No seamos impunes a la “impunidad”. La impunidad y delincuencia han creado en México un ambiente de impotencia social que puede producir una sed de venganza o de justicia por propia mano. Solo combatiendo la impunidad se tendrá la posibilidad de construir una nación en donde la salvaguarda de la dignidad, la igualdad, la tolerancia y la justicia sean valores que rijan el desarrollo y el bienestar colectivo.
Los gobiernos modernos, son aquellos en los cuales los servidores públicos conocen y respetan los derechos humanos y tienen claro que la función pública es un servicio que debe estar siempre enfocado a las necesidades de la sociedad. Para avanzar debemos desterrar de esquemas de comportamiento que reproducen la corrupción, la impunidad, la informalidad y los acuerdos al margen de la Ley.
Han sido muchos los casos de impunidad, que son públicos, por citar algunos ejemplos: a) La exoneración del hermano incómodo del ex presidente Carlos Salinas; b) Caso de la guardería ABC que ocasionó la muerte de 29 niños; c) La Construcción del edificio del Senado de la República que excedió $2,078 millones de su presupuesto original; c) La construcción de la torre “Estela de Luz” ubicado en Avenida Reforma de la Cd. de México, que excedió $635 millones respecto a su presupuesto y construido por una empresa filial de Pemex; d) El puente Baluarte de la carretera Mazatlán-Durango, que según cifras oficiales excedió 60% de su presupuesto; entre otros casos, sin olvidar claro, el reciente de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, que a la fecha siguen desaparecidos y que según informes del procurador del estado ya han 22 policías consignados por delito de homicidio.
No es suficiente que el Gobierno de Enrique Peña Nieto haya detenido a Elba Esther Gordillo para que los ciudadanos nos convenzamos de que el sistema político de nuestro País está comprometido con un cambio real en la forma de proceder contra los funcionarios que han convertido la función pública en un botín y en una fuente de enriquecimiento personal. Tampoco es suficiente que el ex Gobernador Andrés Granier enfrente cargos por desvío de recursos en Tabasco, el Estado que mal gobernó y lo convirtió de la noche a la mañana en un hombre rico a pesar de la pobreza que prevalece en su entorno.
No es suficiente que la prensa informe sobre los gastos millonarios del ex Gobernador Humberto Moreira durante su “exilio académico” en Barcelona y que siga recordándonos las irregularidades, opacidad e ilegalidad con que se manejó el escandaloso endeudamiento público de Coahuila durante su Administración.
No seamos impunes a la “impunidad”. No es suficiente porque en el pasado hemos sido testigos de situaciones similares y nuestro sistema político sigue siendo una incubadora de personajes que ansían ocupar un cargo, el que sea, no porque estén comprometidos con el servicio público y el bien común, sino porque saben que tendrán la oportunidad de enriquecerse en el corto plazo en un entorno de impunidad.
En enero de 1989 el Gobierno de Carlos Salinas detuvo y encarceló a Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, líder del poderoso Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. ¿Qué cambió? Cambió la cabeza sindical y en su lugar llegó otro líder que con el tiempo acumuló gran poder e incluso más riquezas que “La Quina”.
El corporativismo sindical, la opacidad en el manejo de los recursos de la paraestatal, el clientelismo electoral siguen allí, sin cambio alguno.
También en el sexenio de Salinas se retiró a Carlos Jonguitud Barrios como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se fue “El Maestro” y llegó “La Maestra”, Elba Esther Gordillo, y todo siguió igual, o peor, pues la calidad de la educación básica nacional se fue en picada y su impacto en el desarrollo del País dejó mucho que desear.
Bajo el Gobierno del Presidente Miguel de la Madrid cayó Arturo “El Negro” Durazo, el polémico titular de la Dirección de Policía y Tránsito del D. F. bajo la Administración de José López Portillo. Se le acusó, entre otros, de abuso de autoridad y de acopio de armas, nunca de desvío de recursos o de enriquecimiento ilícito, quizá porque fue en ese sexenio cuando el enriquecimiento ilícito pasó a ser un delito, dejando de ser susceptible de una sanción administrativa, para ser penado con encarcelamiento.
A pesar de la campaña de “renovación moral” del sexenio del ex-Presidente De la Madrid, la detención y posterior encarcelamiento del “Negro”, no generó cambio alguno en la forma en que funcionan los cuerpos policiacos y de seguridad que, como en el resto del País, continúan operando bajo la sospecha de la corrupción y la impunidad. Si ves una patrulla a altas horas de la noche o en despoblado, mejor rezas…
También durante el Gobierno de la “Renovación Moral” de De la Madrid se detuvo y condenó a Jorge Díaz Serrano, ex director de PEMEX, por fraude contra la empresa. Los problemas en el manejo de los recursos de la paraestatal no cambiaron por este hecho.
Qué bueno que el Gobierno de Peña Nieto ha emprendido y/o apoya causas judiciales contra figuras como Elba Esther o Granier. Antes poderosos e intocables, hoy son los eslabones ¿débiles? de una cadena de corrupción e intereses con profundas raíces en la cultura política mexicana y las “instituciones” del Estado. El SNTE es uno de los más fuertes bastiones electorales del PRI, al igual que la CTM, la CROC, el sindicato de PEMEX y la CNC… ¿Cuantas concesiones de todos tipos tienen sus dirigentes? Basta ver la reciente película biográfica de Cantinflas para recordar y tratar de entender lo profundo, público “secreto” y grave de esta corrupción de “dirigentes”.
Una vez más nos formulamos la pregunta de si el Gobierno recurrirá al sacrificio expiatorio de ambos personajes como un recurso temporal para aplacar el repudio de la sociedad ante la impunidad que corroe al sistema y nuestra clase política, o si el Presidente y su partido están verdaderamente comprometidos con una cruzada que permita sentar las bases del cambio estructural que requiere con urgencia la vida política nacional, sin importar los intereses que afecte ni quién tenga que caer. ¿Hablaremos de gobernanza o de legitimación?
El asunto es harto complejo y comprometedor, porque durante décadas la corrupción y la impunidad han sido la levadura que permitió al sistema consolidarse, alimentando una casta política que se ha apropiado en toda forma y medida de las instituciones del Estado.
No seamos impunes a la “impunidad”. El Presidente Peña Nieto tiene la palabra en esta retadora encrucijada y claro está, debemos evitar opiniones que consideren ese comportamiento de impunidad y corrupción como algo cotidiano y normal de nuestra sociedad.
Varios organismos mundiales han emitido recomendaciones al gobierno mexicano para abatir la impunidad en los que se incluyen: 1) Eliminación del delito de difamación; 2) agotamiento de líneas de investigación; 3) Fortalecer de recursos y capacitación a periodistas y; 4) Emisión de la normatividad en materia de publicidad oficial de acuerdo a estándares internacionales.
Hoy en México, se ha comprobado que el poder y la corrupción se conservan gracias a la impunidad. Para que estas sean abatidas, la sociedad deberá fungir como un eje, el corazón mismo del derecho, y con ello, conjuntar fuerzas para derrocar la anuencia infame que atañe, y en ocasiones opaca, al órgano colectivo más importante y motor del país: la justicia…
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