, y sin duda, un marco jurídico que sea el fundamento de políticas públicas que promuevan y estimulen las iniciativas empresariales, faciliten y garanticen la inversión productiva, y conviertan la riqueza generada en mejores niveles de bienestar.
En este contexto, el poder público que emana de la soberanía ciudadana mediante el sufragio electoral, tiene la enorme responsabilidad de velar por los derechos inalienables que la constitución otorga a los individuos, y preservar el estado de derecho y las instituciones, a fin de garantizar la sana convivencia social.
En las atribuciones del poder ejecutivo, municipal y estatal, y en las relativas al poder legislativo descansa la conducción del desarrollo integral que incluye el crecimiento económico y el bienestar social, a través de políticas públicas que están enmarcadas en los planes de desarrollo, y en lo correspondiente a la legislatura la emisión de un marco jurídico vigente a las condiciones y necesidades de la entidad, que sustente a la toma de decisiones públicas como verdaderas políticas de estado.
Al propio tiempo, la democracia, columna vertebral del quehacer político de una sociedad, se constituye en la garante de que el poder público surja de la voluntad popular y sea cabal interprete y operador del mandato ciudadano.
En esta tesitura, el resultado de cualquier proceso electoral, ya sea local, estatal o federal, debe estar centrado en la conformación de un aparato gubernamental que justamente responda con profesionalismo en el servicio público, con sensibilidad política y social a las demandas de los diferentes sectores, y asuma una conducta ética y transparente fuera de toda duda.
En el caso de Quintana Roo, los tiempos políticos ofrecen la oportunidad adicional de realizar un ejercicio de reflexión para dimensionar lo que ha sido el mayor orgullo durante muchos años: la inigualable calidad de vida que posee. Calidad de vida, que únicamente puede ser tal, cuando el tejido social tiene armonía espiritual, tranquilidad emocional, y sus cimientos éticos y morales son la norma de conducta.
Cuando la convivencia social tiene la madurez para conciliar diferencias, cuando disentir no es más que la búsqueda respetuosa y tolerante para ser mejores, y el quehacer político no tiene más objetivo e interés que el desarrollo sustentable y sostenible para todos, ejercido desde una óptica de cultura gubernamental institucional y legitimidad ante la colectividad. Cuando las actividades productivas generan riqueza y el crecimiento económico se orienta a potenciar el desarrollo sustentable.
Esta perspectiva, de abonar en la conceptualización de la calidad de vida de los quintanarroenses, pretende enunciar que ésta debe ser un tema central en la agenda política, toda vez que la renovación de la autoridad mediante el sufragio de la voluntad ciudadana, no es más que el ejercicio democrático que busca conciliar diferencias y sumar alianzas en la consecución de un proyecto común.
A la vista de estas consideraciones, el razonamiento obligado se orienta a identificar en qué consisten y cuáles son las aspiraciones que la sociedad quintanarroense espera del resultado del proceso electoral del próximo julio. En tal virtud, es menester, por un lado, avanzar en las formas de la cultura política.
Dejar atrás las discusiones estériles que descalifican al candidato oponente, las prácticas tradicionales de golpes bajos, y el agotado discurso de campaña en el que se ofertan propuestas y promesas que luego en la práctica, no se cumplen.
En contraparte, los actores políticos deben orientar sus esfuerzos y fortalezas hacia el diseño de una estructura gubernamental y legislativa que erradique los vicios de la burocracia tradicional, que asuma su papel de facilitador y gestor del potencial de los sectores de la sociedad, y que establezca modelos eficientes de participación ciudadana para el diseño y definición de políticas públicas, para el análisis y concreción en la toma de decisiones, y para la evaluación y seguimiento de los planes, programas y proyectos institucionales.
Sin duda, una de las mayores aspiraciones que tienen los quintanarroenses radica en revertir la inercia paralizadora aún imperante en lo político, lo económico y lo social, tanto en aquello que tiene su origen en lo interno, como en lo relativo al impacto de lo externo, de tal manera que toda la geografía estatal y todas las actividades sectoriales alcancen un repunte significativo.
Dicho de otra manera, la sociedad quiere saber cómo se le va a hacer, qué papel le toca a cada actor, cuáles son los resultados y productos esperados, en qué tiempo, cómo se evaluarán los avances, qué cambios sustanciales en el quehacer público se van a establecer, cuáles serán los mecanismos eficientes para la participación de la sociedad.
Todo ello, para minimizar, por un lado, el impacto que los conflictos y contradicciones externos están causando al interior de la entidad, y por otro lado, para establecer las estrategias que permitan avanzar con la mayor rapidez posible en la resolución de los retrasos, en la gestión y establecimiento de nuevas oportunidades, en la articulación de alianzas sectoriales, y en la concreción de programas y proyectos detonadores, viables y realistas.
El reto es mayor para todos, pero especialmente para el sector institucional que aspira con legitimidad, a conducir los esfuerzos de una sociedad quintanarroense que responde, que participa, que escucha y actúa, y que también está cansada de promesas no cumplidas, de sólo buenas intenciones, de explicaciones no convincentes, de justificaciones, y particularmente de la indiferencia de algunas autoridades que no asumen a cabalidad la confianza y la responsabilidad que les fue otorgada por el voto ciudadano.
El horizonte promisorio al que la sociedad aspira no se puede alcanzar si se siguen haciendo las mismas cosas de la misma manera. Bajo este modelo, no se pueden esperar resultados diferentes. Los tiempos actuales demandan gobernantes, servidores públicos y legisladores con una gran visión transformadora, con probada capacidad ejecutiva, con amplio conocimiento del sector institucional, con una fundamental disposición para escuchar, una apertura e imaginación para convocar a la participación ciudadana, y sin duda, una conducta basada en valores éticos y sociales.
Los buenos gobiernos, son el resultado de anteponer las aspiraciones de la sociedad, en razón de que autoridad y sociedad son partes inseparables del tejido social, y actuar en consecuencia con las mejores capacidades técnicas y humanas. Es plausible avanzar en mejores formas de cultura política, los quintanarroenses tenemos todo para hacerlo.
