No es difícil asegurar que el patrimonio cultural está cada vez más amenazado por destrucción o enajenación, no sólo por las causas tradicionales de deterioro, sino también por la evolución de la vida social, el modelo de desarrollo económico y la interpretación que de las leyes puedan hacerse.
El patrimonio es uno de los conceptos básicos del derecho civil, pero de esa acepción no nos ocuparemos. Tampoco nos interesa ubicarlo como sinónimo de estimación pecuniaria. El patrimonio que nos interesa es el cultural. Sin embargo, su campo es tan abarcativo que podría resultar confuso para el lego. Vamos precisando.
El patrimonio cultural considera lo mismo a los monumentos, conjuntos de construcciones y sitios con valor histórico, estético, arqueológico, científico, que lo etnológico y lo antropológico. Es decir, por igual entran como patrimonio una casa chetumaleña de madera, el sitio arqueológico de Dzibanché, las ruinosas edificaciones de Tihosuco, que el tikinxic de los isleños, los murales de Elio, la armonía que sale del violín de don Vicente Ek, la contigüidad y secuencia semántica de los hablantes de Tuzik, la plegaria al Yum kax, el ixim arrojado a la tierra hendida por la coa o las figuras bordadas de las mujeres de Xpichil.
Ante tal gama, los especialistas han dividido el concepto en patrimonio cultural tangible y patrimonio cultural intangible. Algo así como un Kaomycin ante tanta laxitud. Ese patrimonio, cuando es entendido y asumido, se transforma en un vínculo importante entre los pueblos y su historia. Pegamento duro se vuelve cuando el patrimonio encarna el valor simbólico de identidades culturales y es la clave para entendernos a nosotros mismos y a los otros pueblos. Lamentable sería, por lo tanto, que al patrimonio cultural lo viéramos como algo superfluo o asunto anodino. Sin él, nuestras particularidades, nuestros rasgos, serían inexistentes y todo tendría la forma y el sabor de una BigMac. No es un asunto menor, evidentemente.
Cuando dejamos de ser el “buen salvaje”, cuando dejamos nuestro estado natural y pasamos a un estado civil, asumimos leyes, instituciones y moralidad en común acuerdo: realizamos un contrato social, como le llama Rousseau. Esas leyes que hoy nos rigen nos las dimos nosotros mismos, son derivadas de nuestra voluntad pública; y esas instituciones que deben aplicar y vigilar las leyes son depositarias de nuestra confianza, para eso están.
Constituimos un Estado, leyes e instituciones para que representen nuestros intereses. Tenemos, entonces, el andamiaje para reconocer y proteger el patrimonio cultural que es de todos nosotros. A nivel mundial existen Convenciones y Conferencias que definen y protegen el patrimonio de los pueblos.
En nuestro país tenemos a instituciones que tienen como propósito el velar por nuestro patrimonio cultural: el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (que aunque no tiene explícito en sus normatividad esa facultad, es supuestamente un facilitador o coordinador de ella), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes. A nivel local, tenemos al Instituto Quintanarroense de la Cultura.
Estado de salud de nuestro patrimonio cultural
Desglosado lo anterior, demos una rápida revisada al estado de salud de nuestro patrimonio cultural tangible, acá, en Quintana Roo. No es difícil asegurar que el patrimonio está cada vez más amenazado por destrucción o enajenación, no sólo por las causas tradicionales de deterioro, sino también por la evolución de la vida social, el modelo de desarrollo económico y la interpretación que de las leyes puedan hacerse.
Quintana Roo y su patrimonio cultural tangible se encuentra bajo tremenda presión. De manera imperceptible, silenciosa, los sitios y zonas arqueológicas ubicados en la costa o en los circuitos de los tours sufren de las apetencias de los grandes inversionistas. Algunos lo han intentado de manera directa, otros se quedan en la periferia; pero ahí están, ya llegaron.
Por ejemplo, fue poco conocido, fue un fuerte rumor, pero apenas hace unos años el Presidente de CEMEX, intentó apropiarse de la zona arqueológica de Tulum. Quería hacer del segundo sitio arqueológico más visitado del país un verdadero negocio. En ese entonces, la Dirección General del INAH se opuso, logró frenar la intentona. Pero ahora no sabemos si existen las suficientes defensas para detener futuras ofensivas. Habría que estar atentos: Tulum es la joya de la corona y es patrimonio cultural de todos nosotros. Pero no descuidemos El Rey, El Meco, Coba, Oxtankah o Chacchoben.
El crecimiento poblacional en Quintana Roo es acelerado, ya se sabe. En el norte se registran los índices más altos de inmigración de todo el hemisferio sur. Grandes son también los retos de los gobernantes para dotar de servicios a las oleadas de nuevos pobladores y para ello planeación prospectiva deben estar haciendo. Nuevamente hay que tomar para este caso el ejemplo del Programa de Desarrollo Urbano de Tulum que está considerado para una población de 400 mil habitantes para el año 2025: aeropuerto, tren rápido, amplias zonas habitacionales y comerciales…, etc.
Obligadamente surgen la preguntas: ¿y la zona arqueológica cómo queda en todo este nuevo esquema?, ¿ya acordaron las autoridades locales y el INAH las densidades de construcción en los límites de la poligonal del área de monumentos?, ¿dónde quedarán las áreas de conservación?, ¿de qué manera se define el sentido de sustentabilidad? No es ocioso hacer estas preguntas, pues se corre el riesgo de que en unos años tengamos junto a la taquilla de la zona arqueológica casas habitación de 10 X 10 o un parque temático adosado a la muralla.
A lo anterior sume los efectos de los fenómenos naturales que impactan cada año nuestras costas. Al parecer Wilma no afectó nuestros sitios arqueológicos. Los daños son por unos dos millones de pesos, incluyendo bodegas y techumbres, unidades de servicio en El Rey y El Meco, así como senderos, instalaciones y cableado en Tulum.
Sobre arqueología hay pocos daños, los más en El Meco, donde se desplomaron dos columnas y algunos sillares como resultado de la caída de muchísimos árboles. Esta vez nos fue bien. ¿Será que un huracán cause menos daño que una interpretación de la ley o una posible mala planeación?
En Quintana Roo, específicamente entre la selva de corozos, de ramonales, de manglar y como fondo la filigrana de piedra de los vetustos edificios mayas -como les dice el buen Javier Gómez-, se libra una fragorosa batalla de donde no sale humo ni ruido, pero que muchos estragos puede haber.
Da la impresión que en esta lucha la ciencia arqueológica y el patrimonio se pueden quedar solos ante un desarrollo que poco le interesa que esos bienes sean patrimonio cultural del país, de todos nosotros. Por el momento el dictamen para la aprobación de la Ley de Fomento y Difusión Cultural no pasó en el la Cámara de Diputados. Sin embargo, pongamos atención cómo se podría relacionar la figura de “empresa cultural” y el patrimonio. ¿O será que nos quieren obligar a revisar el contrato social?
