El comercio informal no cede terreno en el país y tampoco ya en el municipio. Cada vez se convierte en un mayor dolor de cabeza para unos y en ganancias para otros pues por una parte, los empresarios establecidos y los gobiernos de ciudades como la de México, Guadalajara y Monterrey reportan un fuerte crecimiento en el número de personas que lo integran, mientras que en Cancún, a conveniencia de las autoridades, muchas cifras se esconden.
Datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) ubican en casi dos millones el número de informales en todo el país, entre puestos fijos y semifijos. El organismo estima que la evasión fiscal por parte de este sector se acerca a los 90 mil millones de pesos, que representa 60% de lo que el gobierno federal debería captar si tuviéramos una adecuada reforma fiscal.
¿Qué impacto real tiene el negocio del ambulantaje para los comerciantes formales y porqué la autoridad no erradica la informalidad? En el caso de Benito Juárez, ni más ni menos se presume que hay aproximadamente un millón mensual de por medio o lo que es lo mismo la ‘mordida institucional’ razón más que suficiente para comprender porqué, a pesar de las múltiples denuncias de agrupaciones como la Canaco sobre la competencia desleal que representa el comercio informal y la repercusión económica a las finanzas de buena parte de micro y pequeñas empresas propiedad de cancunenses, poco o nada hacen las autoridades municipales por erradicarlo, vamos, de hecho, a estas alturas no es un secreto para nadie que la propia autoridad otorga las autorizaciones provisionales o definitivas, para grandes o chicos, según el pato la pedrada; por supuesto tampoco, es un secreto que quien debe vigilar y controlar parece participar en el juego del mundo al revés: alienta, solapa y fomenta la actividad.
¿Falta de una política adecuada para controlar el comercio ambulante? Sí, aunque a muchos no convenga pues así se allegan ‘recursos extras’. En Cancún, se estima que hay más 3,500 vendedores ambulantes, de los cuales, la mitad son ‘tianguistas’. La gran diferencia con otros municipios del país es que, cuando sí se quieren tomar acciones contundentes, se trabaja en el andamiaje legal, por ejemplo, tipificar como delito grave sin derecho a fianza la ocupación de calles y banquetas en la ciudad. ¿Qué hace la autoridad en Benito Juárez? El municipio entrega permisos a los ambulantes, éstos pagan según su giro. Si las cifras de la Unión de Tianguistas y Vendedores Ambulantes de Quintana Roo son reales, cada integrante paga al menos $300 mensuales a su sindicato con lo cual la Comuna recibiría más de un millón mensual ¿razón suficiente para fomentar el comercio informal aún cuando ello impacte negativamente al sector establecido y aún cuando muchos consumidores sean afectados? ¿Qué soluciones hay? Se requieren acciones concretas, no promesas.
Yvette Hesse
Dirección General
