En México se ha impulsado desde hace décadas un modelo de desarrollo extractivista, basado en la explotación intensiva de recursos naturales, la degradación del medio ambiente, el incremento de los conflictos socioambientales y la violación de derechos humanos.
Uno de sus rostros más visible son los llamados “megaproyectos” diseminados por todo el país, especialmente en territorios de pueblos indígenas y campesinos. Esta lógica de desarrollo se profundizó durante este sexenio con la aprobación de la Reforma Energética y su paquete de normas secundarias que otorgan prioridad a estas actividades y privilegian los intereses económicos de las empresas.
Frente a esta realidad, ¿cuál será la estrategia del proyecto político encabezado por López Obrador?, ¿pondrá límites al avance de este modelo?, ¿se comprometerá en serio con los derechos de las comunidades y la protección al medio ambiente o continuará con la ruta del desarrollismo sin frenesí que hemos padecido, aunado al incremento de conflictos sociales y la criminalización de defensores y defensoras del territorio?
La alentadora apuesta al modelo de energías renovables entra en fuerte tensión con la explotación acelerada e inmediata que se ha planteado de gas y petróleo.
Si bien puede ser prematuro anticipar respuestas, podríamos esbozar algunas pinceladas de la estrategia de desarrollo que pretende detonarse.
Entre las metas propuestas por Morena se encuentra el combate a la pobreza, las desigualdades y la construcción de un Estado que no se someta a las élites económicas. Para avanzar en esta dirección su “Proyecto de Nación”(P18), en el eje de “Economía y Desarrollo” aboga por el incremento las actividades extractivas y el impulso de este tipo de proyectos y también de energías renovables. En esta línea, el pasado 27 de julio durante el anuncio de su gabinete energético AMLO informó que las prioridades serían extraer petróleo y gas con urgencia; reconfigurar y rehabilitar las seis refinerías existentes; construir una nueva, y producir más energía eléctrica.
Uno de los principales objetivos de su proyecto es la revisión de la Reforma Energética, donde se anticipa una menor contratación de empresas extranjeras y en consecuencia una posible reducción en la intervención de actores privados en los territorios. No obstante, ello no implica renunciar a estas actividades, centrales en la estrategia económica del futuro gobierno, sino que seguirán intensificándose solo que desde PEMEX y CFE.
También es de esperarse que la derrama económica genere una mayor redistribución para programas sociales que combatan la pobreza y desigualdad que reinan en el país. No es lo mismo que la gran tajada del pastel se la lleven las empresas, a que el dinero sea invertido en derechos sociales básicos como salud, educación, vivienda, y programas para los sectores más excluidos.
A pesar de ello, un proyecto político que aspira a una transformación de gran calado no debe conformarse con recuperar el control del desarrollo y redistribuir mejor la riqueza nacional, debe también dar un debate serio sobre los impactos ambientales y sociales del modelo extractivista y plantear su superación gradual por otras alternativas.
La aprobación del próximo Plan Nacional de Desarrollo puede ser una buena oportunidad, pero no la única para una problemática que es urgente y permanente.
Muy cerca están las experiencias de gobiernos progresistas en Bolivia, Ecuador y Brasil, que impulsaron megaproyectos del alto impacto como la carretera a través del Tipnis, la explotación del Yasuní y la represa Belo Monte, con graves consecuencias ambientales y la violación a derechos de comunidades indígenas, que fueron denunciadas ante instancias internacionales.
Uno de los cinco mandatos del Proyecto de Nación es el de “Desarrollo Sostenible y Buen Vivir”, que plantea que el modelo “pasa obligadamente por el respeto a los pueblos indígenas y por el pleno reconocimiento de sus usos y costumbre, su autonomía, sus territorios y los recursos naturales en ellos ubicados”.
Más allá del postulado, habrá que constatar cómo se hará efectivo en un panorama altamente conflictivo, provocado por la presencia de megaproyectos en territorios indígenas y ante la intención de implementar entre 25 y 30 proyectos de gran escala, según el propio P18. Entre ellos destaca el corredor “Trans-ístmico”, en el Istmo de Tehuantepec, región donde el rechazo comunitario a los parques eólicos y a la minería a cielo abierto es manifiesto.
De continuar el impulso extractivista por el gobierno entrante no tardará en activarse la resistencia de pueblos y comunidades indígenas, campesinas, de movimientos y organizaciones ambientalista y de defensa del territorio.
Por otro lado, la alentadora apuesta al modelo de energías renovables entra en fuerte tensión con la explotación acelerada e inmediata que se ha planteado de gas y petróleo y la rehabilitación de las refinerías, centrales termoeléctricas e hidroeléctricas. Al tiempo que debe cuidar no replicar un modelo de renovables, cuyos efectos no han sido muy distintos al esquema extractivista tradicional en cuanto a su lógica de imposición en las comunidades.
De continuar el impulso extractivista por el gobierno entrante no tardará en activarse la resistencia de pueblos y comunidades indígenas, campesinas, de movimientos y organizaciones ambientalista y de defensa del territorio. Esperemos que en esta agenda, más allá de lo que ya está proyectado, se abran canales de discusión pública con estos actores y la ciudadanía para dar una discusión abierta y crítica sobre el modelo de “desarrollo”.
La aprobación del próximo Plan Nacional de Desarrollo puede ser una buena oportunidad, pero no la única para una problemática que es urgente y permanente. El escenario es muy complejo y también las presiones del capital nacional e internacional tocan la puerta del futuro presidente para intentar preservar el modelo económico que impera. Por ahora y en lo que llega la toma posesión, es de celebrar la reciente declaración de López Obrador de no emplear el método de la fracturación hidráulica (fracking)para la extracción de hidrocarburos. Sin duda una muy buena señal para quienes aspiramos a cuidar y construir otras formas de desarrollo en México.
Por Edmundo del Pozo
